Ante el excepcional momento en que nos encontramos, siete editores de Politikon vierten sus distintas visiones de cara al próximo domingo, 1 de octubre, así como a lo que ha pasado hasta ahora, y a lo que vendrá después.
Elena Costas Pérez. A cuatro días del referéndum en Catalunya cualquier diagnostico no puede sino parecer trágico. Da la impresión que nos encontremos ante un juego del tipo del gallina, donde no existe cooperación posible entre la Generalitat y el gobierno de España. A estas alturas, la única alternativa para cada parte consiste en seguir hacia adelante, confiando que el oponente se acobardará en algún momento. Pero, llegados a este punto, ninguno de los participantes tiene incentivos para echar el freno.
Por el camino queda una sociedad, la catalana, dividida en dos, e interpelada a tomar posición en un escenario polarizado hasta su extremo: apoyar el statu quo o avanzar hacia la independencia.
El problema se encuentra en que, por un lado, conseguir esa independencia para tener un estado propio parece tener que hacerse a cualquier precio y es una opción sin mayoría social. Por otro, el statu quo es una opción rechazada por una gran parte de los catalanes desde hace años. Si atendemos tanto a los resultados electorales como a las encuestas, existe una demanda de cambio de una gran mayoría social para obtener un mejor autogobierno, pero enmarcado dentro de la Constitución. Obviar esta demanda de cambio sólo ha hecho que dar alas a la opción independentista, llegando a justificar como legítimamente democrática una injustificable apropiación de las instituciones públicas para situarlas al margen de la ley.
Como en toda situación no cooperativa, no existe espacio para la comunicación, a no ser que así lo definan las reglas del juego. Por lo tanto, el mejor escenario posible a día de hoy es esperar que el 1-O discurra de forma pacífica, evitando el caos político y el conflicto social. A partir de ahí, será necesario volver a definir unas reglas dentro de la legislación actual, donde los jugadores dejen de estar presos de sus propias estrategias. Unas reglas que permitan a la sociedad catalana expresar con garantías, y de forma clara y pactada, su deseo de cambio del nivel de autogobierno, y la dirección del mismo.
Para encontrar una salida cooperativa al problema político catalán hay que romper la lógica que ha dominado hasta la fecha. Este conflicto suele verse como un juego de suma cero: lo que ganan unos lo pierden los otros. Pero debemos recordar que en realidad es peor, estamos ante un juego donde todos pierden. La derrota de un bando no será la ganancia del otro. La pérdida conjunta será mucho mayor que la de cualquier posible beneficio esperado. No sólo para los catalanes, sino para el conjunto de la sociedad española. Y por esa razón no nos queda otro remedio que buscar opciones posibilistas.
Roger Senserrich. El debate político catalán estos últimos años nunca se ha caracterizado por ser demasiado sutil. Estos últimos meses, sin embargo, los políticos de ambos bandos han pasado de la estridencia a la irresponsabilidad.
Hemos pasado de un debates sobre símbolos, financiación, lengua y servicios sociales a una escalada de líneas rojas y posiciones inflexibles sobre el mismo núcleo de las reglas de convivencia. La discusión ha pasado de materias donde las cifras mandan y se puede negociar un término medio a políticos hablando de traidores a la tierra. Los desacuerdos han dejado de ser sobre qué administración está más capacitada para mejorar la vida de los ciudadanos en una materia concreta y cuánto dinero necesitan a apocalípticas proclamas sobre el fin de la democracia.
Cataluña, durante los últimos cuarenta años, ha tenido una constante política clara, con los bloques nacionalistas y no-nacionalistas (o nacionalistas catalanes y unionistas, o rupturistas y unionistas, o qué más da – todo el lenguaje se ha vuelto ya tóxico) sacando cada uno aproximadamente la mitad de los votos. En tiempos pasados, cuando había gente en los dos bandos dispuestos a negociar y aceptar que no eran mayoría, vimos gobiernos formados por coaliciones de partidos de ambos lados.
Hoy, sin embargo, esta clase de acuerdos se antojan imposibles. La creciente competencia interna dentro de los partidos nacionalistas catalanes degeneró en una escalada de reivindicaciones que los abocó al frentismo actual. Lejos de aceptar la persistente estabilidad de la sociedad catalana y seguir apostando por el incrementalismo y el consenso, los secesionistas se han lanzado a instrumentalizar las instituciones para lanzar un programa de máximos, excluyendo activamente a la mitad de catalanes. Esta escalada ha degenerado en una creciente fractura social.
