La saga de dimisiones, destituciones, despidos y puñaladas traperas dentro de la Agencia Tributaria está recibiendo afortunadamente bastante atención en los medios. Dejando de lado el transfondo real detrás de todos estos cambios (es decir, fuera o no la sanción a Cemex y factor), una intervención tan decidida, extensa y profunda por parte de los políticos sobre una agencia pública en teoría independiente es un escándalo con todas las letras, y va siendo hora que sea tratado como tal.
Empecemos por lo básico: en un estado de derecho decente con un cierto respeto a las reglas y una administración pública profesional e independiente es inadmisible que un político poco más que admita explícitamente estar ejecutando una purga ideológica. Un ministro puede acusar a sus burócratas de ser torpes, incompetentes o de hacer las cosas mal aposta, pero no puede andar por el mundo justificando ceses y dimisiones porque pertenecían al partido rival. La administración pública en general, y la agencia tributaria más que nadie, por su condición de recaudadora de impuestos, debe actuar de forma imparcial, aplicando las leyes como están escritas y tratando a todos los ciudadanos igual. La forma para conseguir que eso suceda es asegurar que los políticos al mando de la agencia puedan cambiar esas leyes si así lo desean y tienen votos para ello, pero no puedan cesar o forzar la salida de aquellos que no están implementado la normativa como ellos quisieran.
Esto quiere decir que en un estado de derecho decente los funcionarios pueden y deben perder su puesto de trabajo si son inútiles, cretinos o corruptos, pero la última persona que debe ser capaz de decidir sobre esta materia son los líderes políticos que están por encima de ellos. La burocracia, la administración pública, no es un juguete con piezas intercambiables a gusto del ministro de turno; es una maquinaria que aplica leyes y reglamentos, y debe ser capaz de hacerlo sin temor que un político interfiera. Cualquier cambio de personal en un agencia pública, por lo tanto, debe estar estrictamente justificado y tan lejos del alcance del ministro como sea posible. De lo contrario, es fácil imaginar escenarios donde los políticos pueden presionar a sus funcionarios para favorecer intereses particulares.
El caos en la Agencia Tributaria estos días nos debería recordar dos reformas necesarias para mejorar la administración pública española. Primero, hay demasiados cargos de libre designación. Montoro ha sido capaz de hacer una limpieza tremenda en la Agencia Tributaria básicamente porque como ministro controla demasiados nombramientos; hay una cantidad insultante de puestos directivos en todas las administraciones que pueden ser cambiados por los políticos, y esto daña seriamente la independencia de la función pública. Victor Lapuente ha escrito repetidamente sobre este problema; la politización de las administraciones aumenta la discrecionalidad de muchas decisiones, debilita el estado de derecho al dar demasiado poder a los políticos y es una fuente casi inagotable de escándalos de corrupción. El gobierno del PP, como de costumbre, parece no sólo no ver esto como un problema sino que está explotando esta politización sin ningún reparo. Es una reforma pendiente desde hace décadas que por supuesto dejaran a medias.
El segundo problema a resolver es la necesidad de crear mecanismos de control creíbles hacia el ejecutivo en nuestro sistema político. La democracia española con un gobierno con mayoría absoluta es poco menos que una dictadura electiva; el parlamento no tiene instrumentos efectivos para vigilar al ejecutivo. Cualquier reforma de la administración pública debe incluir la creación de un inspector general independiente que evalúe la gestión y competencia de la administración pública. Los políticos no son el actor adecuado para andar disciplinando funcionarios sin cargarse la función pública. A los ministros españoles no les parece importar demasiado aplicar las leyes de forma arbitraria, pero esto en si mismo es un problema.
