En España siempre tenemos un mismo problema dentro de nuestro sistema autonómico: nadie sabe realmente qué impuestos uno puede recaudar. La polémica del euro por receta estas últimas semanas es un ejemplo clásico; aunque las autonomías tienen la sanidad transferida desde hace años, el gobierno central se niega a permitir que nadie cree una tasa que grave la utilización de ese servicio, por mucho que ya no lo gestionen.

El absurdo, por supuesto, va más allá de la mera atribución competencial. El gobierno central lleva dos años intentando forzar a las autonomías a reducir su déficit, entre las quejas ,alaridos y protestas de todos los presidentes regionales. Cuando dos comunidades (Madrid y Cataluña) deciden que quieren hacerlo recaudando un pequeño tributo disuasorio para reducir el gasto farmacéutico*, el ministerio decide llevarlos a los tribunales. Es complicado reducir el déficit cuando llevan todos tus planes de ahorro al Constitucional.

Esta obsesión con controlar quién puede recaudar qué tributo es una estupidez por dos motivos. Primero, el gran problema de nuestro sistema de financiación autonómica (y uno de mis viejos caballos de batalla) es que las administraciones que gastan la mayor parte del dinero (autonomías) no lo recaudan. Esto crea toda clase de incentivos perversos, empezando por gastar más de la cuenta y después ir a pedir un pacto fiscal a Madrid cada cinco años para algunas comunidades ricas, o poder tirar dinero a paladas sin que nadie tenga que preocuparse de dónde sale en algunas comunidades pobres. Lo natural, en estos tiempos de crisis, hambruna y necesidad de equilibrar presupuestos, sería permitir a los gobiernos regionales pagarse sus vicios con impuestos si así lo desean, como hace cualquier administración pública responsable. Tener a Hacienda llevando la contraria no ayuda en absoluto.

Segundo, los sistemas políticos federales (y España es esencialmente un estado federal – las autonomías y municipios controlan más de la mitad del gasto) tienen una regla muy simple sobre tributación: cada administración puede poner impuestos donde le plazca. En Estados Unidos cada estado tiene una estructura fiscal completamente distinta: hay lugares con impuesto sobre renta, otros sin ella, estados con impuestos de propiedad estatal y local, otros sólo local, impuestos de lujo distintos, venta minorista, y así hasta donde a uno le llegue la imaginación. La variedad de tributación es tal que incluso hay ciudades con su propio impuesto sobre la renta o ventas (Nueva York) o tasas separadas para alcantarillado y bomberos. La única condición, en la mayoría de los gastos, es mantener una cierta estandarización en el papeleo y utilizar la estructura del IRS (la hacienda federal) para la mayoría de tributos, pero más allá de eso, cada uno actúa por su cuenta. Los estados ya se preocupan de limitar el nivel de papeleo y mantener sus impuestos parecidos a sus vecinos para poder competir.

Podemos encontrar ejemplos parecidos en otros sistemas federales. Canadá tiene dos tramos de IVA, uno provincial y otro federal; sin embargo, algunas provincias no tienen este impuesto, y la federación simplemente tiene un tipo federal más elevado en esos territorios y les pasa la diferencia. Cada provincia paga la cobertura sanitaria de forma distinta (vía impuestos, primas o cotizaciones), y todas tienen un impuesto sobre capitales distinto. El país, que yo sepa, funciona rematadamente bien. Más cerca de España tenemos los suizos, con impuestos sobre la renta completamente distintos por cantón, y algunos cantones incluso con tipos negativos (es decir, devolviendo dinero) para compensar la recaudación federal.

Aunque no todos los estados federales son tan flexibles (Alemania tiene un sistema excepcionalmente aburrido con Berlín recaudando casi todo- aunque su sistema de reparto es bastante más eficaz y predecible que el nuestro), las Comunidades Autónomas deberían ser capaces de decidir cómo pagan sus facturas libremente. Si quieren coser sus residentes a impuestos, deben poder hacerlo; cualquier mecanismo que haga el sistema de financiación menos dependiente de transferencias aleatorias entre administraciones debería ser bienvenido. El gobierno central, como mucho, debería asegurarse que los impuestos no vulneran la unidad de mercado (nada de aranceles, vamos) ni son demasiado arbitrarios (impuesto sobre etiquetas en castellano, o algo peor), pero dejando margen para que las autonomías puedan recaudar como les apetezca. El Consejo de Política Fiscal podría crear un marco general para armonizar sistemas y papeleo, pero no creo que hiciera falta ir mucho más allá.

Quien gasta recauda, es bastante sencillo. Y que lo haga como quiera; los votantes en cada comunidad son mayorcitos para decidir sobre sus vicios. El federalismo es eso, al fin y al cabo.