Economía

Sánchez y la engañosa irrelevancia populista

25 Nov, 2014 - - @egocrata

El artículo 135 de la constitución es a la vez uno de los más irrelevantes de la ley fundamental y uno de los que recibe una atención más obsesiva. Inicialmente un precepto legal casi puramente técnico (dando al estado capacidad de endeudarse, y prohibiendo renegociar la deuda) fue extendido para incluir tres conceptos en apariencia importantes. Primero, el Estado y las comunidades autónomas están obligados a que su déficit estructural no supere los límites establecidos por la Unión Europea. Segundo, el pago de la deuda tendrá prioridad dentro del gasto público. Tercero, las administración se someterán al techo de deuda pública establecido por la Unión Europea.

Estos tres  puntos suenan como ominosos límites a la capacidad fiscal del estado, pero en realidad no cambian gran cosa. El estado y las autonomías, antes de la reforma del 135, ya tenían un límite duro sobre el déficit derivado de los tratados europeos. Estos tratados tienen rango básicamente constitucional; añadir límites del déficit a nuestra ley fundamental refuerza el mensaje, pero no la obligación legal. La versión pre-reforma prohibía renegociar la deuda, algo que no es demasiado distinto a darle prioridad. El techo de la deuda es también ley europea, así que añadirlo aquí tampoco añade nada nuevo.

El punto realmente importante de la reforma es el favorito de cualquier político que la lea, el apartado cinco. Esta sección se abre con las palabras «una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo«, o en lenguaje coloquial «quien mande será quien decidirá el nivel de la deuda, gasto y endeudamiento, y lo hará más o menos con la misma mayoría que necesita para aprobar presupuestos». Es decir, la capacidad de maniobra de cualquier gobernante pre-reforma o post-reforma será casi idéntica, ya que será su propia mayoría parlamentaria que decida cuánto puede endeudarse si en Europa están de humor, y decidirá Bruselas el resto del tiempo. Exactamente como hasta ahora.

¿Cuál es, entonces, el valor de esta reforma? Cives tiene un artículo fantástico precisamente sobre este punto, justo de cuando se aprobó la reforma. Vale la pena leerlo, pero la idea es muy simple: lo que hace el estado es «atarse al mástil» prometiendo de forma agravada que no cancelará pagos si las cosas van mal. El problema de cualquier promesa hecha por un estado soberano es, sin embargo, el hecho que por su propia naturaleza pueden cambiar el trato sin depender de nadie en absoluto. Un gobierno siempre puede romper su promesa de devolver préstamos sencillamente cambiando la ley; lo único que hace esta reforma es que o bien sea necesario un procedimiento legal agravado para hacerlo, o bien que el gobierno decida saltarse sus propias normas a la torera porque no quiera o no pueda pagar. Recordemos que la versión antigua del texto ya contenía una prohibición de cambiar los términos de la deuda; incluso tras la reforma  un artículo como el 135 (que, por cierto, no es en absoluto inusual en otras constituciones) tiene un efecto como mucho marginal en la credibilidad de un gobierno para poder endeudarse, pero no va mucho más allá de eso.

Tenemos entonces una reforma constitucional chapucera y no demasiado importante, aprobada de mala manera por un gobierno socialista que iba camino de perder las elecciones. La izquierda española, en una de sus habituales cruzadas de indignarse con lo secundario mientras ignoran el problema principal, decide tomarla con el artículo. Por mucho que el contenido de la reforma sea modesto, atizar al gobierno Zapatero nunca viene de más antes de las elecciones, por mucho que sea un cambio relativamente menor. Zapatero pierde las elecciones, el PP empieza a gobernar, todo el mundo se olvida del artículo… todo el mundo menos Izquierda Unida, que sigue obsesionada con el tema, y Pedro Sánchez, que decide que la mejor forma de parecer más de izquierdas es apoyar a IU en una de sus quijotadas simbólicas.

Esto sería casi igual de tonto que la polémica sobre el artículo en cuestión, pero el problema es que aunque el contenido del 135 es poco importante, los principios detrás de ese artículo no lo son en absoluto. Es algo que a estas alturas debería ser una obviedad: el primer objetivo de cualquier gobernante de izquierdas habría ser, por encima de todo, la estabilidad presupuestaria. La única forma de pagar por los servicios y prestaciones del estado de bienestar es asegurarse que hay dinero para hacerlo, y asegurarse que los recursos necesarios para ello no dependan de la buena voluntad de los prestamistas. La obsesión de cualquier presidente de izquierdas, por tanto, debe ser trabajar para que el estado siempre tenga acceso a esa capacidad de gasto. Esto quiere decir equilibrar presupuestos siempre que sea posible, y hacer todo lo posible para no perder acceso a los mercados financieros cuando por un motivo u otro se gasta más de lo que se recauda. Un impago de la deuda, no importa como esta haya sido contraída, equivale a perder toda capacidad de endeudamiento, presente o futura. A corto plazo, esto quiere decir recortes y sufrimiento por el mero hecho que no hay dinero para pagarlo, y a largo perder la capacidad de invertir hoy en necesidades futuras (en cosas como infraestructura, por ejemplo, que a veces tiene sentido pagar con deuda) o de poder recurrir a los mercados en la próxima recesión.

El problema, como Cives explicó en una serie de artículos también (aquí, aquí y aquí) es que hay una inconsistencia fundamental en la necesidad de cumplir con la estabilidad presupuestaria a largo plazo y las tentaciones partidistas a corto. Un gobernante siempre preferirá gastar dinero ahora y que sean sus sucesores quien paguen por ello; sus incentivos a corto plazo le llevan a gastar y endeudarse más de lo que sería socialmente óptimo. Es por este motivo que cualquier país medio serio necesita instituciones que impongan ciertos límites formales e informales sobre los políticos para que estos no sacrifiquen la salud fiscal a corto plazo en proyectos inútiles o medidas sociales insostenibles. Es por este motivo también que cosas como el artículo 135 tienen su razón de ser: están ahí para proteger a los votantes futuros  de los desmanes de los políticos presentes, no para proteger a prestamistas de la voluntad popular. Si queremos un estado de bienestar fuerte, sólido y viable lo que queremos es tener unas instituciones con reglas claras que obliguen a los políticos a no gastar más de lo que tienen.

Cuando Pedro Sánchez se dedica a criticar el 135, lo que que está criticando es esta clase de reglas. En vez de hablar sobre responsabilidad, cordura, proteger el gasto público de la irresponsabilidad de los políticos y poner normas que blinden el estado del bienestar ante gobernantes irresponsable, Sánchez se pone a hablar con la misma retórica absurda de la izquierda que cree que los mercados odian la sanidad pública. Como hemos dicho una y mil veces, a los mercados les importa un comino el nivel de gasto público o impuestos de un país, siempre que este pueda devolver las deudas. Los socialistas pueden optar por el populismo o la modernización si quieren recuperar el terreno perdido. Hasta el 2011, siempre habían preferido lo segundo a lo primero, ofreciendo una agenda de izquierdas responsable. Declaraciones como las de ayer me hacen pensar que quieren dejar de serlo.

Una nota final: cuando hablo de gobierno responsable, fijaros que estoy hablando de un gobierno que protege a los votantes y los servicios públicos que estos reciben a base de obligar a los políticos a hacer cosas impopulares, como recaudar impuestos para poder pagarlos. El 135 no es para proteger a los mercados; si el estado de bienestar depende de que el sistema financiero nos siga prestando dinero, algo hemos hecho mal.