En otoño de 1957 la guardia nacional de Arkansas rodeó el instituto de educación secundaria de Little Rock. Los soldados habían recibido órdenes de Orval Faubus, gobernador del estado de Arkansas, de impedir la entrada a aquellos estudiantes de color que intentaran entrar en el edificio. Faubus trataba de impedir la implementación de dos sentencias del tribunal supremo de los Estados Unidos declarando la segregación racial en los colegios públicos ilegales.
El 23 de septiembre, hace poco más de 60 años, nueve alumnos de color se colaron en el colegio e intentaron matricularse. Una turba enfurecida de manifestantes blancos atacó a activistas y estudiantes negros, forzando su huida, ante la pasividad de policía y guardia nacional. Dwight Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, no dudó en tomar el control directo de las tropas locales y enviar 1.000 soldados regulares para tomar el control de la situación, dispersar los manifestantes a punta de bayoneta y forzar la integración en los colegios del estado.
Esta historia forma parte de la mitología de la lucha por los derechos civiles del país. Era la primera vez en decenios que el gobierno de Washington utilizaba tropas para forzar a un estado sureño a respetar legislación federal en materia racial. Lo que se olvida a menudo, sin embargo, es que Faubus había ganado las elecciones a gobernador apenas un año antes con un programa abiertamente racista. Tras la intervención de Eisenhower, Faubus fue reelegido en 1958 en el cargo con un 82% del voto.
Bajo la visión caricaturesca de la democracia tan popular estos días que insiste que lo importante es votar y lo que decida la mayoría va a misa, la decisión del presidente de enviar soldados a un instituto de secundaria de Arkansas sería ilegítima. Los votantes de Arkansas apoyaban las acciones del gobernador, su legítimo representante; el partido demócrata del estado era un fiel reflejo de las preferencias de sus votantes. Arkansas había decidido segregar racialmente a sus estudiantes, y estaban en su derecho a hacerlo. Eisenhower no debía entrometerse.
Toda la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, bajo este prisma, sería profundamente antidemocrática. Rosa Parks, un nombre que algunos en España repiten a menudo cuando se quejan del gobierno central, era alguien que se oponía a la voluntad de la mayoría de los votantes de Alabama. La voluntad mayoritaria del pueblo de Alabama era oprimir a Rosa Parks; respetarla equivalía tolerar violaciones sistemáticas de los derechos humanos de cientos de miles de personas. Eisenhower, Kennedy, Johnson y todos esos políticos americanos que fueron piezas claves en acabar con Jim Crow en el sur tomaron la decisión deliberada de imponer la voluntad de una mayoría nacional sobre las preferencias del electorado sureño.
Los independentistas catalanes, obviamente, no tienen nada que ver con Orval Faubus, George Wallace y el resto de monstruos racistas del viejo sur. Reivindicar una secesión es una causa legítima, racional y razonable. Es un objetivo perfectamente aceptable, defendible y que puede formar parte del debate en cualquier democracia moderna. Sin embargo, el mero hecho que sus partidarios tengan una mayoría democrática en Cataluña no es un argumento suficiente, por sí sólo, para justificar la independencia.
La democracia, por si sola, no basta para crear leyes justas. La voluntad de la mayoría puede ser utilizada como un refugio de la intolerancia individual. Privilegios sociales, injusticias persistentes y discriminación a gran escala pueden justificarse invocando lo que votamos entre todos.
Desconfiad siempre de todos aquellos políticos que se llenan la boca con la voluntad del pueblo a la hora de defender sus ideas. Es muy probable que sus argumentos estén justificando otra injusticia, o peor aún, que no sean capaces de entender que ser muchos no equivale a ser los buenos en esta película.