Por fin se ha hecho pública una de las reformas más esperadas del nuevo gobierno. Se trata de la reforma del sistema financiero, que ha sido anunciada por el ministro Luis De Guindos. Antes de nada, cabe decir que la reforma, como tal, no se encuentra desencaminada. Si será suficiente o no, es algo que todavía no podemos adelantar. Como la reforma trata distintos aspectos, vamos a verlos algo más en detalle.

Recapitalización de las entidades financieras

Probablemente sea la medida más importante. En la última tertulia comentamos algunas ideas al respecto. Según De Guindos, los activos inmobiliarios ligados al crédito promotor ascenderían a unos 323.000 millones  €. De éstos, unos 175.000 M€ serían considerados «problemáticos». Y a su vez, dentro de éstos, unos 88.000 M€ corresponderían a suelo y promociones en curso, de los cuales se habrían aprovisionado un 31%. Las provisiones del resto de activos problemáticos -unos 87.000 M€- estarían en torno al 27%. Por tanto, desde 2008 las entidades financieras habrían destinado unos 66.000 M€ a provisiones, mientras que los activos no considerados problemáticos -unos 148.000 M€- no habrían sido aprovisionados hasta el momento.

Con estas cifras, las entidades financieras necesitarían destinar, según los criterios del gobierno, unos 50.000 M€ adicionales a provisiones, que ahora sí, abarquen todos los activos ligados al crédito promotor, sean éstos problemáticos o no. Esta recapitalización sería llevada a cabo, esencialmente, por las propias entidades, tanto a través de provisiones como de «colchones de capital». En total, para los activos problemáticos, las provisiones ascenderán a 25.000 M€. En cuanto a los colchones de capital, éstos serán del 20% sobre el valor del suelo y del 15% sobre el de las promociones en curso, en total unos 15.000 M€. Para los activos no problemáticos se exigirá una provisión genérica del 7%, algo así como unos 10.000 M€. El plazo para cumplir estas exigencias finalizará, exactamente, el 31 de diciembre de 2012.

Conviene aclarar ambos términos. Las provisiones consisten en recursos inmovilizados por la empresa con el objetivo de hacer frente a eventuales deterioros en el valor de un activo.  Se contabilizan como un gasto, con lo que a más provisiones, menos beneficios. Por otra parte, los colchones de capital se realizarán a cuenta de los beneficios no distribuidos -esto es, después de impuestos y reservas-, ampliaciones de capital o conversión de híbridos: acciones preferentes, deuda subordinada, bonos convertibles o cocos, etc. Las diferencias entre ambos procedimientos son relevantes, especialmente en términos de tratamiento fiscal y contable.

En resumen, La cobertura de las entidades frente al riesgo del crédito promotor ascendería considerablemente, como se aprecia en el siguiente gráfico:

Un impulso a las fusiones

Posteriormente, De Guindos ha aclarado que una posibilidad que facilitaría el cumplimiento de estos objetivos es que las entidades financieras inicien una nueva ronda de fusiones. Para incentivarlas, el gobierno ha dispuesto que las nuevas entidades fusionadas dispondrán de un año adicional de plazo para cumplir las exigencias de cobertura descritas en el apartado anterior. Otra ventaja será que tendrán la posibilidad de sanear sus activos contra patrimonio. Además, las entidades que opten por fusionarse podrán financiarse a través de emisiones de bonos convertibles contingentes que serán adquiridos por el FROB -que, por otra parte, aumentará sus recursos propios en 6.000 M€-.

No obstante, dadas estas ventajas, el gobierno entiende que estas fusiones no pueden ser incondicionales. En concreto, las nuevas fusiones deberán tener carácter permanente -en otras palabras, nada de SIPs o fusiones frías-, y como requisito para su aprobación, las entidades interesadas habrán de presentar un plan de gobierno corporativo -que incluya las retribuciones de los administradores y directivos-, un informe de viabilidad económica y un plan específico de desinversión de los activos en balance de cada entidad. Además, las entidades interesadas deberán presentar compromisos concretos para la ampliación de la concesión del crédito a familias y pymes -o como mínimo, un compromiso de que el crédito no sufrirá nuevas restricciones-.

