Conforme el conflicto con Cataluña avance y empiecen a vislumbrarse soluciones, si es que ha de haberlas, será importante que el debate deje de estar centrado sobre realidades abstractas, como el derecho a decidir y lo esté más sobre soluciones concretas de qué tipo de autogobierno puede contentarlos. En este sentido es de agradecer la propuesta de salida del conflicto que propone el líder del PSC, Miquel Iceta, que apareció ayer en el NYT, y que me gustaría comentar para avanzas en este (muy necesario) debate.
El principio de ordinalidad en la financiación económica
Un punto interesante del artículo de Iceta es el de la financiación autonómica. Iceta sugiere que para garantizar el autogobierno, es importante que existan recursos adecuados; hasta ahí nada que objetar. Pero va un paso más allá y propone la aplicación del principio de ordinalidad.
El principio de ordinalidad es una forma de organizar las relaciones entre el estado central y las regiones que plantea que el ranking en las balanzas fiscales (entre lo que recibe un territorio, y lo que contribuye), no puede verse alterado por las transferencias. En palabras de Iceta: para que los que más aportan no terminen recibiendo menos recursos per cápita para la prestación de servicios públicos. Este principio no excluye todo tipo de redistribución entre territorios, pero sí que supone una restricción a la redistribución.
Supongamos que tenemos dos regiones nada más: Cataluña y Andalucía. Supongamos que, dado el sistema de recaudación (el IVA, el IRPF, etc), Cataluña aporta a las arcas del Estado 100, y Andalucía 50. El principio de ordinalidad implicaría que la cantidad máxima de recursos que puede recibir Andalucía es de 75 (la mitad), y la cantidad mínima que puede recibir Cataluña también de 75: el ranking de las dos comunidades no puede verse alterado después de la redistribución.
La dimensión económica del nacionalismo
Como explicaba ayer mi opinión es que la lógica de las reivindicaciones nacionalistas no puede entenderse sin su dimensión redistributiva. Lo que observamos es la reivindicación de un grupo de personas que desean imponer un límite a la redistribución y pagar menos impuestos. Esta lógica no es necesariamente algo unido al nacionalismo (Alemania, con su sistema federal, tiene este principio reconocido), pero me cuesta imaginar una forma de justificarlo que no apele a algún tipo de lógica liberal de defensa de la propiedad privada, en este caso la propiedad privada de los recursos por parte de una (supuesta) nación– algo que está más o menos explícitamente acoplado en el razonamiento.
La lotería geográfica tras el velo de la ignorancia
La forma en la que suelo pensar en esto es echando mano del velo de la ignorancia, que es una forma intuitiva de pensar en la igualdad (hablé de esto aquí, hablando sobre las teorías del feminismo).
Un filósofo igualitarista se preguntaría: si distintas personas no hubieran nacido aún, ¿en qué tipo de sociedad estarían dispuestos a acordarse en vivir? El argumento es que todos preferiríamos maximizar el control que tenemos sobre nuestras vidas, y por tanto, contratar un sistema redistributivo que minimice el impacto que tenga sobre nuestra trayectoria vital las cosas que no elegimos: la familia en la que nacemos, el sitio en el que nacemos, el sexo que nos es asignado al nacer.
Esto no elimina todo tipo de desigualdad: aquellas desigualdades que sean el resultado de elecciones personales (dedicar más horas a trabajar o a ir de vacaciones son legítimas), las que no lo son son aquellas que nos vienen de serie. En otras palabras: es una racionalización de la idea intuitivamente atractiva de la igualdad de oportunidades. [1]
Si pensamos desde esta óptica igualitarista, es importante darse cuenta de que una de las cosas más arbitrarias (menos elegidas) es el lugar en el que nacemos. Imaginemos dos personas, que saben que cada una va a nacer en Andalucía y la otra en Cataluña. Antes de nacer, estas dos personas tienen que ponerse de acuerdo en la cuantía del seguro de desempleo que van a financiar colectivamente.