Aunque el gobierno de Mariano Rajoy ha cometido errores de bulto, los partidos independentistas, como máximos impulsores del referéndum, son los que tienen mayor responsabilidad. Las palabras, la retórica, tienen consecuencias. la división social en Cataluña es cada vez más profunda, y el gobierno de la Generalitat, lejos de intentar contener los demonios de la división, ha aumentado el nivel de confrontación, buscando una reacción del gobierno central para justificarse. En vez de intentar limitar el alcance del conflicto, están intentando azuzarlo, sin atenerse a sus posibles efectos.
El riesgo es claro. El conflicto puede enquistarse, haciendo que estas divisiones sociales se fosilicen y la guerra de trincheras se vuelva casi permanente. La división social, en ese caso, no haría más que empeorar. Cataluña está caminando peligrosamente cerca del abismo de la ulsterización, de un conflicto civil ocasionalmente violento, tóxico e intratable. Y lo está haciendo no por motivos de justicia social, democracia o heroicidades retóricas variadas, sino por la tremenda irresponsabilidad de una clase política local que parece haber olvidado que la nación no son sólo ellos.
Otros artículos de Roger Senserrich:
- Un referéndum a ninguna parte
- Mesianismo, secesión y reglas de juego
- Extranjero en mi propio país
- El cantón de Cartagena
- Voluntades democráticas
Berta Barbet. El 1 de octubre es el resultado de 7 años de hacer política pensando en conseguir el proyecto propio, sin tener en cuenta los proyectos alternativos. El resultado de una forma de proceder en la que el diálogo solo es útil si sirve para conseguir la solución deseada, no para negociar soluciones alternativas. Una forma de hacer política que algunas veces da grandes resultados, no nos confundamos: al fin y al cabo, les llamamos líderes políticos por algo. Sin embargo, en espacios muy polarizados, sin grandes mayorías y con preferencias muy incompatibles, esta forma de hacer política nos ha llevado a una situación de bloqueo y tensión que costará años corregir. Independientemente de las bondades de los distintos proyectos defendidos, la búsqueda de su realización nos ha dejado hoy más lejos de encontrar una solución al encaje de Cataluña en España que nunca.
Cataluña es y seguirá siendo una sociedad diversa en la que ni la preferencia por la independencia ni la preferencia por el status quo van a conseguir una mayoría suficientemente amplia como para poder aplicarse sin dialogar con el otro. El conflicto nacional es un conflicto de identidades, y las identidades nacionales en Cataluña siguen siendo diversas. El foco de los distintos líderes en demostrar que tenían razón de defender su proyecto, que seguro la tienen, no sólo ha bloqueado el conflicto, además ha generado unas dinámicas de pensamiento de grupo, y las preferencias de los miembros de fuera del grupo han dejado de contar. El 1 de octubre y la posterior respuesta del gobierno central son solo un paso más en esta deriva en la que, unos y otros solo pretenden tener razón, sin importarles que gane quien gane la batalla, ningún escenario en el que la mitad de la población ha sido ignorada y derrotada puede generar un equilibrio sostenible.
El 1 de octubre es el fracaso del diálogo político, un fracaso surgido de la constatación por parte de muchos catalanes de que “con España no se puede negociar”. Una constatación que sale del famoso fracaso del Estatut, y que el gobierno central se ha encargado de reforzar con sus respuestas negativas y llenas de desprecio que dejaban sin margen a los independentistas. Pero en el contexto social catalán y con el entramado institucional nacional y europeo actual, las soluciones no compartidas y negociadas tienen unos costes altísimos. Las vías unilaterales y la falta de diálogo no solo han generado inestabilidad política, además están rompiendo la sociedad catalana en dos. A veces, el liderazgo político también es entender que no siempre vale con tener razón, a veces también es necesario que los otros te la den.
También de Berta Barbet: Sesgos del pensamiento de grupo y el conflicto catalán, historia de un desencuentro.
Pablo Simón. Con la aprobación de las leyes del referéndum y de desconexión la Generalitat de Catalunya no sólo se puso al margen de la ley, también se erigió en poder constituyente. Ante este hecho, sólo la relación de fuerzas importa. La Generalitat no tiene detrás más de la mitad de la población (muy movilizada) consigo y no tiene apoyos internacionales por lo que difícilmente puede ganar contra el Estado (del cual es parte y no, como el gato de Schrödinger). Insuficiente para la vía unilateral. Sin embargo, este conflicto viene de lejos y continuará por más tiempo.
Tres son las victorias a corto del independentismo. Primero, echar más gasolina a la idea de que Cataluña está oprimida generando la reacción del Estado cuya imagen se deteriora dentro y fuera de Cataluña. Segundo, mover el punto de gravedad de la discusión de la independencia al referéndum, algo que atrapa a parte de la izquierda española pero que además es más vendible. Por último, generar una contra-reacción de emergente nacionalismo español, también en Cataluña, que les permita reforzar el cliché de una España irreformable. Para estos tres fines no han reparado en costes políticos y han usado una engrasada maquinaria de organizaciones sociales e institucionales tejidas durante más de un lustro.