Como hemos insistido por aquí a menudo, la imparcialidad de las administraciones públicas no es un capricho moralista, sino una necesidad económica real. Si en un país o región los políticos pueden «animar» a los funcionarios a resolver expedientes, regulaciones, multas, concesiones, licencias o impuestos de una forma u otra (o aún peor, los políticos pueden nombrar a los funcionarios que toman estas decisiones) el estado de derecho entendido como igualdad ante la ley no funciona, y cualquier interacción con el estado pasa de ser una transacción previsible, reglada y estable a una lotería o una carrera para hacer amigos en el ministerio o concejalía de urbanismo de turno. La arbitrariedad, la administración inconsistente de la ley, es un obstáculo tremendo para la actividad económica. Los ganadores no son necesariamente las mejores empresas, sino las que tienen mejores contactos, o consiguen convencer al ministro que las leyes están ahí para hacerles un favor.
Hace unos meses en Estados Unidos la sospecha (que resultó ser errónea) que uno o varios funcionarios del IRS (la Agencia Tributaria local) habían sido más estrictos con ONGs conservadoras al procesar su papeleo provocó un escándalo mayúsculo, horas de comparecencias, decenas de informes y una cadena de dimisiones en la administración Obama y en el IRS. La cosa quedó en nada (el IRS estaba siendo igual de duro con organizaciones políticas de toda índole, según parece) pero la más mínima sospecha de conductas impropias bastó para hacer que rodaran cabezas. Con la independencia de las administraciones públicas no se juega, y menos si es quien recauda impuestos.
En España, de momento, todo parece indicar que tenemos un purga de funcionarios incómodos, y nadie parece estar demasiado preocupado. Los medios hacen bien de seguir insistiendo en ello – Montoro debe dar explicaciones cuanto antes.
Yo ya empiezo a preguntarme si queda algún directivo o mando de algo en la administración pública y aledaños que no haya sido elegido por el partido de turno…
Así nos va…
De errónea nada. La cosa sigue coleando bastante. Por supuesto, hay dos máquinas de «spin» rotando a toda velocidad: Donde unos dicen que se investigaron a grupos de todos los colores, otros señalan que la inmensa mayoría de las investigaciones fueron a grupos favorables al Tea Party. Donde unos señalan que sólo se negó el quedar libre de impuestos a las organizaciones de izquierdas otros señalan que el verdadero coste estuvo en cumplir con todas las peticiones de los investigadores, que acababa haciéndoles abandonar el proceso.
La última versión desde la izquierda parece ser que sí, que sí que se hicieron investigaciones sesgadas (búsquedas basadas en palabras clave de derechas) pero que se debió a la incompetencia más que a la maldad. Esa suele ser una regla fiable.
http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/05/irs-shoots-itself-foot-then-reloads
El artículo, cojonudo, como es habitual en politikon. Echo de menos un poco de contexto e historia (modelos de administración pública en el mundo, el «spoils system», etc.). Y también sobre las ideas que propugnan los de «Nada es Gratis» sobre selección de candidatos en la función pública, que priman los métodos ágiles, modernos, creativos, rápidos y eminentemente trampeables por los políticos.
[…] repasaba la Ley no podía sino acordarme de todo lo que hemos vivido esta semana en torno a la Agencia Tributaria. Con el Título I activo tal y como queda escrito no parece más factible que antes pedir al […]
¿Hay una estadística de los concursos públicos recurridos ante los tribunales actualmente? Esto de la agencia tributaria no es nada comparado con todos los ayuntamientos de capital de provincia o diputación de España. En todos hay presiones de concejales y diputados provinciales a los técnicos sobre a quien hay que dar el contrato. Y a la inversa, funcionarios y técnicos que tienen familiares en las mismas empresas que siempre se llevan los mismos concursos públicos. Pregunten por el primo de Rajoy que es concejal de Hacienda…
[…] Agencia Tributaria y el control de la administración pública […]
No sé, pero a mí me da un miedo atroz que la independencia se convierta en el virreinato de un tipo que también tiene amigos y opiniones, pero al que no puedo echar cada cuatro años.
¿O Alguien cree que un funcionario es más honesto, porque sí, que un político?
