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Vendiendo una (hipotética) reforma laboral

12 Ago, 2009 - - @egocrata

Un servidor es un eterno optimista – y como tal, a veces me creo que en España, algún día, pasaremos una reforma laboral decente. No repetiré las razones por las que creo que es urgente cambiar el mercado de trabajo en España (leed a gente más sabia), pero sí, es algo necesario.

La reforma probablemente implicará cambios legales que beneficiarán a unos (trabajadores jóvenes, gente hiperproductiva, pequeñas empresas que quieren crecer, gente que toma riesgos) y perjudicarán a otros (trabajadores menos productivos con contratos ultraseguros, gente que no quiere actualizarse, y en cierto sentido, trabajadores más veteranos), así que venderla no es un trabajo necesariamente fácil. Incluso tomando como modelo un esquema que da resultados parecidos al sistema actual (pero con un sistema a efectos prácticos bastante distinto) y con un efecto agregado en la economía nétamente positivo, un gobierno necesitará nervios de acero para que su plan no se lo lleve por delante. Es material peligroso.

¿Cómo debería afrontar un hipotético gobierno reformista un cambio legal de esta magnitud? Es un problema difícil – la falta de entusiasmo generalizada en la clase política española lo deja bastante claro. La campaña de comunicación para defender los cambios bien podría ser impecable y el partido acabar con sus huesos en la oposición de todos modos. Es la reforma antimayoritaria por antonomasia; una misión suicida.

Supongamos, de todos modos, que el presidente de turno es un machote y quiere hacerlo de todos modos, tentando el destino y su buena estrella. ¿Qué pasos debería seguir? Permitidme avanzar una teoría hipotética.

El primer paso: olvidarse del diálogo social, o al menos no convertirlo en un fetiche. Empresarios y sindicatos tienen muchos y loables objetivos, pero su principal preocupación no es la eficiencia o justicia agregada de la economía española. Los empresarios estarán encantados de tener una economía más eficiente si eso genera más beneficios, pero preferirán oligopolios sólidos y un poder de mercado exagerado en el mercado laboral (léase: mercado dual) a cruzadas quijotescas buscando un mundo mejor. Los sindicatos hablarán de justicia todo el día, pero si eso implica que sus afiliados con contrato indefinido ven la probabilidad de ser despedidos aumentar una décima montarán en cólera, sin importarles un rábano si eso genera paro. Si los agentes sociales quieren participar, encantados, pero no esperemos que busquen un mundo mejor – una buena reforma, de hecho, debería cabrear a los dos.

El segundo punto es que la reforma tiene que hacerse en un momento de crisis. Los votantes tienden a olvidarse de los problemas después de una recesión; por mucho que el paro pasara del 20% en 1993, Aznar no pudo convencer a nadie que una reforma era necesaria para evitar que la siguiente recesión repitiera el problema. Puestos a ser cínicos, el momento ideal para aprobar la ley sería dos o tres meses después que la economía ha dejado de contraerse; esto es, unos meses antes que el desempleo empiece a bajar.

La reforma laboral desgastará al gobierno que la apruebe de forma importante, así que es importante aprobarla de modo que tenga efectos visibles. El efecto real es más sutil (mejora de la productividad, empleo más estable, mayor igualdad, etcétera) y más a largo plazo, pero todo es cuestión de poder ponerse la medalla.

Tercero, no podemos vender la reforma utilizando argumentos sobre mejora de la productividad o evitar grandes desempleos futuros – o al menos, no sólo podemos utilizar esta clase de explicación. Cualquier oposición a la medida probablemente adoptará una retórica más o menos progresista, hablando sobre cómo el malvado ministro quiere destruir nuestros derechos sociales.

La idea central al vender la reforma debe ser la de solidaridad – o, más específicamente, hablar sobre cómo la reforma es esencial para asegurar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. La crisis económica ha tenido un efecto desproporcionado entre los trabajadores más jóvenes, los trabajadores poco cualificados y mujeres; la reforma tiene que ser «vendida» como una ayuda para los que se quedan atrás – un pequeño sacrificio de los trabajadores que disfrutan de puestos de trabajo con contrato indefinido (2/3 de los votantes) para ayudar a los que se quedan fuera y sufren lo peor de la recesión.

El gobierno, sin embargo, no puede quedarse aquí -la reforma sería algo negativo a corto plazo (en apariencia; si el cambio es algo parecido a la idea de Blanchard que defendía por aquí, sería casi invisible) para una mayoría cabreada, y la reforma sería horriblemente impopular. La ley sería vista como un «jóvenes contra viejos», en cierto sentido; no podemos permitirlo. Es por eso que el gobierno tiene que vender la reforma como algo que va más allá de hacer un sacrificio para hacer que todos podamos participar de la riqueza, etcétera, etcétera: es necesario incorporar un cierto quid pro quo.

Es por eso que más que hablar de reforma laboral el lenguaje debería ser el de pacto social por el empleo y las pensiones. Las medidas liberalizadoras del mercado del trabajo estarían asociadas a medidas que garanticen que el el sistema de protección social sea solvente, especialmente en lo que respecta a los trabajadores más cercanos a la jubilación. Así, según abaratamos el despido (asustando a los veteranos) aumentamos la edad de jubilación para los trabajadores de menos de 40 años, y añadimos protecciones adicionales para los desempleados mayores de 55. Más flexibilidad laboral a cambio de más seguridad social – todo el mundo cede algo por el bien común y la solvencia del sistema.

La idea no es proponer una reforma aparentemente indolora y mágica. Esas reformas existen, pero no sirven para nada. La idea es poner sobre la mesa un plan en el que pagan todos y cobran todos, de modo que el sacrificio individual sea visto como un pequeño paso para un bien colectivo. En cierto sentido es una extensión de la lógica de mantener los impuestos progresivos sólo hasta cierto punto; el altruismo es algo que funciona mejor si incluye una cierta reciprocidad. Hay una amplia tradición de estudios que muestran que las personas están dispuestas a dar más si su esfuerzo es correspondido por el que recibe la ayuda. Recordad el juego del ultimátum, sin ir más lejos.

¿Tiene esta clase de «pactos» o retórica alguna probabilidad de hacer que un gobierno en España sobreviva a una reforma laboral? Es difícil decirlo. El estado del bienestar en muchos países se apoya de forma implícita en esta idea. No me hago ilusiones; sería complicado mantener esta clase de discurso como dominante y ganar el debate en este tema, y menos con un gobierno  relativamente impopular en su segundo mandato.  Aún así, no creo que sea imposible – y la verdad, ambas reformas son muy necesarias. Si no hacen nada, perderán las elecciones igual. Quizás sea mejor morir matando.