Economía

Licencias y microeconomía

8 Sep, 2015 - - @egocrata

La Casa Blanca publicó hace un par de meses un estudio con un título que produce sueño tan sólo leerlo: «Occupational Licensing: a Framework for Policymakers«. Traducido, este texto de 76 páginas suena tan o más épico («Licencias profesionales: un marco para responsables de políticas públicas») que en inglés, que ya es decir. Tras el soporífero título, sin embargo, hay un problema de política económica que no acostumbra a recibir demasiada atención y que tiene consecuencias importantes, tanto en Estados Unidos como en España: las licencias para desempeñar un determinado trabajo o profesión.

Visto de forma aislada, es un tema que parece un tanto inocente. Parece natural que la administración establezca unos requisitos mínimos para que alguien pueda ejercer cierta clase de trabajos, para garantizar un mínimo de calidad y seguridad cuando ejecutan un proyecto y crear un baremo mínimo de competencia que haga la vida fácil a los consumidores. No parece mala idea que un electricista, por ejemplo, necesite tener unos conocimientos mínimos certificados con una licencia; al fin y al cabo, el propietario de una vivienda media no tiene ni idea sobre qué aspecto tiene una buena instalación eléctrica, y un chapuzas incompetente puede acabar pegándote fuego a la casa.

Desde el punto de vista económico, sin embargo, una licencia de esta clase no esta libre de costes. Aunque cumplen un papel real en hacer que el mercado no se llene de estafadores pirómanos, lo cierto es que la necesidad de pasar un examen o sacarse un título reduce la oferta de electricistas al crear una barrera a la entrada. Aunque el número de genios autodidactas que son instaladores de fusibles vocacionales es probablemente limitado, la licencia es un coste inicial que reduce la competencia y hace que suban los precios.

En un mercado como el de electricistas, pilotos de aviación comercial o neurocirujanos estos costes adicionales son probablemente asumibles, especialmente comparada con un mundo alternativo lleno de homeópatas. En otros sectores, sin embargo, las regulaciones, colegios profesionales y licencias puede que sean un incordio innecesario en el mejor de los casos, o un mecanismo para limitar la competencia en el mercado activamente promovido por los profesionales del sector cuando las cosas van realmente mal.

Este es el caso, por ejemplo, de los diseñadores de interiores, floristas, chatarreros o peluqueros en algunos estado de Estados Unidos, profesiones que, por un motivo u otro, necesitan de una licencia profesional. Hay 25 estados (¡25!) donde los legisladores se toman los peligros de violaciones en el Feng Shuei de una habitación o uso excesivo de pieles de leopardo como para exigir una licencia profesional para diseñadores de interiores. Hay distinciones legales entre decoradores licenciados, registrados o certificados, en un épico mejunje regulatorio de dudosa utilidad social.

A los decoradores, por supuesto, les encanta. Este año en Connecticut hubo un legislador que propuso eliminar la certificación en el estado (y hacer que paguen sales tax, que están exemptos) argumentando que le parecía una regulación estúpida. El capítulo estatal de la Asociación Americana de Diseñadores de Interiores (efectivamente, hay un lobby absolutamente para todo) no tardo en movilizar a sus huestes de decoradores enfurecidos hacia el Capitolio, testificando airados sobre la importancia de sus servicios para la economía estatal y la necesidad de regulación para proteger a los clientes de estafadores que no saben que es un código Pantone. Lo sé de primera mano porque ese día estaba en el comité de marras pidiendo más impuestos, y me tiré hasta las tantas escuchando a interioristas hablando sobre como ellos reactivan el mercado de la construcción con su mera presencia.

La cuestión es que muchas licencias profesionales son poco menos que un montón de regulación engorrosa diseñadas por la gente que ya está ejerciendo esa profesión para asegurar que se meta en el negocio el menor número de gente posible. El informe de la Casa Blanca repasa una amplia literatura académica que señala la reducción de competencia, menor participación de minorías étnicas y gente con pocos ingresos en profesiones reguladas, y una caída significativa de migración de un estado a otro para gente que trabaja en esos sectores. El número de trabajadores en profesiones reguladas ha aumentado en los últimos años en parte por el aumento del sector sanitario, pero también gracias al trabajo entusiasta de asociaciones profesionales y lobistas buscando proteger su cortijo. La inmensa mayoría de estas regulaciones son estatales, así que la Casa Blanca poco puede hacer aparte de publicar informes sesudos (el Congreso, como de costumbre, ni está ni se le espera), pero al menos alguien le está prestando atención.

Todas estas historias, por supuesto, no son únicas de Estados Unidos. Es más, España es un país que está especialmente saturado de esta clase de restricciones absurdas a la competencia, sea vía licencias profesionales, sea vía restricciones al número de negocios que pueden operar en un determinado sector. Por aquí hemos hablado largo y tendido de mis amigos los taxistas, pero esto se extiende a cosas como estancos, farmacias, administraciones de lotería, entrenadores de fútbol, concesionarios o notarías.

La buena noticia es que el en 2012, en vista del número absolutamente épico de colegios profesionales (1.650) que tiene España, el gobierno decidió impulsar una reforma para racionalizar el sistema. La mala es que en febrero el gobierno decidió retrasar sin plazo esta reforma, demostrando una vez más que Mariano Rajoy aún no ha descubierto un problema que no pueda dejar para más adelante.

Lo cierto es que lobistas los hay en todos lados, pero esta es la clase de cosas a las que nos referimos al hablar de reformas estructurales. La regulación de los decoradores probablemente no tiene un efecto apreciable en el PIB de Connecticut más allá de $100 ó $200 extra que los interioristas pueden sablar a gente con demasiado dinero en Greenwich. El problema es cuando esta regulación es una más entre cientos de pequeñas tonterías de esta clase, y sumando, sumando, acaban por tener un impacto real. No todos los 1.650 colegios profesionales necesitan ser purgados y/o destruidos con napalm, pero estoy relativamente seguro que la inmensa mayoría de ellos generan más costes que beneficios. Reformar esta clase de cosas siempre es relativamente complicado, ya que los perjudicados por los cambios siempre se van a movilizar como locos (amenizados por las autonomías que aullando «invasión competencial») mientras que al público en general le aburren estas guerras, pero alguien tiene que hacerlo algún día. Hacerlo es de izquierdas, por cierto, pero ese es otro tema.

Que yo sepa en España sólo Ciudadanos está hablando de esto a menudo, y lo llevan en su programa.  El PP  ha acabado rindiéndose miserablemente en este tema como de costumbre, y Madina en el PSOE lo mencionó, antes de ser derrotado en primarias. Es algo que parece tonto, pero que es importante. Mi obsesión con los taxistas está plenamente justificada.

Porr cierto, ejercer de diseñador de interiores en Connecticut sigue requiriendo una licencia, y siguen sin pagar impuesto de ventas por sus servicios. Nadie testificó a favor de cambiarlo, y la legislación murió en comité.