La inamovilidad de un tipo como Garzón, al que le gustaban más los micrófonos que a un tonto una tiza, es un puñetero circo.
A un tío que no puedo echar, prefiero no darle ningún poder.
No me fío.
La respuesta es «procedimiento», esto es la documentación de todos los actos. Y si es para un funcionario público, la documentación debería ser pública. Eso era lo que antes se denominaba «expedientar». Ahora, por lo que veo, basta con que esté todo perdido de «progres»… o dedesobedientes
Escoger a un semi-dios, con son los jueces, para justificar un posibe principio de » por al arbitrariedad , para mi comodidad» no me parece muy ajustado al común de los funcionarios de administraciones públicas.
Roger dice:
«un estado de derecho decente los funcionarios pueden y deben perder su puesto de trabajo si son inútiles, cretinos o corruptos, pero la última persona que debe ser capaz de decidir sobre esta materia son los líderes políticos que están por encima de ellos».
Los ineptos tienen que ser despedidos y no ser reemplazados por otros ineptos.
Ademas, imaginate que algun empresario despide a alguien for ser afiliado del partido comunista o , se montaria un pollo tremendo. Porque a nadie le importa que el PP despida a gente simplemente por ser del PSOE o tener amigos alli?
«¿O Alguien cree que un funcionario es más honesto, porque sí, que un político?»
No, pero su figura está creada para tenga incentivos para ello. Pero está muy bien reconocer que el hecho que no sólo lo político obliga en algunas partes a tener inamovibles hasta los conserjes.
«A un tío que no puedo echar, prefiero no darle ningún poder.»
La policia y su presunción de veracidad a prueba de bomba ¿Está incluida?
A un policía se le puede juzgar, y se le echa con poca cosa.
pero a un juez o a un subsecretario es la leche…
Acusandolo de un delito. Y no estabas hablando de eso, sino de poder contar con personas de confianza.
Como tampoco estamos hablando de subsecretarios – cargos de designación-, sino de inspectores ( y de ahi para arriba) que vienen de la carrera
Lo asombroso de todo esto es lo tarde y lo poco que se dice.
La Agencia Tributaria fue objeto de una purga hasta el fondo (hasta el fondo-fondo, incluso puestos de quinto nivel puramente técnicos) en el primer trimestre de 2012, cuando cambió el Gobierno después de las elecciones.
Entonces se habló un poco del asunto, pero no demasiado. Sin embargo todo lo que se dice que pasa ahora es precisamente lo que pasó entonces.
Aunque se repita entonces (y ahora) que eso es normal, que los directivos tienen que ser de confianza del que manda, etc., simplemente eso no es cierto. Nunca se había cambiado tanta gente, hasta tan abajo en el organigrama (no solo altos directivos), y menos todos a la vez al cambiar el gobierno y con criterios tan «políticos» (tan partidistas).
Todas las personas que se están cesando ahora, con pocas excepciones, son las que se nombraron hace año y medio, presuntamente por tener entonces la confianza de la dirección.
Las declaraciones de Montoro son , por ello, doblemente estupefacientes: porque si fuera verdad lo que dice sería impresentable, y porque no se explica que sea verdad cuando ya hubo una limpia a fondo de desafectos hace poco. Parece una tapadera. Una tapadera rara, eso sí. De qué, solo se pueden hacer conjeturas.
El equilibrio entre la capacidad de la dirección de una Agencia (que se llama así porque se supone que es independiente funcionalmente del ministro) para gestionar con autonomía y nombrar por criterios de eficacia y no por antigüedad estricta, y el peligro de que eso se vaya de las manos, como ha pasado con este Gobierno, y pasen a ser la arbitrariedad y la docilidad los criterios imperantes, no tiene fácil solución.
