Educación

La hora del pacto educativo (I: Antecedentes)

14 Nov, 2017 - - @lucas_gortazar

Tras 8 meses de comparecencias, esta semana comienzan las negociaciones de la subcomisión del Pacto de Estado Social y Político por la Educación. En estas tres entradas que planteo, comenzaré por describir los antecedentes del pacto hasta llegar a día de hoy, seguiré con la agenda de políticas públicas que se debate, y acabaré hablando del contexto del pacto, los actores y las posibilidades reales de acuerdo. 

El primer intento (2010-2011)

Tras la resaca del octubre catalán llega un intermezzo que puede derivar en múltiples escenarios políticos. Uno de ellos incluye el surgimiento de un nuevo consenso político, que además de una reforma constitucional, incluya las bases de las políticas públicas de las próximas décadas. Es difícil pensar en una mejor política que la de la educación, pues nada representa mejor el futuro de una sociedad que la educación que van a recibir en los próximos años millones de niños.

Pero el camino hasta aquí ha sido complejo y errático. La idea de pacto educativo, ya esbozada hace más de diez años por varias voces, ha tenido un enorme eco social y político, dentro y fuera del ámbito educativo. La cuestión es recurrente y tiene la paradoja de encerrar por un lado una gran falacia pero por otro alumbrar una idea sofisticada y consistente.

La falacia, claro está, es que no ha habido 6 grandes transformaciones educativas a golpe de ley desde 1978. Ha habido una o, como mucho, una y media. Las demás han supuesto modificaciones, alteraciones, o restructuraciones legislativas necesarias, que aun habiendo tenido un impacto mediático importante, no han supuesto transformaciones sustanciales del sistema educativo. Y es que, como hemos apuntado mucho en este ciclo, los sistemas educativos cambian lentamente y la inercia de los mismos tiene un peso importante desde una perspectiva histórica. No es casual encontrar elementos del debate educativo de los últimos meses en los preámbulos de la, LOMCE, LOGSE, LODE o incluso la lejana LGE del periodo franquista.

La paradoja, sin embargo, es que estos cambios legislativos que, en muchos casos no han abordado temas estructurales de fondo (o bien por omisión o bien por trifulca política), nos revelan la imperiosa necesidad de llegar a un acuerdo que fije las reglas del juego y siente las bases de un sistema educativo para una generación. La comunidad educativa está harta de la falta de coherencia, de la excesiva burocratización de sus tareas, y de una politización de lo accesorio que ha secuestrado lo fundamental. Y es que en educación (y otros sectores) las decisiones importantes, las de largo plazo, acaban posponiéndose por razones partidistas, lo cuál tiene consecuencias enormes para el futuro. Y eso hace que las administraciones, los centros y los profesionales de la educación comienzan a perder la paciencia y la confianza en el sistema. Como ya comentábamos hace unos meses, la paciencia es precisamente un ingrediente fundamental para mejorar nuestro sistema educativo.

Este era el ruido de fondo que muchos recordarán de la negociación que se produjo entre 2010 y 2011, liderada por el ministro Gabilondo, y secundada por partidos, medios de comunicación, y diversas organizaciones del sector. El resto ya lo conocen, y termina con la convocatoria electoral de 2011 por parte del Gobierno, el descuelgue de un PP en la oposición que aguardaba su gran victoria y el fin de toda posibilidad de un amplio acuerdo a pocos meses de unas elecciones. De nuevo, la política de la educación dejó de lado a la Política Educativa.

LOMCE (2013): reformas con recortes

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) nació muerta porque adolecía de dos elementos fundamentales: la falta de consenso entre partidos y administraciones (incluso dentro del propio partido que la aprobó) y la financiación necesaria para ser creíble. Combinar reforma educativa con recortes presupuestarios es pegarse un tiro en el pie porque implica carecer de credibilidad y legitimidad con quien va a implementarla (docentes y centros). Y es que es difícil encontrar grandes transformaciones de sistemas educativos de nuestro entorno que hayan ido acompañadas de una caída de más de un 15% del presupuesto público. Al contrario, normalmente la apuesta suele ser de acompañar reformas con inversión.

