Por aquí hemos hablado alguna vez sobre las consecuencias económicas de exigir licencias profesionales de forma sistemática. Aunque nuestros ejemplos favoritos son los taxistas y notarios, esta clase de limitaciones arbitrarias a la competencia son también visibles en otros mercados.

Ayer Zinedine Zinade, un tipo que ha ganado un Mundial de Fútbol y una Eurocopa, entre otros títulos menores, y que es visto como uno de los mejores jugadores décadas, descubrió que no está cualificado para entrenar un equipo de segunda división B en España al no tener el título oficial de entrenador correspondiente. Haber alcanzado las más altas cotas del fútbol profesional tanto en competiciones de clubes como con el equipo nacional de Francia no es experiencia suficiente como para dominar las complejidades de gestionar a veinte tipos corriendo detrás de un balón en un campeonato de tercera fila. Dios sabe qué horrores pueden acabar afectando esos pobres jugadores del Castilla, ahora mismo bajo el yugo de alguien que sólo ha visto un balón de fútbol en los mejores estadios del continente y ha aprendido de los mejores entrenadores. Es posible que quizás incluso sufran un ataque de admiración y se desmayen, o algo peor.

Lo más divertido de la noticia no es que Zidane resulte no tener suficiente experiencia y titulaciones para entrenar en segunda B, sino quién interpuso la denuncia: Miguel Galán, director de Cenafe escuelas, una empresa que se dedica a dar los cursillos oficiales del Ministerio de Educación que habilitan a alguien a ser entrenador de fútbol. Es decir, alguien que se gana la vida cobrando el peaje en la barrera de entrada regulatoria que limita quién puede entrenar un equipo de fútbol profesional en España.

No hace falta decirlo, pero es una regulación absurda. Ser entrenador de fútbol no es algo que pueda poner en peligro la vida del público, los jugadores o árbitros en caso que un tipo sin licencia ocupe el puesto. Es un trabajo difícil, ciertamente (y por algo los mejores entrenadores están tan bien pagados), y es posible que alguien que haya hecho unos cursillos intensivos sea marginalmente mejor que el experto de barra de bar medio, pero no hay ninguna necesidad objetiva para exigir un título oficial o licencia regulada para ejercerlo. Si el presidente de un club de fútbol quiere fichar a un tipo que pasaba por ahí o un campeón del mundo como entrenador y este resulta ser un patán incompetente su decisión no tiene resultados adversos más allá de las fortunas de su propio club. Un equipo de fútbol no es una aerolínea donde un piloto  cantamañanas puede poner en peligro la vida de sus pasajeros; es la pura definición de ocupación profesional donde crear barreras a la entrada en forma de licencias no tiene sentido alguno.

El título de entrenador, en su configuración actual, sólo tiene dos ganadores claros. Por un lado, gente como Miguel Galán, que se gana la vida preparando a la gente para superar trámites innecesarios. Por otro, al grupito de gente que se ha sacado el título, y que vive en un mercado donde gente como Zinedine Zidane no puede competir por su puesto de trabajo. A efectos prácticos, la pérdida de eficiencia en la economía española en general es relativamente minúscula: los clubes de fútbol tiene que pagar un poco más por sus entrenadores, ya que hay menos donde escoger, y pierden acceso a algunos trabajadores con talento que no entran en el mercado. Los entrenadores han tenido que pagar un coste adicional para entrar en el mercado, haciendo de su movilidad laboral algo más costoso, pero probablemente lo recuperan después. Pero poco más.

La cuestión es, esta clase de barreras a la entrada son relativamente habituales en muchos sectores de la economía española. Tenemos el país lleno de regulaciones sobre colegiación, licencias, titulos, habilitaciones, concesiones, restricciones al número de profesionales en un sector y demás barreras burocráticas en montones de sectores que en solitario no hacen demasiado daño, pero que en agregado acaban por tener efectos reales considerables. Calcular el coste real y efectivo de todas estas rémoras regulatorias no es sencillo (aunque hay estimaciones – hablé sobre una por aquí), pero es más que suficiente como para intentar limitarlas tanto como sea posible.

El estado debe imponer la necesidad de licencias sólo cuando veamos un fallo de mercado debido a  información asimétrica. En los casos, por ejemplo, en que los clientes de un mercado no puedan averiguar por sí solos si el profesional con el que están tratando es un medico de verdad o un vendedor de crecepelo, o cuando los clientes de un supermercado no pueden analizar las condiciones sanitarias de la carne que están comprando, que el estado imponga regulaciones sobre titulaciones o licencias sanitarias tiene sentido. Cosas como limitar el número de farmacias para proteger beneficios, exigir pasar un examen de peluquería para poder cortar el pelo o pedir colegiación obligatoria para ejercer de periodista (algo que algunos listillos andan pidiendo estos días) no es sólo absurdo, sino que tiene costes económicos reales. Ahora mismo tenemos a todo el poder del estado español protegiendo a un equipo de segunda B del pernicioso intrusismo de un campeón del mundo de fútbol. Creo que ahí hay alo que no tiene demasiado sentido.

Por cierto, una nota final: dentro de los costes de las licencias, regulaciones y demás se incluye la posibilidad de que aparezcan casos de corrupción. Pongamos, por ejemplo, las ITV o las farmacias. Si un político controla la creación de licencias sobre esta clase de negocios, y sabe que estas concesiones son a efectos prácticos licencias para imprimir dinero en un mercado protegido, no es en absoluto impensable que decida poco menos que venderlas. Estas clase de comportamientos no se limitan a empresas o concesiones administrativas, sino a cosas como licencias de obra, permisos de construcción y otras barreras regulatorias urbanísticas. La trama de corrupción en Madrid que salió a la luz ayer es un ejemplo de esta clase de transacciones, con políticos sacando provecho de su condición de guardianes de la puerta para extraer rentas. Como señalaba Galindo ayer, esto puede evitarse sacando a los políticos de estos procesos de toma de decisiones, pero también limitando su existencia a sólo casos en los que sean estrictamente necesarios.

No me extrañaría, por cierto, (hipótesis a investigar) que cuanto más politizada esté una administración pública, más propensa sea esta a regular la economía creando una cantidad excesiva de barreras regulatorias, por cierto. Por lo que sé de Grecia, Italia, Portugal, España y la adorable política municipal en Estados Unidos de forma anecdótica, no me parece una idea descabellada.