No es una solución, sino lo contrario, que toda la pirámide jerárquica ascienda por antiguedad. Y cualquier otro sistema, sea concurso de méritos reglados, o libre designación dentro de categorías específicas regladas (lo que hay ahora), o lo que sea, se pùede manipular desde la mala fe, ya que la alta Dirección de la Agencia SÍ es un puesto directamente designado por el poder político, y si el criterio es nombrar a un tonto obediente, pues no hay regla que evite eso: el tonto obediente hará aquello para lo que lo han puesto ahí, aunque el hecho de que sea tonto añadirá incertidumbre al resultado… no se puede tener todo.
Llegamos a lo mismo de siempre: si el poder político no tiene que dar cuentas y todo le sale gratis, no hay sistema imparcial ni profesional que sobreviva mucho tiempo.
Muy buen artículo. Con respecto a algo que dice Roger, «hay una cantidad insultante de puestos directivos en todas las administraciones que pueden ser cambiados por los políticos, y esto daña seriamente la independencia de la función pública», no podría darle más la razón. Cuando trabajaba en la administración local, nada más llegar al Gobierno local, lo que hicieron los populares en la Diputación en donde trabajaba fue nombrar a un cargo de confianza creado al efecto (con una generosa remuneración) para que supervisara cualquier contrato antes de ser aprobado. Si este contrato no era una propuesta del partido, o no se ejecutaba según las instrucciones del partido, entonces ese contrato jamás se firmaba. Hubo un momento, al cabo de unos meses, que las cajas de contratos sin firmar empezaron a ser un problema que bordeaba con el Síndrome de Diógenes en el despacho de este sujeto y tuvo que habilitarse una sala específica para su almacenamiento, el «agujero negro», como lo llamábamos. Nada de lo que entra allí sale jamás, si no es hecho pedazos.
Y no solo eso. Cuando las discrepancias sobre una obra de cierta envergadura divieron a este sujeto con el ingeniero jefe, entonces nombraron a otro cargo de confianza para que supervisara todo lo que hiciera el ingeniero jefe y le diera su visto bueno si era conforme a las directrices del partido. El hombre terminó por dimitir al cabo de unos meses por un problema cardíaco a causa del estrés.
Y estoy hablando de Galicia, no de la Unión Soviética. Aunque todas las dictaduras se parecen cuando se trata de políticos al cargo de administraciones públicas.
[…] http://politikon.es/2013/12/10/agencia-tributaria-y-el-control-de-la-administracion-publica/ […]
«El segundo problema a resolver es la necesidad de crear mecanismos de control creíbles hacia el ejecutivo en nuestro sistema político. La democracia española con un gobierno con mayoría absoluta es poco menos que una dictadura electiva; el parlamento no tiene instrumentos efectivos para vigilar al ejecutivo.»
Alguien se imagina un país democrático en el que a la Ministra de Sanidad, cuando era la Secretaria de Organización del partido, una red de empresas corruptas, a la que se está juzgando por innumerables casos a unos niveles altísimos, le paga viajes, complementos y fiestas…y que no pase nada? Ahí sigue…
Alguien se imagina un país democrático en el que el Presidente del Estado de la capital alquile por más de la mitad de sus ingresos un ático de lujo en primera línea de playa, y que finalmente compre ese ático, a una sociedad testaferro intermediaria de no se sabe quien ubicada en paraíso fiscal tras unos apaños millonarios con unos terrenos cercanos a la capital en plena burbuja inmobiliaria… y que no pase nada? Ahí sigue…
Alguien se imagina un país democrático en el que el Presidente del Gobierno se haya llevado sobres marrones con miles de euros en negro derivados de mordidas por contratos millonarios con la Administración, según declara por escrito y ante un juez la persona que ese mismo Presidente nombró Tesorero de su partido… y que no pase nada? Ahí sigue…
Evidentemente en ningún país democrático pasaría esto, incluso me atrevo a pensar que si ocurriese aquí con cargos de otros partidos, la presión sería tan fuerte que algo pasaría….pero desde luego aquí y ahora, no.