Política

Podemos, jubilaciones y prioridades de gasto

1 Dic, 2014 - - @egocrata

Vaya por delante, el programa económico de Podemos presentado la semana pasada tiene varias ideas decentes. Esto es en parte porque uno no puede estar equivocado absolutamente en todo, en parte porque cuando alguien mira a Suecia y Dinamarca como fuentes de inspiración algo bueno va a tener que copiar tarde o temprano. Pablo Iglesias y los suyos parecen haber adoptado algunas propuestas que harían mucho bien a la sociedad y economía española a largo plazo (guarderías para todos, mejor redistribución de la renta), dejando de lado algunas de las piezas clave que realmente distinguen el modelo escandinavo (economías muy abiertas y poco reguladas, mercados laborales muy flexibles, autodisciplina fiscal draconiana), y sin renunciar a algunas ideas populistas que darían un síncope a cualquier ministro sueco (banca pública, renegociar deuda, un mercado laboral delirante). Hablar de un giro al centro es ser muy generoso con este documento; Podemos sigue siendo un partido de izquierda española dura, aunque con una retórica menos beligerante.

Aunque hay mucho que discutir sobre la lista de propuestas, hay dos  que me han sorprendido mucho, ya que son casi abiertamente contradictorias: reducir la edad de jubilación a los 65 años por un lado, y crear un «Defensor de las Generaciones Futuras» (DGF) casi inmediatamente después.

Según el programa, el DGF sería «un organismo independiente que actúe como defensor de las generaciones futuras con capacidad para impedir que las decisiones económicas se adopten sin contemplar sobre el bienestar de la población futura y su efecto sobre la vida futura en nuestro planeta«, algo así como un vigilante de la actividad de los políticos presentes en nombre de los votantes que están por venir. Dejando de lado el carácter abiertamente antidemocrático de este organismo (un burócrata independiente que puede prohibir que el pueblo decida qué hacer con su dinero suena muy tecnocrático) y el lenguaje un tanto cursi, esta propuesta es una idea casi decente. Desde Politkon hemos insistido repetidamente en la necesidad de crear un organismo independiente que vigile la estabilidad fiscal y los presupuestos a largo plazo; la semana pasada precisamente hablaba sobre cómo el artículo 135 de la constitución, tras su reforma, incluye la creación de una agencia parecida, aunque (afortunadamente) sin derecho a veto. Es curioso que Podemos pida derogar el 135 e incluya en su lista de propuestas un DGF con una autoridad aún mayor para tiranizar sobre los presupuestos, pero supongo que no habrán leído su propia letra pequeña.

Lo más curioso de esta propuesta, sin embargo, no es la existencia de una autoridad fiscal independiente, sino el hecho que una de las principales propuestas del programa sea precisamente algo que cualquier DGF medio sensata vetaría de inmediato. Me refiero, claro está, a la edad de jubilación. No me voy a meter con los detalles contables de este sórdido asunto (en NeG han hecho los números mejor que yo aquí, aquí y aquí, más esta serie sobre mitos de la reforma), pero lo cierto es que en España nos enfrentamos con un problema a medio-largo plazo muy sencillo: tenemos una pirámide de población realmente espantosa, estamos perdiendo población y nuestra tasa de natalidad es francamente lastimosa, así que pagar las pensiones será cada vez más complicado.

Fijaros que he dicho complicado, no imposible: la realidad es que España puede pagar las pensiones que ha prometido, y puede hacerlo sin demasiado esfuerzo. El problema, sin embargo, no es la capacidad de pago del estado en este aspecto; el problema es si al estado, tras afrontar estos pagos, le quedará dinero para mucho más. Los presupuestos generales del estado en España son de unos 431.000 millones de euros; dentro de estos las pensiones son la mayor partida, con 131.000. Este año el gasto en pensiones aumentó en 4.000 millones, y se espera que este incremento se acelere según la población vaya envejeciendo. No hace falta ser un genio para darse cuenta que cada euro adicional que prometemos a las generaciones presentes en edad de jubilación es un euro que no gastamos en otros capítulos de gasto ahora mismo, y es un euro además que exigimos que paguen generaciones futuras.

Cuando Podemos promete rebajar la edad de jubilación están haciendo dos cosas: primero, hacen que los presupuestos generales del estado tengan que destinar muchos más recursos a esta partida durante las próximas décadas, complicando mucho la estabilidad presupuestaria a largo plazo. Segundo, y de forma mucho más importante, están reduciendo la capacidad del estado de invertir recursos en otros capítulos de gasto que, probablemente, sean mucho más eficaces redistribuyendo renta, ayudando a los más necesitados y (a buen seguro) defendiendo a las generaciones futuras. Al pensar sobre esta crisis cualquier político de izquierdas debe tener dos gráficas en la cabeza, esta, sobre dualidad laboral, y esta sobre pobreza en España:

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Los grandes perdedores de esta crisis, los que se han comido todos los marrones, han sido los jóvenes; Josep Sala i Cullell hablaba de guerra generacional hace unos días, y lo hacía con toda la razón del mundo.  Los perdedores del estado de bienestar  y grandes afectados en esta crisis en nuestro país no son los jubilados, sino jóvenes y niños. Cualquier intento de priorizar gasto público en España desde la izquierda debería tener como punto de partida la constatación que el sistema público de pensiones está haciendo su trabajo como debe ahora mismo (especialmente después de las reformas recientes, que han hecho que el gasto sea mucho más asumible), mientras que el resto del estado de bienestar parece ser completamente incapaz de proteger a los más débiles.

Los responsables de Podemos responderán, a buen seguro, que su programa político incluye un aumento general de gasto público, y que el dinero adicional a las pensiones no estaría quitando recursos a las hipotéticas guarderías, rentas básicas y servicios sociales que pagarían con nuevos impuestos. Por mucho que esto sea cierto (y es dudoso que uno pueda recaudar mucho más dinero a corto plazo sin cargarse la economía, y no hay margen para endeudarse ahora mismo), el problema no es de volumen de gasto, sino sobre prioridades. Hablar de subir las pensiones, rebajar la edad de jubilación o incluso reducir la jornada laboral implica no priorizar el gasto público en aquellos que realmente se están comiendo el coste de la crisis, ni invertir el dinero de forma agresiva en la educación de votantes futuros que puedan pagar por las pensiones de los presentes, en servicios sociales que ayuden a aminorar el trauma de la pobreza infantil o en programas que puedan fomentar la natalidad. Es un programa que no redistribuye el gasto a quien más lo necesita, ni lo invierte en aquellos capítulos de gasto que harán el presupuesto más sostenible a largo plazo.

Las propuestas de Podemos, decía al principio, son de izquierda española dura. La palabra clave de esa expresión no es «izquierda» o «dura», sino española: el programa amenaza con ser una repetición de los viejos vicios del PSOE e IU de prometer proteger a los que ya están protegidos, mientras se relega a los perdedores a las notas a pie de página de los presupuestos. Podemos ha nacido como el partido que prometía traer a los perdedores de la crisis al centro del debate político. Sus propuestas sobre pensiones y mercado laboral, sin embargo, distan mucho de centrarse en arreglar sus problemas o responder a sus demandas.