El gobierno de España se ha dejado atrapar en este escenario diseñado por sus rivales y se ha atado al mástil legalista. Ha seguido tres principios en su actuación; ser reactivo, incremental y proporcional. Sin embargo, el resultado es otra cosa. En el incrementalismo ha optado por vías que fuerzan instrumentos (como control de cuentas o coordinación de Mossos) para evitar el coste político de aplicar el 155 – paradojas de la vida, algo que ardorosamente reclaman los independentistas antes del 1-O. En términos de proporcionalidad, el fiscal general se ha excedido con sus cargos contra alcaldes o amenazas a los ciudadanos que participen en mesas.
Pese a esto, es el bloque independentista el que ha generado que sea imposible conjugar dos elementos a la vez; devolver a la Generalitat a la legalidad española y buscar una solución política al tema territorial en España. Hacer lo primero aleja a corto plazo lo segundo. Esta ha sido la apuesta.
¿Cuál es el escenario más probable desde aquí? El que sueña el gobierno de España es unas elecciones y un gobierno en minoría de ERC en guerra fría con el Estado. El que buscan muchos en el independentismo es una DUI, o una cámara paralela con un gobierno inhabilitado y la aplicación del 155. Yo pienso que este último es más probable porque, al fin y al cabo, aún alimenta más su narrativa. El resultado práctico de este escenario será un retroceso en el auto-gobierno de Cataluña sin precedentes y una vía coercitiva sostenida en el tiempo en una Cataluña irredenta. El gobierno de España piensa que sí, que incurrirá en costes ahora, pero que cara al medio plazo podrá funcionar para cuando (si llega) saque la zanahoria.
Como todos descuentan que Cataluña está rota y la cosa no puede ir a peor, ahora lo que quieren es aplastar por su causa. Los que tenemos imaginación, sin embargo, no somos optimistas.
También de Pablo Simón: ¿Es legítima la secesión de Cataluña?
Sílvia Clavería. Existía la preocupación y la crítica que el referéndum del 1-O fuera un 9-N bis. Es decir, una suerte de movilización civil que no tuviera grandes consecuencias políticas. A pesar que la Generalitat se ha implicado como actor principal en el 1-O, éste va por el camino de convertirse más en una movilización que en un referéndum “normal”. La coerción de las fuerzas del estado, la imposibilidad de sumar a todos los actores catalanes y los problemas técnicos van a hacer difícil una potencial participación de todos los ciudadanos catalanes. Ello va a provocar una complicación en la lectura e interpretación de los resultados. Sin embargo, esta misma reacción del estado ha sido el catalizador para implicar muchos sectores del país que raramente participan en este tipo de movilizaciones. También, se han sumado los estibadores, negando asistencia a los barcos de las fuerzas militares atracadas, el movimiento estudiantil, reforzado por el papel que han jugado los rectorados de las distintas universidades catalanas, En Comú-Podem participando en el referéndum del 1-O –aunque aún defiende un referéndum pactado, e incluso sectores laborales pensando en la posibilidad de convocar una huelga general. Hechos que ahondan más aún en la crisis de legitimidades. Sin embargo, no tenemos que olvidar que, aunque el referéndum esté ampliamente legitimado por la población catalana, las preferencias territoriales de la población se encuentran divididas; evidenciando que es importante una negociación con el estado para poder llegar a un entendimiento más óptimo. El grado de movilización al que se llegue el próximo 1-O puede ser clave tanto para poder abrir una posible negociación posterior con el estado, como para saber el peso de Catalunya en esa negociación. Hoy por hoy, el 1-O se asemeja más a una movilización que a un referéndum, sin embargo las implicaciones políticas y civiles ya distan mucho del 9-N.
Luis Abenza. Al menos desde el debate entre Luxemburgo y Lenin sobre la cuestión de las nacionalidades, la izquierda ha tenido una relación complicada con la gestión de las identidades. En ocasiones éstas han servido como mecanismo de movilización y liberación de minorías oprimidas (los negros en USA), en otros han servido para sacar de la agenda los problemas de igualdad y justicia social. ¿En cuál de los dos esquema encaja el caso catalán?
En la lotería social, Cataluña es uno de los mejores lugares para nacer en el mundo. Está entre las tres comunidades autónomas con menos pobreza y más renta neta per capita de toda España, que es de por sí un lugar bastante próspero. Su tasa de paro es un poco más de la mitad que la de Extremadura o Andalucía. Ser catalán, pienso, dificilmente puede verse como una desventaja natural ante la vida, al menos no en comparación con otras regiones de España.
