Las batallas legales sobre el aborto son una de esas constantes en apariencia infinitas de la política americana; el centro de las batallas culturales durante décadas, siempre el punto focal del movimiento conservador.

El aborto es legal en Estados Unidos desde 1973, cuando una sentencia del supremo (Roe v. Wade, de la que hablé aquí) estableció que la constitución garantizaba el derecho a interrumpir el embarazo. La lógica de la sentencia es un tanto complicada (leed), pero desde entonces el grito de la derecha religiosa americana ha sido derogar Roe.

Eso no es fácil. Los nueve jueces del supremo tienen cargos vitalicios. Cuando uno se retira o muere en el cargo (y lo segundo es casi tan habitual como lo primero – los jueces se resisten a dimitir) su substituto debe ser nombrado por el presidente y ratificado por el senado. Roe fue decidido con una mayoría de 7-2, así que darle la vuelta exigía no sólo cambiar un buen puñado de jueces, sino además que los nombramientos sucedieran con un presidente y senado republicanos. Revertir la sentencia requería no sólo una paciencia considerable, sino además tener movimiento de activistas bien organizado para garantizar que los nombramientos fueran impecablemente antiabortistas. Esa estructura es la Federalist Society (de la que hablé aquí), y está muy, muy bien financiada.

Esta semana, tras casi cinco décadas de paciencia, parecen que han conseguido su objetivo.

La ley de Texas

En mayo Texas aprobó S.B. 8, la ley más restrictiva sobre el aborto en décadas. Leyes como estas son habituales en este bendito país; muchos estados conservadores las aprueban de forma rutinaria. Lo que sucede casi siempre es que en el momento en que entran en vigor Planned Parenthood, la ACLU, o alguna organización parecida las lleva a los tribunales, y estos invariablemente las cogen, ven que contradicen Roe de forma directa, y las invalidan de inmediato. Los estados recurren, el caso llega al Supremo, y el alto tribunal les dice que oye, la jurisprudencia es clara, y os podéis ir a pastar. Son una forma de postureo sofisticado; hay toda una industria de abogados que se gana la vida litigando estos casos.

La ley de Texas, sin embargo, es distinta por dos motivos.

Primero, la legislación ha sido diseñada específicamente para contrarrestar o evitar la jurisprudencia de Roe utilizando una complicada artimaña legal. Cuando un estado aprueba una ley inconstitucional, el método que se utiliza para intentar detenerla es pedir una suspensión cautelar (injuction – la traducción no es perfecta, pero es el término más parecido) contra la institución u oficina estatal que está intentando aplicarla. Si el estado de Mississippi, digamos, prohíbe el aborto, los abogados ponen una demanda contra el secretario de sanidad del estado, y los tribunales le exigen que no aplique la ley hasta que haya sentencia en firme.

Texas, sin embargo, utiliza un método distinto; la ley únicamente puede ser efectiva a través de demandas civiles entre particulares. S.B.8 establece un mecanismo por el que cualquier persona puede llevar los tribunales a alguien que ayude o haga posible un aborto a partir del momento en que sea posible latidos en el corazón del feto, alrededor de las seis semanas de embarazo. Si el demandante gana el juicio, el tendrá derecho a recibir un mínimo de $10.000 por parte del demandado. El estado no está haciendo cumplir nada; es un pleito entre particulares. Por lo tanto, no hay autoridad alguna que llevar a juicio y pedir que se suspenda la aplicación de la ley.

Muchos estaréis preguntando, a buen seguro, si habéis entendido realmente la ley, y si de verdad Texas ha creado un sistema donde cualquier ciudadano puede actuar como una especie de cazarrecompensas antiabortista en sus ratos libres. Por absurdo y radical que parezca, esta es la ley que ha aprobado ese estado; la intención de los legisladores es que el sistema para penalizar el aborto en el estado sea completamenteprivado.

Y sí, seis semanas es un plazo cortísimo, hasta el punto de que muchas mujeres no son conscientes de estar embarazadas – y más cuando la ley define el principio del embarazo según el último ciclo menstrual de la mujer, que puede ser (si no estoy equivocado) dos semanas antes de la concepción. La legislación no incluye excepciones para casos de violación o incesto.

Es una ley brutal. No hay otra forma de definirla.

