La aprobación de una tasa sobre las transacciones financieras (TTF) por la Unión Europea supone un hito importante en la serie de consecuencias de la crisis financiera. En contraste con la creencia popular, la propuesta está especialmente alejada de lo ideado por James Tobin, que se centraba en imponer una tasa a las transacciones de divisas al contado . Según la propuesta de la Comisión, estas transacciones estarían exentas, de forma que la tasa se aplica en las transacciones de bonos o acciones (un 0,1% del nominal) y de derivados (0,01%): opciones, futuros, swaps de tipos de interés, operaciones a plazo en el mercado de divisas y demás juguetitos financieros. En la propuesta se sugiere también la exención de la tasa para las transacciones en el mercado primario, con el objetivo de evitar en la medida de lo posible un aumento del coste del capital y para algunos agentes financieros que sirven de proveedores de liquidez en los mercados, o market makers . Los sujetos obligados a pagar la tasa serían aquellas instituciones con sede en la Unión Europea.

Las principales razones económicas detrás de este tipo de impuesto se centran en que la mayoría de las operaciones financieras están exentas de IVA, con lo que esto crea una fuerte distorsión de la competencia hacia esos negocios. Por otra parte, se cree que una tasa como esta reduciría la volatilidad de los mercados (y su inestabilidad) al aumentar el diferencial de compra-venta necesario para proceder a un arbitraje. El mismo argumento sirve para creer que limitaría las transacciones de alta frecuencia  y la especulación. Por último, está la razón obvia: recaudación, o lo que los políticos han dado en llamar “que los mercados financieros paguen su parte de la crisis”. Las estimaciones de la Comisión calculan la recaudación en 50 MM euros.

Sin embargo, no está claro que estos efectos positivos ocurran en el momento de imponer la tasa. Por una parte, una TTF reduce la liquidez en los mercados financieros, expulsando muchas transacciones al dejar de ser rentables, especialmente los derivados de corto plazo. En el caso concreto de operaciones tipo repo (pactos de venta con recompra) a corto plazo, el coste se podría disparar hasta ser 10 veces mayor que el interés pactado (  página 18 ), drenando el mercado de corto plazo y expulsando la financiación interbancaria únicamente hacia el largo plazo. Un mercado con menos liquidez puede provocar un aumento de la volatilidad, en contra de la intención del legislador. Tampoco hay evidencia de que imponer tasas a las transacciones ayude a evitar burbujas financieras, debido a que estas pueden venir provocadas por argumentos irracionales y la existencia de la tasa dificulta la correcta formación de precios.

Por otra parte, las transacciones de derivados, normalmente ejecutadas por hedge funds, no estarían sujetas a la tasa (o la evitarían) si los operadores practican la sencilla estrategia de usar un domicilio de fuera de la UE. Por último, incluso asumiendo que los cálculos de recaudación son correctos (algo en lo que los suecos tienen razones  para no creer), el coste de la tasa se repercutiría muy probablemente en costes financieros más altos para los consumidores finales, tanto tiburones de las finanzas como abuelitos con planes de pensiones, así que los mercados financieros no pagarían mucha parte de la crisis.

Existen ejemplos empíricos de países que aplican una TTF, aunque generalmente menos ambiciosa que la propuesta europea. En particular, Reino Unido tiene una larga experiencia con la stamp duty, una TTF que se aplica solamente a las transacciones de bonos y acciones emitidas en territorio británico (lo que se denomina principio de emisión, a diferencia del sistema propuesto por la Comisión, basado en la residencia). Este detalle es clave al facilitar la recolección del impuesto, que se ejecuta prácticamente a tiempo real (se efectúa en los sistemas de liquidación y compensación británicos en el momento de la transacción y estos pagan directamente al Tesoro, lo que lo convierte, en contra de algunas voces contra las TTF, en el impuesto más fácil de recaudar). Las transacciones efectuadas fuera de estos sistemas tienen un recargo mayor, de forma que una gran parte del impuesto se recauda fuera de Reino Unido. Con este sistema, Reino Unido recauda entre 3,5 y 5 MM de euros.

Las diferencias entre la stamp duty y la TTF europea son muy importantes para entender el rechazo del Reino Unido a la propuesta. La deslocalización es un problema del principio de la residencia frente al de emisión, al facilitar la evasión fiscal, especialmente en productos derivados del mercado de divisas, donde Londres es una plaza central; y quitando parte del pastel recaudatorio a Reino Unido en el mercado de bonos y acciones (la parte de los impuestos que pagan allí entidades con sede al otro lado del Canal).

Es sencillo encontrar mecanismos de tasación que cumplan los objetivos mencionados arriba sin causar el daño sobre el sistema financiero que provoca una TTF. Extender la stamp duty habría sido fácilmente aceptable por parte de todos los socios, aunque inútil para reducir los efectos de las operaciones especulativas. Aún así, estos efectos se podrían haber alcanzado mediante limitaciones de la actividad en derivados (o incluso haber mitigado sus efectos sobre la estabilidad financiera con una Volcker Rule). Los efectos distorsionantes de la exención del IVA se pueden mitigar aplicando una tasa extraordinaria sobre los beneficios de aquellas sociedades cuyos ingresos provengan de transacciones exentas, o bank levy , o imponiendo una tasa sobre los salarios provenientes de dichas actividades, a la manera francesa  o danesa. Este último tiene el problema de dañar el empleo, aunque tiene el beneficio adicional de tener la posibilidad de tasar excepcionalmente los bonus de los directivos bancarios.

En resumen, aunque resulta justo y necesario una imposición específica al sector financiero debido a las consecuencias sistémicas de sus colapsos, existen mecanismos que alcanzan los mismos objetivos sin dañar al crecimiento, que la propia Comisión estima en un descenso del crecimiento del PIB a largo plazo de hasta el 1,76%  . Al imponerse una TTF solo en Europa y no en todos los mercados financieros, los efectos distorsionantes se multiplican por la alta movilidad del capital y, por tanto, resultaría más efectivo y menos contraproducente un impuesto directo sobre las cuentas de resultados.