Sin entrar en gran detalle, la LOMCE ha sido muy controvertida por varios motivos.  Por ejemplo, abría la puerta a la separación temprana de los 16 a los 15 años con la creación de la FP Básica, una idea que aunque trataba de abordar la cuestión del abandono educativo (en ocasiones asociada al modelo comprensivo de la LOGSE), ya hemos visto que puede tener efectos perniciosos sobre la desigualdad a largo plazo. Por otro lado, aunque el diseño de las pruebas competenciales de la LOMCE fueron un buen intento de progresar con nuestro sistema de evaluación, situarlas al final de etapa y darles (en primaria primero y en la ESO después) un carácter de reválida suponía entronizar la lógica calificatoria y prescriptiva que tanto daño hace al aprendizaje promoviendo la cultura de la repetición.

La oposición a la LOMCE (y los recortes) ha sido la bandera de muchas organizaciones sindicales y mareas en el último lustro, una suerte de objetivo final. Pero como comentaba uno de los analistas más lúcidos del sistema educativo español, “no basta con derogarla porque no hay ningún paraíso al que volver”. La LOMCE no fue distinta a las demás, ya que tropezó sobre la misma piedra que las anteriores: dejar de lado la cuestión de la profesión docente, fundamental para cualquier sistema educativo.

De la mano de los recortes, el laberinto de la LOMCE nos deja un erial donde impera una desconfianza que hace complicado un pacto educativo mínimamente amplio. En la conferencia sectorial, reina la tensión entre CCAA y el MECD, fruto de disputas por repartos competenciales. Las organizaciones sindicales o de profesores interinos recelan de cualquier paso en adelante que no cuente con una normalización de condiciones laborales y personal suficiente. Y por si fuera poco, está emergiendo en alumnos, familias y centros una cultura anti-evaluación a causa de las reválidas, que se extiende a todas las pruebas externas, incluidas las de carácter diagnóstico.

La creación de la subcomisión (2016)

Que un pacto educativo sea difícil no implica que no sea necesario. Empezando por la oposición, negar un acuerdo educativo implica asumir que seguimos con la LOMCE, quien sabe hasta cuando. Quizás por todo ello, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos y los nacionalistas, en diciembre de 2016 se creó finalmente una Subcomisión para lograr un Pacto Social y Político por la Educación.

El proceso de negociación es sin embargo espinoso, ya que tras las comparecencias, comienza una negociación que debe acabar en un documento – que incluya diagnóstico, objetivos y medidas a tomar- votado por la cámara. Ese documento deberá después llegar al Ministerio, que es quien debe trabajarlo con las Comunidades Autónomas y Consejos Escolares. Ese proceso, frágil y tedioso, finalizará en una ley orgánica que sustituya a la LOMCE para adaptar el marco regulatorio a los planteamientos del pacto. Esa ley debe ser enviada de vuelta para ser votada por la cámara baja, de forma que una ley redactada por el MECD cuya esencia diste mucho del documento de la subcomisión corre el riesgo de caer en desagracia. Y es por eso que nos movemos entre un endeble acuerdo de mínimos – del que todo lo no acordado queda a discreción del MECD en la ley – y un complejo acuerdo de máximos – que dificulta la negociación de la Subcomisión-. En todo caso, y que me corrijan los politólogos si discrepan, el resultado de todo este proceso será un buen “test de estrés” del nuevo sistema de partidos surgido del periodo de elecciones 2015-2016.

Hay, sin embargo, algunos motivos que invitan a un optimismo precavido. Desde que la subcomisión echó a andar en febrero de 2017, han pasado por allí más de 80 comparecientes, incluyendo organizaciones educativas, centrales sindicales, expertos y académicos, redes de centros y organizaciones del tercer sector. Quien ha seguido de cerca las comparecencias  convendrá el buen ambiente de la misma, el tono constructivo, y sobre todo, la constatación de una serie de consensos en torno a lo fundamental en el día a día de los centros y las aulas, que no es otra cosa que el aprendizaje de todos los alumnos a su máximo potencial. Consensos que han estado tapados por las batallas culturales que han dominado la política de la educación en las últimas décadas. De todos estos consensos hablaré en mi próxima entrada.