Por supuesto, los abogados que defiendan un demandado en un caso como este pueden alegar ante el juez que la ley es inconstitucional, y bajo judicial review, ese juez puede decidir que la ley es inconstititucional, etcétera, y hacer que llegue al supremo tras un montón de recursos. El “truco”, en este caso, consiste en que los jueces no pueden pedir medidas cautelares contra nadie, porque el estado no está haciendo nada, así que una vez la ley está en vigor todas las clínicas abortistas del estado están en el punto de mira de un número básicamente infinito de litigantes, afrontando unos costes legales casi ilimitados. Nadie va a correr ese riesgo, así que la ley, una vez en vigor, prácticamente ilegaliza el aborto por completo.

La lucha judicial

La ley fue recurrida a poco de ser aprobada, como era de esperar. Una red de clínicas de aborto fue a un juez federal alegando que S.B. 8 podía causarle daños irreparables en caso de entrar en vigor; a falta de una autoridad competente, el pleito fue presentado contra un juez de Texas que podría ser responsable de decidir sobre recompensas. El tribunal federal rechazó tanto un juicio rápido como medidas cautelares. Ante la inminente entrada en vigor de la ley el uno de septiembre, los abogados elevaron una petición al supremo para que suspendiera la ley, dada sus consecuencias directas tanto sobre derechos fundamentales como en el potencial coste de las denuncias.

El 31 de agosto, justo antes de medianoche, el supremo respondió, tras una votación 5-4, que no iban a bloquear la ley, y que esta podía entrar en vigor.

La nota del supremo no es una sentencia judicial en firme, ni un cambio directo sobre la jurisprudencia que invalide a Roe, al menos en teoría. Es una breve nota, señalan que los tribunales pueden bloquear la implementación de una ley temporalmente, pero no pueden suspender una ley. No se pronuncian sobre la constitucionalidad de la ley. Simplemente dicen que no les parece obvio que la ley pueda causar un prejuicio inmediato o que sea inconstitucional, así que deja que entre en vigor.

Por mucho que esto no sea una sentencia, la decisión del supremo es increíblemente relevante. Para empezar, han permitido que una ley que prohíbe de facto prácticamente cualquier aborto en Texas entre en vigor, algo que entra en contradicción directa con todos los precedentes desde Roe. Que el caso haya sido decidido en base de una cuestión técnica (y sin vistas orales) no invalida el hecho de que ahora mismo, en el supremo, hay una mayoría de 5-4 de jueces dispuestos a permitir que los estados puedan ilegalizar el aborto, y les han dado un mapa perfectamente claro sobre cómo hacerlo. Legisladores en seis estados ya han dicho que van a copiar la ley tejana de inmediato, y no serán los últimos.

En días venideros S.B. 8 será inevitablemente utilizada para denunciar a alguien, y los denunciados la volverán a llevar a los tribunales. Tendremos casos rebotando de juez en juez hasta llegar al supremo (la batalla ya ha empezado), y entonces el alto tribunal decidirá sobre el fondo de la cuestión, dirimiendo si la ley es inconstitucional o no. Parece claro que no la van a invalidar y derogarán Roe v. Wade.

Quizás no lo hagan validando S.B. 8, que tardará en llegar, pero pueden hacerlo con otra ley (menos radical) que está en el calendario del supremo este año. Es posible que, en menos de un año, el aborto sea casi completamente ilegal en muchos lugares de Estados Unidos.

La paradoja del activismo judicial

Si eso acaba por suceder, vale la pena detenerse en quién está tomando esta decisión y cómo. En el tribunal supremo hay nueve jueces; tres fueron nombrados por Donald Trump, dos por Barack Obama, dos por George W. Bush, uno por Bill Clinton, y uno por George H.W. Bush. Cinco jueces fueron designados por presidentes que no ganaron el voto popular en unas elecciones. Uno de ellos llego al cargo después de que el senado se negara a tomar en consideración un juez propuesto por un presidente demócrata. Los jueces del supremo son confirmados por un senado que sobrerrepresenta de forma extraordinaria a los estados más rurales y conservadores. Las mayorías en la cámara alta que han confirmado los tres últimos jueces están compuestas por legisladores que representan a un número significativamente más pequeño de votantes que aquellos que se habían opuesto.

El tribunal supremo es una institución contra mayoritaria, como es habitual en estos casos. Pero es básicamente inaudito que un partido que ha perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales haya designado siete de los nueve jueces del supremo.

Esto es aún más relevante cuando todoslos sondeos, sin excepción, señalan que una amplísima mayoría de americanos no quieren que se derogue Roe v. Wade. Incluso en Texas, donde ha empezado este jaleo, sólo un 32% de votantes quería hacer que las leyes sobre aborto fueran más estrictas. Sólo hay siete estados donde una mayoría de votantes quieren que el aborto sea ilegal.