Estas dos personas podrían ponerse de acuerdo en que, si uno llega a estar en paro mientras el otro tiene trabajo, éste último tendrá que darle una parte de su sueldo al primero. Las dos personas nacerán, y dado que la tasa de paro en Andalucía es del 25% y en Cataluña del 13%, en media, el andaluz estará en paro la mitad del tiempo que el Catalán. Sin embargo, si los dos se ciñen al acuerdo que tenían, esto significará que en el ranking de lo que dan y reciben se verá alterado siempre que los dos no estén en la misma situación (empleados o desempleados). El efecto de tener un principio de ordinalidad en las transferencias es por tanto hacer imposible el arreglo redistributivo entre estas dos personas.
La vida real es mucho más compleja que este ejemplo, pero la esencia es la misma: el principio de ordinalidad es un límite a la redistribución basado en algo tan arbitrario como el territorio en el que uno nace. Y en la medida que el nacimiento en un territorio (u otro) es arbitrario, es un obstáculo al logro de la igualdad de oportunidades.
El por qué de las transferencias territoriales: la redistribución
Una constante del pleito de Cataluña es la idea de que esta es tratada de forma injusta. ¿Existe algún tipo de discriminación hacia Cataluña, por el hecho de ser catalanes? ¿Se trata de una comunidad maltratada políticamente?
Mi impresión es que, incluso después de todo el presunto expolio fiscal, nacer en Cataluña es (en media) una posición privilegiada: la tasa de personas en riesgo de pobreza en Cataluña es del 13%, mientras que en Extremadura, Castilla la Mancha o Andalucía está entre el 30% y el 35%. Esta relación se mantiene si miramos cualquier otro indicador de condiciones de vida (renta, desempleo, etc). Intuitivamente, no parece descabellado que el Estado concentre sus esfuerzos de gasto en regiones en las que las condiciones materiales son peores.
Esto es lo que muestran de forma bastante convincente MADH y JDL es que la redistribución territorial es un efecto natural de la redistribución a secas.
La izquierda y la redistribución
El tipo de ideas que defiende Miquel Iceta son hoy moneda común entre mucha gente de izquierdas. Se dirá, con razón, que la situación del País Vasco es de por sí mucho más injusta; que de todas formas las instituciones del resto de España redistribuyen poco, y que finalmente el efecto de este principio tendrá un impacto que no cambiará mucho las cosas. Es posible que no quede otra, para reconducir la situación. Es posible.
Pero al margen de lo anterior, hay una dimensión simbólica importante en la capacidad que tiene la izquierda en abogar por esquemas radicales de redistribución. Entiendo que decirlo así puede parece incómodo, pero si estamos acomodando las preferencias de un grupo económico que no quiere pagar impuestos, ya sea por egoismo individual o colectivo, por la percepción de que los parados o los andaluces son perezosos, sean estos amnistiados fiscales o manifestantes con banderas, entonces es posible que no quede otra, por la relación de fuerzas que hacerlo. Pero lo que es crucial entender que NO es una expresión de valores igualitarios o socialdemocrátas: es una concesión.
A algunos nos gustaría que en el futuro se abra, más o menos en serio, el debate sobre las políticas de lucha contra la pobreza y de ingresos mínimo. Es un debate, este sí, realmente importante, que afecta a la vida material de mucha gente, y lo hará cada vez más. Y a mí personalmente me gustaría que este pacto de solidaridad tenga una dimensión lo más amplia posible, porque me cuesta encajar la idea de que los catalanes tengan menos obligaciones de contribuir a la garantía de los ingresos de los andaluces que el resto de andaluces.
[1] Como un apunte al margen, me gustaría señalar que yo no soy liberal y que creo que esta forma de pensar en la igualdad es innecesariamente restrictiva de la redistribución. Pero es una idea que intuitivamente funciona para pensar sistemáticamente en la redistribución.