El artículo de Roger de hoy es francamente bueno, pero hay un par de cosas en las que me gustaría hacer hincapié. Creo que el argumento se puede reconstruir del modo siguiente.

1. Los mecanismos democráticos/mayoritarios no son sostenibles si no hay un mínimo de igualdad porque los ricos tienen miedo de que los pobres los expropien. (Boix)
2. La integración macroeconómica supone que hay un problema de riesgo moral porque los países pobres, al estar aislados del riesgo de cambio, tienen un incentivo para endeudarse por encima de sus posibilidades y ser rescatados periódicamente.
3. Un rescate es un mecanismo con consecuencias redistributivas fuertes como también lo es un ajuste macroeconómico (por la dimensión de suma cero de la competitividad y la redistribución entre deudores y acreedores)
4.  Un esquema de gobernanza macroeconómica consistiría en un mecanismo que gestione y reparta los costes de ajuste de una forma predefinida.
5. Conclusión: Gestionar la integración macroeconómica mediante mecanismos estrictamente democráticos/mayoritarios es inviable si no alcanzamos un umbral mínimo de igualdad entre países porque éste tendría consecuencias redistributivas sustanciales que los países del norte no quieren soportar.

Para mí, hay varios aspectos que creo que merece la pena matizar. El primero es el del punto  4. A veces tengo la sensación de que, al poner énfasis sobre la dimensión política/redistributiva de este problema, nos estamos olvidando de que hay soluciones más y menos eficientes. Concretamente, un esquema de gobierno macroeconómico no consiste únicamente en la gestión y repartición de los costes ex post (una claúsula de «no bailout»), tiene que ver también (y sobre todo) con la minimización de esos mismos costes ex ante. La función de aplicar una regla de estabilidad presupuestaria o de sostenibilidad financiera es precisamente la de lograr esa coherencia en la gestión de la políticas. Por eso, la aplicación de restricciones ex ante no es una forma de amordazar las decisiones democráticas, es en parte y sobre todo una forma de hacerlas dinámicamente consistentes.

No es que este matiz lleve a una conclusión fundamentalmente distinta en el punto de la viabilidad de una unión política basada en la regla de la mayoría, pero sí que re-encuadra el planteamiento del problema y, sobre todo, sus consecuencias normativas. Como ya planteé en estos tres posts (1, 2, 3), pienso que juzgar la legitimidad (normativa) de una decisión en función de si es o no «más democrática» es un ejercicio de cuya utilidad dudo profundamente. Sin embargo, si nos prestamos a ello, pienso que los mecanismos  que buscan que mantener la consistencia de las decisiones públicas no deberían ser vistos como restricciones a la soberanía propiamente dichas.

Mi profesor de constitucional nos explicaba siempre la soberanía con el caso de una mujer que se había prestado a un juego sadomasoquista dónde ella estaba atada y era maltratada. El problema que se planteaba era el clásico de si uno podía consentir a terminar con su propia libertad haciendo uso de su libertad. El tribunal (no recuerdo si era la Corte de Casación o la de Estrasburgo) había dictaminado que la mujer mantenía su libertad si, dentro del «juego», existía un signo o una clave con la que poner fin al juego. «La soberanía-nos decía- es el poder de decir no». En este sentido atar las manos del gobierno mediante «checks and balances» o «instituciones contramayoritarias» no es necesariamente un límite a la soberanía si lo que permite es conseguir una consistencia intertemporal en las decisiones y existe siempre la puerta abierta a recuperar ese poder (sufriendo las consecuencias). Para decirlo con otras palabras, me parece que incluir «el derecho a hacer default» o «renegar los compromisos que se han tomado de forma soberana» como parte del núcleo de la legitimidad democrática es probablemente forzar la máquina.

Esto me lleva al último punto de la discusión. Desde el punto de vista de la construcción europea, es perfectamente imaginable diseñar un mecanismo de gestión de los riesgos macroeconómicos que a) Minimice el riesgo moral (evite que los países -no necesariamente los estados- vivan por encima de sus posibilidades) b) Comparta los costes de los ajustes mediante un mecanismo que sea actuarialmente justo (i.e. redistributivamente neutral ex ante) c) No tenga por qué ser considerado como «antidemocrático» si se delimitan correctamente las competencias.