Hispania.

Estado de derecho, vicios privados y virtudes públicas

27 Nov, 2013 - - @egocrata

Carlos Fabra ha sido condenado a cuatro años de cárcel por no pagar impuestos. Es un delito claro, simple y obvio. Estamos ante un hombre que cuando ostentaba un cargo público trabajó activamente para no pagar lo que le tocaba a hacienda. Incluso si le damos el beneficio de la duda y nos creemos en un ridículo salto de fe que el tipo nunca malversó dinero público, exigió sobornos o vendió favores, Carlos Fabra estaba haciendo esfuerzos titánicos para no cumplir con sus obligaciones como ciudadano pagando impuestos. El hombre es un cretino, sin más.

Carlos Fabra aparte de ser Presidente de la Diputacion de Castellón, era también el Secretario General de la Cámara de Comercio provincial.  Las cámaras de comercio son corporaciones de derecho público, creadas mediante una ley, que prestan servicios a la empresa y representan, defienden y promocionan los intereses general del comercio y la industria. Los empresarios de una provincia escogen democráticamente (en teoría) a los dirigentes de estas organizaciones para que les defiendan y les ayuden a crecer asesorándolas y apoyándolas.

Tras la condena por evasión fiscal, la Cámara de Comercio de Castellón ha ratificado a Carlos Fabra como Secretario General. Que un Presidente de una diputación provincial tuviera una cargo de responsabilidad en una cámara de comercio (fue nombrado en 1975) es, en sí mismo, algo un tanto preocupante: empresarios y políticos están tan asociados que ni se preocupan en estar en instituciones separadas. Que los empresarios de Castellón crean que un cretino condenado a cuatro años de cárcel por hacer todo lo posible para no cumplir con una de las obligaciones más básicas de cualquier ciudadano sea la persona adecuada para representarles, defenderles y asesorarles es patético.

Los motivos aducidos son absolutamente delirantes. Los delitos pertenecen “al ámbito de la economía particular“, dicen. La Cámara de Comercio cree sinceramente que un tipo que no quiere pagar su parte de impuestos puede ir a pedir subvenciones al gobierno. O quizás quiere recibir consejos sobre cómo no pagar esos impuestos de alguien con experiencia en intentar vivir de gorras. Es como nombrar a Hannibal Lecter como crítico gastronómico y defenderle diciendo que su dieta es un tema privado. También aducen que el cargo es “permanente e inamovible” excepto en casos de “ineptitud para el desempeño de su cargo o falta grave cometida en el ejercicio de sus funciones“. Si creen que un tipo condenado a cuatro años de cárcel puede ir por la vida ejerciendo esas responsabilidades, su definición de ineptitud es mucho más laxa de lo que debería.

La condena no es firme, ciertamente. Cuando hablamos del fracaso de las élites en España, sin embargo, nos referimos precisamente a esta clase de comportamientos. Tenemos un tipo que se ha tirado décadas manejando los hilos del poder de una provincia. El hombre es un cretino público y notorio, que lleva riéndose en la cara de los votantes con total impunidad varios lustros. Es la cara visible del caciquismo, y va a ir a la cárcel. Las élites provinciales de Castellón, sin embargo, prefieren protegerle a dejarle caer. Las reglas más elementales de ciudadanía no tienen la más mínima importancia. Las toneladas de evidencia que el tipo ha estado robando a manos llenas es perfectamente asumible, ya que ha conseguido escapar una condena a base de cargarse jueces y buenos abogados. El tipo es uno de los nuestros. Las leyes son para tontos, ingenuos y plebeyos.

La democracia, los estados de derecho modernos, se basan en un principio muy simple consistente en tomarse las leyes en serio. Las reglas, normativas, decretos y leyes no son declaraciones de intenciones de las administraciones públicas, o ideas locas de algún político por Valencia o Madrid explicándonos historias. Las reglas, las leyes, están ahí para limitar el poder y la discrecionalidad de los poderes públicos, convirtiendo al estado en una institución predecible y neutral. La administración deja de ser un instrumento al servicio de los poderes públicos, y pasa  a tratar a todo el mundo según las misma reglas.  Sin un estado de derecho sólido con reglas predecibles y procedimientos reglados, sin seguridad jurídica,  tenemos un mar de incertidumbre. No sabemos qué hará el gobierno. No sabemos si nuestros proyectos molestarán a alguien. Si queremos hacer algo necesitamos tener amigos en altas esferas.

Un sector no precisamente pequeño de la clase política española, y sus parientes cercanos, la élite empresarial y funcionarial, parecen ser totalmente impermeables a esta idea. La legislación es para ellos algo formal; lo importante es poder mandar, estar cerca del que manda y asegurarse que las reglas están ahí para protegerles de todo mal. El estado no es neutral, ni debe serlo. Es sencillamente, un instrumento más.

La cuestión es, el estado de derecho no es un capricho izquierdista o un conjunto de ideas estéticas para gobernantes preocupados por quedar bien. La idea detrás del estado de derecho parece simple, pero la neutralidad del estado, su imparcialidad, es un elemento clave en la construcción de una economía de mercado eficiente. Es muy distinto invertir en Castellón, un lugar donde ser “uno de los nuestros” y tener los contactos adecuados es más importante que talento, que hacerlo en Alemania, un sitio donde los políticos dimiten si son cazados plagiando una tesis doctoral, muertos de vergüenza. Generar crecimiento económico sostenido sin un estado de derecho establecido no es imposible, pero es infinitamente más complicado. En todos los países hay gente deshonesta, y es casi inevitable que alguno acabe metido en política. Lo que no es admisible, ni aceptable, es que España cuando uno de estos cretinos sea cazado los miembros de su partido le defiendan durante más de una década, y las élites de su provincia acaben por decir que su comportamiento es básicamente aceptable.

¿Podemos cambiar estos comportamientos? Sí, es posible. No es cuestión de cultura, tradiciones y la incorregible estupidez de los votantes de Castellón. Como hemos mencionado una y mil veces, las instituciones importan. Alemania no es un lugar donde se respetan las leyes por estar lleno de alemanes, sino porque Adenauer, Erhard y demás padres fundadores de la Ley Fundamental de Bonn diseñaron de forma consciente un estado de derecho sólido. Para ello necesitaremos por un lado una reforma profunda, seria y detallada de la administración pública, crear reguladores imparciales e independientes, y eliminar la miríada de normas, regulaciones y chiringuitos legales creados para proteger estas prácticas.

Para que eso suceda, me temo, hace falta escoger mejores políticos, por un lado, y dejar de ver esta clase de comportamientos como algo común o vagamente aceptable. No lo son. Y para arreglarlo, insisto, hay que meterse en política; con salir a la calle y protestar un par de veces al año no basta.