Como resultado, las entidades resultantes de una fusión deberán, con carácter general, aumentar su balance en al menos un 20% -aunque podrá ser menor en circunstancias especiales, pero nunca inferior al 10%.-. Las entidades tendrán hasta el 31 de mayo para presentar posibles proyectos, que serán tramitados en un plazo máximo de un mes y aprobados, o no, en uno máximo de tres meses. En definitiva, para De Guindos el nuevo mapa financiero español debería estar completamente listo para principios de 2013.

Cambios en las cajas de ahorros

La reforma aprobada por el gobierno también incluye cambios en el régimen jurídico de las cajas de ahorros. Para empezar, se simplifica la estructura organizativa de las cajas que ejerzan su actividad de forma indirecta -es decir, que formen parte de algún SIP o hayan constituido una entidad bancaria para el ejercicio de su actividad-, de forma que sus únicos órganos de gobierno pasarán a ser la Asamblea General y el Consejo de Administración -cuyos miembros en cada caso serán fijados estatutariamente por cada caja-.

Por otra parte, estas cajas no podrán destinar más del 10% de sus excedentes de libre disposición a gastos diferentes a los correspondientes a su obra social. Además, en caso de que su participación en las entidades bancarias de las que formen parte caiga por debajo de un 25% tendrán forzosamente que constituirse en fundaciones de régimen especial. En consecuencia, parece evidente que en plan sostenido por De Guindos, el papel financiero de las cajas tiene sus días contados.

Recortes en la retribución de los directivos

Por último, una de las medidas más esperadas, aunque desde luego no la más importante, ha sido el anuncio de que se impondrán restricciones en la retribución de los consejeros y directivos de las entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas o que las reciban en un futuro. En concreto, se establece que en el caso de las entidades participadas mayoritariamente por el FROB -UnnimBanc, Novagalicia Banco, Catalunya Caixa, Banco de Valencia- no se permitirán remuneraciones variables, en tanto que el salario fijo de los consejeros será como máximo de 50.000 € y el de los altos directivos de 100.000 €. Por otro lado, para todas las entidades que sean financiadas por el FROB, sólo se permitirá remuneración variable si se justifica en un periodo de tres años, y en cuanto al salario fijo, el de los consejeros será como máximo de 100.000 €, y el de los altos directivos, de 600.000 €.

Algunos comentarios

Personalmente, diría que la reforma financiera anunciada por De Guindos apunta en la dirección correcta, más allá de que resulte suficiente o no con respecto a los objetivos que pretende conseguir. Quienes hayan leído esa larga entrada sobre regulación financiera que publiqué recientemente (primera parte, resumen, segunda parte) probablemente compartan mi opinión.

Para empezar, el incremento de la cobertura -sea a través de provisiones o a través de colchones genéricos- era una medida fundamental que debía figurar sí o sí en cualquier reforma que pudiese haber planteado el gobierno. A este respecto, poco más puede decirse. No obstante, su efectividad en el largo plazo aparece claramente limitada si la comparamos con una posible regulación sobre los requerimientos de capital. de carácter genérico. A fin de cuentas, es cierto que los problemas que atraviese el sector financiero actual vienen producidos por la exposición al riesgo promotor. Esa es una causa inmediata. Sin embargo, en última instancia los problemas que en estos momentos atraviesan todos los sistemas financieros, repitamos por última vez, responden a la tendencia generalizada de sus entidades a refinanciarse liquidando activos, en vez de
ampliar capital, tras la contracción del mercado interbancario en épocas de crisis. Abordar este tipo de problemas a través de una regulación macroprudencial debería ser uno de los objetivos ineludibles de todas las economías si pretenden que una crisis como la actual no vuelva a producirse.

En segundo lugar, y en línea con la intención del gobierno de que el sistema financiero se salve utilizando sus propios recursos en la medida de lo posible, considero que una apuesta decidida por una nueva ronda de fusiones entre entidades es una buena idea. Resulta además interesante el esquema de incentivos que se ha planteado, especialmente por las condiciones que impone a las entidades que opten por esa alternativa. En concreto, el compromiso de que las nuevas entidades que resulten de una fusión no puedan, como mínimo, restringir la concesión del crédito, supone un criterio que en buena medida se asemeja a aquellos requerimientos absolutos de capital de los que hablamos en otra ocasión. El que se sitúen plazos estrictos pero definidos sin duda contribuye a la efectividad del proceso. En definitiva, cada entidad sabe cuánto va a necesitar
-incluso en términos absolutos- y para cuándo debe reunirlo. Sólo en estas condiciones una reestructuración de este calado puede tener alguna posibilidad de éxito.

Además, el hecho de que se obligue a que se trate de fusiones propiamente dichas añade un punto adicional a la medida. Los sistemas institucionales de protección (SIP) también conocidos como fusiones frías, siguen siendo un elemento extraño en nuestro sistema financiero, y más allá de su justificación inicial basada en que era un procedimiento menos incisivo y que por tanto incentivaría en mayor medida a las cajas de ahorro a llegar a acuerdos entre ellas, a nadie se le escapa que detrás de todo se encontraba el deseo de mantener, en la medida de lo posible, los anteriores cuadros directivos de cada caja.

A fin de cuentas, las cajas de ahorros eran uno de los principales activos que todo gobierno autonómico tenía a su disposición -y del que todos los partidos políticos regionales, de una forma u otra, acababan beneficiados, también a nivel local-. Hoy muchos claman por la instauración de una banca pública, pero es que eso precisamente eran las cajas de ahorros. Por otra parte, como decía más arriba, parece evidente que el gobierno tiene en mente un escenario donde todas las cajas de ahorros, después de bancarizarse por sí misma o tras una fusión, se constituyan en fundaciones. En cualquier caso, ya pasen a considerarse bancos con una obra social gestionada por una fundación, ya se consideren fundaciones que poseen participación en un banco, cualquiera de esas dos situaciones será preferible al modelo actual.

Por último, en cuanto a las limitaciones sobre la retribución de consejeros y directivos, poco puede decirse. No se trata de una cuestión que tenga especial relevancia -aunque eso no significa que no tenga ninguna- en términos económicos, pero como no todo es economía– considero que es una medida acertada, especialmente en el caso de entidades intervenidas. El acreedor siempre fija las condiciones, faltaría más. Cabe si el sueldo tan elevado que Rodrigo Rato percibió en el anterior ejercicio no fue, en alguna medida, una compensación ante unas restricciones posteriores que ya le fuesen conocidas, pero todo ésto no son más que especulaciones.

¿Hay algo que se eche en falta? Por supuesto, como siempre. No obstante, hay algunos aspectos que sí me gustaría mencionar, aunque muchos de ellos ya los mencioné en otra ocasión. En base a la información que de momento tenemos disponible, por ejemplo, no se ha incidido sobre la composición del capital requerido a las entidades. Me refiero a que a efectos de capital primen las acciones ordinarias sobre las preferentes, o que sólo las primeras computen, o que los instrumentos contingentes de capital, como los bonos convertibles -o cocos-, también cuenten a efectos de este capital.

En resumidas cuentas, puede decirse que se trata de una reforma necesaria y que, en líneas generales, responde de forma acertada -o al menos, no contraria- a los problemas de nuestro sector financiero en estos momentos. No es una reforma sobre el sistema financiero como tal. Es importante destacar ésto porque, aunque la primera sea necesaria hoy, la segunda lo será en el futuro. Por lo demás, ¿se abaratarán los inmuebles, como afirmaba De Guindos? No tengo ni idea pero, todo sea dicho, tampoco apostaría por ello. A fin de cuentas, ¿si no se producía un desplome en los precios cuando las entidades no tenían su riesgo cubierto frente a ellos, por qué habríamos de esperar ese desplome ahora que ya lo tienen aprovisionado? Los inmuebles bajarán, eso está claro, pero el ritmo al que lo hagan, hoy por hoy, probablemente sea una cuestión difícil de determinar.