Derogar Roe quizás haga felices a las bases republicanas, pero les deja en minoría en casi todo el país. Si el supremo abre la veda a restricciones estatales al aborto, lo harán en contra de la opinión pública.

El impacto político

Como señala David Frum aquí, el partido republicano, durante cinco décadas, ha utilizado el aborto de la forma más cínica posible. Por un lado, han proclamado sin cesar su lealtad al movimiento provida, haciendo campaña sobre cómo quieren invalidar Roe. Por otro, sabían de sobras que todas estas declaraciones altisonantes eran inconsecuentes, ya que los tribunales iban a tumbarle cualquier ley que prohibiera abortar. Podían hacer campaña como radicales para movilizar a evangélicos y la derecha religiosa, pero sin tener que sufrir consecuencias electorales de sacar adelante leyes horrendamente impopulares.

Si el supremo tumba Roe, esta estrategia llegará a su fin. Los republicanos han prometido a sus bases prohibir el aborto, y todo aquel legislador que se desvíe sabe que será hecho filetes en primarias. Pero si sacan estas leyes adelante, saben que no sólo serán extraordinariamente impopulares, sino que además van a movilizar muchísimo a los votantes del otro lado.

De forma muy significativa, tras la decisión del supremo los republicanos no lo han celebrado como una victoria. Fox News apenas habló del tema el día siguiente, y ha publicado varios “análisis” sobre por qué Roe sigue en vigor y la alarma de los progres es falsa. Tucker Carlson ha dedicado su tiempo a criticar la reacción de los medios, sin hablar de las consecuencias de la decisión del supremo.

Tras dos semanas hablando de Afganistán sin cesar, el debate en los medios es ahora sobre aborto. Y con el goteo de leyes que veremos durante los próximos meses, es muy probable que esté en el centro de la agenda en las elecciones legislativas, con la diferencia que los votantes soliviantados no serán una minoría que nunca consigue lo que quiere, sino una mayoría indignada por que el supremo haya invalidado sus derechos.

Las elecciones están, por supuesto, a un mundo de distancia. Hace un mes, no lo olvidemos, todo el debate era sobre critical race theory. Los activistas republicanos estarán encantados que el aborto pueda ser ilegalizado, pero sus cargos electos no creo que estén demasiado felices estos días.

Internet vence

Como era de esperar, S.B. 8 está teniendo ciertos problemas durante su implementación. La ley permite que cualquier ciudadano denuncie a su vecino por ser un malvado abortista, cosa que da miedo, pero también abre la puerta a que cualquier ciudadano denuncie al vecino así por las risas, aunque sólo sea para incordiar.

Texas creó una página en internet para recoger denuncias, e internet, inevitablemente, ha respondido denunciando a todo el mundo, inundando la web de acusaciones dementes, e insistiendo que el gobernador de Texas es un abortista entusiasta que debe ser perseguido, además de Los Vengadores, Mickey Mouse, y famosos variados.

Yo no os voy a decir que denunciéis al Atlético de Madrid por haber destrozado la delantera del Barça con sus repetidos fichajes, pero oye, podéis hacerlo. Que no se diga que no lucháis por la justicia y la vida de los inocentes.

La empresa de hosting que alberga la página les ha echado a patadas, por cierto. Están migrando la web a otro sitio, y no creo que será el último traslado.

Consecuencias dolorosas

La ley, inevitablemente, acabará por entrar en vigor y empezaremos a ver denuncias. Ahora mismo hay noticias de mujeres viajando a estados vecinos para abortar (y es un viaje largo – Texas es más grande que Francia). Miles de mujeres en todo el estado van a tener sus vidas en peligro.

S.B. 8 es una ley absurda, impuesta por una minoría, contra los derechos de millones de mujeres en el segundo estado más grande del país. Detrás del juego legal y político, las consecuencias son enormes. No lo olvidemos.

Bolas extra:

• La saga del presentador de Jeopardy!, su muerte, su sustitución, y su caída.
• Cuando compramos una casa hace unos años, mi mujer (que es blanca y anglo) fue quien hizo todas las gestiones con el banco. Este es el motivo.
• ¿Por qué los tipos de interés son tan bajos? No es el envejecimiento de la población. Es la desigualdad.
• No os podéis imaginar lo que cuesta escribir sobre sentencias del supremo. El sistema legal americano es a menudo intraducible.