Hispania.

Agencia Tributaria y el control de la administración pública

10 Dic, 2013 - - @egocrata

La saga de dimisiones, destituciones, despidos y puñaladas traperas dentro de la Agencia Tributaria está recibiendo afortunadamente bastante atención en los medios. Dejando de lado el transfondo real detrás de todos estos cambios (es decir, fuera o no la sanción a Cemex y factor), una intervención tan decidida, extensa y profunda por parte de los políticos sobre una agencia pública en teoría independiente es un escándalo con todas las letras, y va siendo hora que sea tratado como tal.

Empecemos por lo básico: en un estado de derecho decente con un cierto respeto a las reglas y una administración pública profesional e independiente es inadmisible que un político poco más que admita explícitamente estar ejecutando una purga ideológica. Un ministro puede acusar a sus burócratas de ser torpes, incompetentes o de hacer las cosas mal aposta, pero no puede andar por el mundo justificando ceses y dimisiones porque pertenecían al partido rival. La administración pública en general, y la agencia tributaria más que nadie, por su condición de recaudadora de impuestos, debe actuar de forma imparcial, aplicando las leyes como están escritas y tratando a todos los ciudadanos igual. La forma para conseguir que eso suceda es asegurar que los políticos al mando de la agencia puedan cambiar esas leyes si así lo desean y tienen votos para ello, pero no puedan cesar o forzar la salida de aquellos que no están implementado la normativa como ellos quisieran.

Esto quiere decir que en un estado de derecho decente los funcionarios pueden y deben perder su puesto de trabajo si son inútiles, cretinos o corruptos, pero la última persona que debe ser capaz de decidir sobre esta materia son los líderes políticos que están por encima de ellos. La burocracia, la administración pública, no es un juguete con piezas intercambiables a gusto del ministro de turno; es una maquinaria que aplica leyes y reglamentos, y debe ser capaz de hacerlo sin temor que un político interfiera. Cualquier cambio de personal en un agencia pública, por lo tanto, debe estar estrictamente justificado y tan lejos del alcance del ministro como sea posible. De lo contrario, es fácil imaginar escenarios donde los políticos pueden presionar a sus funcionarios para favorecer intereses particulares.

El caos en la Agencia Tributaria estos días nos debería recordar dos reformas necesarias para mejorar la administración pública española. Primero, hay demasiados cargos de libre designación. Montoro ha sido capaz de hacer una limpieza tremenda en la Agencia Tributaria básicamente porque como ministro controla demasiados nombramientos; hay una cantidad insultante de puestos directivos en todas las administraciones que pueden ser cambiados por los políticos, y esto daña seriamente la independencia de la función  pública. Victor Lapuente ha escrito repetidamente sobre este problema; la politización de las administraciones aumenta la discrecionalidad de muchas decisiones, debilita el estado de derecho al dar demasiado poder a los políticos y es una fuente casi inagotable de escándalos de corrupción. El gobierno del PP, como de costumbre, parece no sólo no ver esto como un problema sino que está explotando esta politización sin ningún reparo. Es una reforma pendiente desde hace décadas que por supuesto dejaran a medias.

El segundo problema a resolver es la necesidad de crear mecanismos de control creíbles hacia el ejecutivo en nuestro sistema político. La democracia española con un gobierno con mayoría absoluta es poco menos que una dictadura electiva; el parlamento no tiene instrumentos efectivos para vigilar al ejecutivo. Cualquier reforma de la administración pública debe incluir la creación de un inspector general independiente que evalúe la gestión y competencia de la administración pública. Los políticos no son el actor adecuado para andar disciplinando funcionarios sin cargarse la función pública. A los ministros españoles no les parece importar demasiado aplicar las leyes de forma arbitraria, pero esto en si mismo es un problema.

Como hemos insistido por aquí a menudo, la imparcialidad de las administraciones públicas no es un capricho moralista, sino una necesidad económica real. Si en un país o región los políticos pueden “animar” a los funcionarios a resolver expedientes, regulaciones, multas, concesiones, licencias o impuestos de una forma u otra (o aún peor, los políticos pueden nombrar a los funcionarios que toman estas decisiones) el estado de derecho entendido como igualdad ante la ley no funciona, y cualquier interacción con el estado pasa de ser una transacción previsible, reglada y estable a una lotería o una carrera para hacer amigos en el ministerio o concejalía de urbanismo de turno. La arbitrariedad, la administración inconsistente de la ley, es un obstáculo tremendo para la actividad económica. Los ganadores no son necesariamente las mejores empresas, sino las que tienen mejores contactos, o consiguen convencer al ministro que las leyes están ahí para hacerles un favor.

Hace unos meses en Estados Unidos la sospecha (que resultó ser errónea) que uno o varios funcionarios del IRS (la Agencia Tributaria local) habían sido más estrictos con ONGs conservadoras al procesar su papeleo provocó un escándalo mayúsculo, horas de comparecencias, decenas de informes y una cadena de dimisiones en la administración Obama y en el IRS. La cosa quedó en nada (el IRS estaba siendo igual de duro con organizaciones políticas de toda índole, según parece) pero la más mínima sospecha de conductas impropias bastó para hacer que rodaran cabezas. Con la independencia de las administraciones públicas no se juega, y menos si es quien recauda impuestos.

En España, de momento, todo parece indicar que tenemos un purga de funcionarios incómodos, y nadie parece estar demasiado preocupado. Los medios hacen bien de seguir insistiendo en ello – Montoro debe dar explicaciones cuanto antes.

Nota al margen: en cualquier estado moderno remotamente normal un uso de fondos públicos para un acto de propaganda política tan patéticamente obvio como este sería motivo no de dimisiones, sino de ceses e inhabilitaciones a manos llenas. Sobrequés, por cierto, era socialista. Hay gente para todo.