Economía

Concesionarios y el privilegio de vender coches

16 Jul, 2014 - - @egocrata

En Estados Unidos, un fabricante de coches no puede vender sus productos a los consumidores directamente. Esto al menos es lo que dicen los concesionarios de coches de una multitud de estados del país, que están litigando furiosamente para evitar que Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos, pueda montar tiendas donde pueda comercializar sus productos sin intermediarios.

¿Suena absurdo, verdad? Lo cierto es que esta extraña historia es un ejemplo fantástico sobre cómo regulaciones aparentemente inocentes pueden ser utilizadas para proteger empresas políticamente activas décadas más tarde. Hace casi un siglo, cuando el el mercado de venta de automóviles daba sus primeros pasos, los  fabricantes tenían problemas de gestión de inventario mientras intentaban crear redes de distribución fiables. Para solventar el problema acabaron recurriendo a un sistema de franquicias: el fabricante vendía su producto a un concesionario, que lo financiaba mediante deuda, y este vendía el vehículo al por menor a un precio algo mayor. Con los años, muchos concesionarios lograron convencer a sus legisladores estatales para que hicieran de este arreglo la única forma legal de vender automóviles, protegiendo su modelo de negocio.

Décadas después, ya con automóviles modernos, seguros y fiables, esas leyes siguen en los libros. Los concesionarios de coches siguen siendo la única forma que tienen los fabricantes de llegar al público. Los concesionarios son, obviamente, negocios rentables, ya que viven agradablemente protegidos de la competencia y pueden exigir márgenes decentes (y colusivos) a las grandes marcas. A menudo son los mayores anunciantes en las emisoras de radio y televisión local, y se dedican a patrocinar todos esos eventos benéficos que definen la vida cívica en Estados Unidos, como ligas infantiles de béisbol, galas a favor de las ONG locales y demás. También son, como cualquier negocio con regulación detrás, políticamente activos, y tienen sus asociaciones con pequeñas hordas de lobistas en el capitolio estatal.

Cuando Tesla Motors tuvo la brillante idea de dejarse de intermediarios y vender sus coches al público en tiendas propias lo que se encontraron fue una auténtica orgía de abogados y lobistas en multitud de estados. Una búsqueda rápida basta para encontrar batallas legales en Nueva Jersey, Massachusetts,  Texas, Ohio, California, Nueva York y Virginia, sin ir más lejos, y no son los únicos. Los argumentos son a menudo delirantes: en California la asociación de concesionarios se queja que Tesla quiere confundir a los consumidores con sus precios. En la mayoría de estados el argumento es que los concesionarios garantizan que el comprador tienen un guía que les puede ayudar a navegar el complejo proceso de compra y un lugar al que acudir si el coche necesita reparación y mantenimiento, evitando así que el fabricante se desentienda de sus productos.  Demostrando que o bien muchos legisladores estatales no han comprado un coche en su vida o bien prestan mucha atención a lobistas que les pagan campañas, en muchos estados les han hecho caso.

La reacción de Elon Musk ha sido la habitual en estos casos: una escalada militar de lobistas. Dado que gestionar una empresa donde puede vender sin concesionario en algunos sitios pero no en otros debe ser bastante cargante, Tesla ha empezado a llevar la guerra a nivel federal, enviando un pequeño ejército de abogados a Washington para romper estas restricciones sea vía legal o regulatoria. Esto probablemente escogerá un cambio normativo de la FTC, ganar un juicio federal y alargarlo hasta el Supremo, o una ley del Congreso invalidando leyes estatales en este sentido. De momento, no ha habido suerte, pero estas guerras suelen durar años.

La lección principal de estas batallas debería ser familiar:  un grupo pequeño, bien organizado y con un interés o preferencias muy intensas sobre un tema específico es a menudo capaz de conseguir victorias políticas a pesar de no tener una mayoría social detrás. Estos grupos de interés, además, son a menudo nacidos gracias a privilegios regulatorios: leyes que crean un monopolio u oligopolio en su mercado que luchan por mantener incluso cuando ha perdido ya toda utilidad social. Mi némesis favorita en estos casos son siempre los taxistas, pero España tiene auténticas hordas de intereses nacidos del BOE y que viven por y para proteger su chiringuito regulado. A casos conocidos como los notarios, registradores, procuradores y demás elementos del sistema legal podemos añadir desde empresas pequeñas y bien protegidas como los hoteles (adivinad quien quiere prohibir AirBnb) a las grandes eléctricas y esa gran idea que es el déficit tarifario. En España, si no estoy equivocado, el sistema de concesionarios funciona de forma parecida a Estados Unidos, aunque no estoy seguro que tengan el mismo nivel de protección. El sector, de todos modos, es casi igual de bueno enchufando cambios legales que les favorecen en el BOE.

En cierto sentido la retórica de cierta derecha sobre el estado y su papel en la economía es completamente opuesta a la realidad. El estado es, en muchos casos, el mejor amigo de los empresarios, especialmente cuando estos consiguen proteger sus empresas mediante tretas legales. Los empresarios son a menudo el peor enemigo del mercado y la libre competencia, no sus mayores proponentes. Desconfiad siempre de cualquier empresa con ansias regulatorias.