Cataluña es una región históricamente dominada por un grupo concreto: la burguesía catalana. Esto es aparente mirando la composición de clase del espectro político: los partidos nacionalistas, en los que las clases altas están sobrerrepresentadas (tanto electoralmente, como entre las élites, desde Cambó a Junqueras), han gobernado durante casi todo el periodo democrático. Y todos los gobiernos en minoría en España, incluido el actual, se han construido con bajo el poder de veto de un miembro de la burguesía catalana. Pero es también obvio si miramos aspectos más sutiles como el mercado matrimonial, o su cultura. Aunque Telecinco es (o solía ser) la televisión con más audiencia en Cataluña, no la identificamos con Cataluña. Vinculamos la cultura catalana con una serie de símbolos elitistas y burgueses, como Gaudí, la casa Batlló, el Liceu, el Primavera Sound o TV3.
Las reivindicaciones del independentismo son también característicamente burguesas. El sistema electoral se diseñó con un sesgo que limitara la influencia de las masas obreras urbanas. Las grandes reivindicaciones del nacionalismo catalán son temáticas clásicamente burguesas. La idea del ‘expolio fiscal’ de un grupo trabajador y emprendedor es un ejemplo claro. Cuando leemos la hoja de ruta de los economistas independentistas es palpable que piensan en la independencia como una oportunidad para aplicar una agenda de reformas liberalizadoras que no podrían aplicar de otra forma. Dado este patrón de hegemonía política y la historia reciente, parece esperable que un mayor autogobierno redunde en dar más influencia política de la que ya tienen a las clases medias y altas, y a los partidos que las representan.
En algún momento, como dicen, deberemos sentarnos a negociar para salir de esta. Y habrá que hacer concesiones a ambos lados. Pero cuando lo hagamos, será importante mantener en mente que lo que demandan los independentistas es, en última instancia, mecanismos políticos que protejan a los farmaceúticos y abogados de Barcelona de la opresión que ejercerían sobre ellos los parados andaluces y los usuarios de la sanidad extremeña. Esa imagen es la que merece la pena mantener en la mente cuando hablemos de ‘autogobierno’.
Otros artículos de Luis Abenza: ‘The origins of the conflict for Catalan self-government’, parte I & parte II.
Jorge Galindo. Decía el otro día Miguel Aguilar en Letras Libres que es necesario diferenciar entre dos problemas combinados dentro de la «cuestión catalana»: por un lado, la articulación de Catalunya dentro de España. Por otro, el referéndum del domingo que viene. Estoy de acuerdo en que sería útil mantener ambos retos separados, tanto desde un punto de vista analítico como, sobre todo, normativo. Sin embargo, me temo que eso ya no es posible.
Lo que pase el domingo que viene (o más bien de cómo pase), así como de lo que ha sucedido en las últimas semanas, definirá en no poca medida el problema original. Pues éste, en esencia, parte de una crisis de credibilidad y compromiso entre ambas partes. El independentismo catalán se ha ido convenciendo de que ni el PP, ni C’s ni el PSOE (y, para muchos, tampoco Podemos ni su entorno) están en disposición de ofrecer un mayor nivel de autogobierno, no digamos ya un referéndum pactado. Con ello, ha perdido la confianza en el marco que era hasta ahora de referencia para todos: la Constitución de 1978 y los sucesivos desarrollos posteriores, empezando con el primer Estatut d’Autonomia (véase este artículo de Cesc Amat al respecto). Por otro lado, el Gobierno considera que al ser el Govern desleal a dicho marco, tampoco puede ser considerado ahora mismo como una contraparte válida. El 1-O y su preludio no son sino la última cumbre de este proceso de ruptura, que lleva al intento de mantener dos estructuras institucionales y legales enfrentadas. El independentismo emplea la acción estatal como prueba última y perfecta de la imposibilidad de confiar en el otro lado. Y para este otro lado, el intento de realizar un referéndum ilegal a través de un proceso parlamentario de dudosa calidad democrática es el mejor ejemplo posible de su propio argumento.
Así pues, para poder abordar de nuevo el problema superior del encaje territorial, sería necesario reconstruir la confianza y la credibilidad de ambos actores. Pero a sólo 72 horas de alcanzar la cumbre, la dinámica es justo la contraria: deslegitimación cruzada constante, refuerzo de las propias posiciones, y por tanto consolidación de la relación entre lo que pase el primero de octubre y todo lo que ha pasado antes, y lo que sucederá después. Poco se puede hacer ya para evitar la rampa (o el precipicio) que se adivina al otro lado. Queda por ver cómo se repartirán los costes de la caída.
Otros artículos de Jorge Galindo: