Imaginemos, por un momento, que la asamblea regional de Murcia, harta que su sede sea despreciada como el parlamento más feo de España*, decide erigirse en autoridad constituyente del nuevo cantón murciano. La coalición gobernante, una agrupación de partidos republicanos, federalistas, nacionalistas y carlistas que suma 24 diputados, declara que tras años de mofa y escarnio la nación murciana se constituye en cantón federal, y se otorgan a sí mismos la autoridad de convocar referéndums.
La primera medida que deciden llevar a votación popular, gracias a su recién autoproclamada soberanía, es un referéndum que crearía un registro de desviados sociales donde deben apuntarse de forma obligatoria homosexuales, musulmanes, ateos e inmigrantes. Todos ellos perderían el derecho a voto. La asamblea cantonal, en un pleno caótico, aprueba la consulta siguiendo un procedimiento de urgencia con una ley que declara que cualquier artículo de la constitución española que contradiga las leyes cantonales deja de tener validez en el territorio murciano.
El gobierno central, horrorizado ante las maniobras de las autoridades cantonalistas, recurre esta ley al tribunal constitucional, que inmediatamente ordena su suspensión. La fiscalia y el tribunal además advierten al gobierno murciano que la suspensión implica una prohibición explícita de llevar a la práctica cualquier acto relacionado con el referéndum, incluyendo gastar dinero público, y que todos los artículos que establecían la obligación de los medios de emitir espacios de publicidad institucional no son ya vigentes.
El orgulloso gobierno cantonal, sin embargo, tiene otras ideas. El presidente da una rueda de prensa. Ellos son, dice, los representantes democráticamente elegidos de la región. Los valores de decencia, virtud y rectitud moral que distinguen la nación murciana son más importantes que las imposiciones de Castilla. La voluntad del pueblo murciano debe ser quien escoja sobre quién tiene derecho a voto en el cantón de Murcia. Son ellos los que tienen el derecho a decidir. Seguirán con la publicidad institucional, la compra de urnas y papeletas, convocatoria de mesas, y preparación de colegios electorales en edificios públicos. La junta electoral cantonal, recién constituida, le da el censo electoral completo (inexplicablemente en manos murcianas) a una empresa privada a la que han contratado para organizar la convocatoria. La democracia es el valor más importante. Murcia seguirá adelante con el referéndum.
Algunos alcaldes de la región se niegan a colaborar. El presidente murciano pide a sus ciudadanos que les intimiden en la calle. Los partidos radicales dentro de la coalición de gobierno publican listas de nombres con fotos de políticos desafectos señalándoles. Los medios de comunicación reciben instrucciones sobre qué publicidad institucional deben emitir. Los partidos en la oposición, mientras tanto, son ninguneados y llamados repetidamente enemigos del pueblo murciano.
Ante este escenario, ¿cuál debería ser la reacción del gobierno central?. El hipotético cantón murciano está declarando abiertamente que está vulnerando la legislación vigente del país, y lo está haciendo en pos de una convocatoria electoral que controlan de forma completa y que persigue eliminar derechos fundamentales de una minoría substancial de murcianos. Es obvio, por mucha legitimidad democrática que los gobernantes cantonalistas tengan, que cualquier ejecutivo en Madrid actuaría primero para asegurarse que la consulta fuera declarada inválida, y segundo para que los derechos de homosexuales, musulmanes, ateos e inmigrantes no fueran vulnerados.
Ahora pasemos de un caso hipotético a uno concreto, el del referéndum catalán. Los independentistas hablan sobre democracia y sobre el derecho de los catalanes a decidir sobre su futuro. La consulta, dicen, es un ejercicio democrático.
Esto puede sonar muy bonito si formas parte de la (hipotética**) mayoría de la población que cree que Cataluña debe independizarse de España. Para aquellos catalanes que quieren seguir siendo españoles y ciudadanos de la Unión Europea, sin embargo, la idea que su gobierno autonómico ha decidido autoproclamarse capaz de declararles inmigrantes en su propia casa la cosa es muy distinta. El gobierno, durante toda la consulta, está tomando una actitud crecientemente hostil con quienes se oponen a la independencia. Turbas de manifestantes ocupan las calles de forma constante demandando que el gobierno no cumpla la ley y que las autoridades sigan adelante con una consulta que ha derogado sus derechos. No hay ninguna garantía que tras una hipotética secesión el gobierno catalán no les vaya a obligar a escoger entre dos pasaportes o decida retirarles su derecho a voto.
Es muy fácil, desde las tribunas pro-independentistas, decir que lo que tu defiendes es democracia. Suena bien. El tono de resistencia épica, de heroica defensa de las libertades es una de esas cosas que llena el cuerpo. Lo que es más difícil es darse cuenta como toda esta algarada, estas movilizaciones, este ejercicio de poder sin control ni contrapeso, es visto, percibido y sentido por aquellos que están fuera del gobierno y ven como las instituciones están actuando abiertamente para echarte de tu propio país. Hablar de los derechos del pueblo catalán sin cesar hace fácil olvidar el hecho que esta consulta, este proceso político caótico, alegal y vociferante, está ninguneando a todos aquellos que están fuera de tu cruzada por la libertad.
Es obvio que el problema, la desafección y el clamor de una gran parte de la sociedad catalana es real, y que la única salida posible al conflicto es política. Los independentistas, sin embargo, ahora mismo no están ya por la política. Están por las demostraciones de fuerza, las manifestaciones, la provocación, el victimismo, la intransigencia, el buscar desesperadamente que el gobierno central les dé excusas para seguir con su conducta. Es tiranía de la mayoría, torpe, inconsciente, iracunda e incapaz de percatarse que se están convirtiendo en exactamente lo que siempre han odiado.
La secesión es una causa perfectamente legítima; es algo que llevo dicho desde hace tiempo. Un país razonable debería poder permitir referéndums de autodeterminación, siempre bajo condiciones regladas, mayorías claras y con requisitos exigentes. Lo que estamos viendo en Cataluña estos días, sin embargo, dista mucho de ser algo legítimo, y no tiene nada en absoluto de democrático.
Es obvio que el gobierno central debe intervenir. Es obvio que este referéndum no es válido. Y es obvio que si unos y otros no cambian de actitud pronto, este problema, estas divisiones, acabarán convirtiéndose en una fractura mucho mayor y más peligrosa de lo que ya es ahora.