Este es un artículo escrito en caliente porque, como sabréis, la Generalitat Valenciana acaba de anunciar que cierra RTVV, con Canal 9 a la cabeza. Esta decisión, sumado al ridículo proceso que ha llevado hasta ella (y del que alguien debería dar cuenta en el Consell, por cierto), abre dos debates que son recurrentes cuando hablamos de medios públicos en España, particularmente de los autonómicos. El primero es una discusión sobre responsabilidad: es difícil justificar que medios con una fracción de la audiencia de otros privados tuviesen plantillas varias magnitudes mayores. Sin embargo, la pregunta que surge es de quién era esto la culpa, o por qué los empleados han de pagar por las ambiciones megalómanas de los políticos. El segundo debate es más general: por qué y para qué necesitamos televisiones públicas (sobre todo autonómicas, aunque es extrapolable a RTVE). Esta es una ocasión tan buena como otra cualquiera para cuestionarnos la necesidad de medios públicos. Intentaré aquí ofrecer algunas guías que me parecen útiles para resolver dicha cuestión. Pero, me temo, ninguna solución, dado que ni yo mismo tengo clara mi opinión al respecto.

La primera cuestión, sin embargo, sí me parece relativamente fácil de resolver sin necesidad de entrar en los pormenores de la legislación laboral española, en la decisión del TSJ o en la enorme torpeza desplegada por el gobierno valenciano*. Durante años la sociedad valenciana (o, cuanto menos, una parte mayoritaria de la misma) y el Partido Popular establecieron un pacto tácito que es tan viejo como la democracia: poder a cambio de rentas. Este intercambio se dio de muchas maneras, y una de ellas fue un hipertrofiado gasto público en áreas, digamos, curiosas: RTVV en lugar de escuelas, desarrollos arquitectónicos y urbanísticos sin mejorar infraestructuras básicas, etcétera. Los votantes nunca decidieron romper el acuerdo a pesar de que a dónde iba el dinero y cómo se gastaba era algo bastante evidente. Por descontado, esto tuvo como consecuencia un nivel de endeudamiento y de gasto corriente que se volvió insostenible una vez la Comunitat dejó de crear empleo para empezar a destruirlo. Es perfectamente comprensible que ahora los ciudadanos hayan decidido castigar a quienes antes ensalzaron, pero lo que no puede pretenderse es que esto fue una «estafa» en la que muchos fueron engañados por unos pocos porque la asimetría de información no era tal. También es cierto que la distribución de responsabilidades debería ser consecuente con las rentas obtenidas durante la burbuja, lo cual implica que los políticos han de perder el gobierno (¡pero eso depende de los votantes!) y, si procede, afrontar responsabilidades penales… mientras que los ciudadanos se han de someter a la pérdida de, al menos, una parte de dichas rentas. Idealmente tendríamos un mercado laboral eficiente y un estado de bienestar en condiciones que, juntos, garantizasen una recolocación digna en un periodo de tiempo razonable. Por desgracia, por infinita desgracia, no es así. Y, de hecho, aún hay una razón más, imposible de eludir, para acatar el resultado actual: ninguna ley puede crear el dinero que no tenemos. Los costes de los recortes deben distribuirse de manera equitativa, pero esta distribución solo puede ser realista (dentro de los márgenes razonables del pago de la deuda que tenemos asumida).

Dejando de lado este aspecto llegamos a la pregunta central: si debemos renunciar por completo a las televisiones autonómicas. El argumento más habitual para defender la existencia de un medio audiovisual público es garantizar la provisión de ciertos contenidos que el mercado no proporciona por sí mismo. En el caso de autonomías con lengua propia, además, se argumenta que es necesario hacerlo en una lengua que el mercado no encuentra rentable de normal. Comencemos por explorar esto desde un punto de vista general para después saltar al caso específico de las televisiones autonómicas españolas.

La premisa de fallo de mercado no es, de por sí, errónea. Al contrario. Es fácil justificar que la oferta privada de información, por ejemplo, es insuficiente. No hay más que echar un vistazo a los telediarios de cualquier canal privado para darse cuenta de que no son un medio precisamente adecuado para decidir a quién votar, o la postura de uno sobre tal o cual asunto de relevancia pública. El argumento de segundo orden respecto a la falta de «contenidos de calidad cultural» me parece mucho más problemático, por cierto, puesto que supone que existe una cultura mejor que otra, supone que el Estado está en disposición de evaluar cuál es y supone que puede proporcionarla a un coste razonable. Sin embargo es más factible pensar que existe una serie de asuntos de relevancia e interés general sobre los cuales el ciudadano medio debe poder informarse, siendo la decisión final obviamente suya. La línea en algunos casos es borrosa, sí, pero probablemente vale la pena informar a veces sobre minucias (es decir, pasarse) si lo realmente importante está también dentro. Como digo, es fácil ver que el mercado no cubre este área de manera conveniente. No en España, desde luego. La razón, por supuesto, es que el público no lo demanda. Quien menos lo demanda es quien mayor déficit de información y conocimientos tiene: estamos, pues, ante una especie de selección adversa. Por desgracia, no podemos obligar a los españoles a ver lo que no quieren. Pero sí podemos ponérselo lo más cerca posible, y eso es su mando a distancia.

Detectado el fallo de mercado, cabe evaluar si el sector público está en disposición de cubrirlo. Por desgracia, a primera vista no parece que así sea. Tanto el Gobierno de turno como el Estado en su conjunto tienen intereses en juego en casi cualquiera de las informaciones que pueden ofrecer, por distintas razones. El Gobierno tiene interés en mantener buena imagen, en ser reelegido, en vender sus políticas y en tapar sus vergüenzas (léase corrupción, por ejemplo). El Estado también tiene interés en tapar sus vergüenzas, en mejorar su imagen y en mantener, si no incrementar, su tamaño. Parece, por tanto, poco confiable dejar nuestro garante de la información no sesgada en manos de una entidad dependiente del Ejecutivo. De hecho, parece una nefasta idea.

Afortunadamente, hay alternativas. Para empezar, podemos ceder el control al Parlamento, quien se encargaría de escoger al equipo directivo y fiscalizar las emisiones. Pero claro, un Parlamento con una mayoría absoluta también tiene sesgo (y sin ella puede tenerlo). Así que tenemos que implementar supermayorías, con la dificultad que esto implica para encontrar consensos a cada decisión. Otra opción, quizás más ágil, es construir un organismo independiente de los partidos políticos, al estilo de un Banco Central o una autoridad fiscal independiente. O, al estilo anglosajón, establecer un órgano de control mixto o independiente dentro de la organización que vigile al cuerpo ejecutivo determinado por el Gobierno o por el Parlamento, garantizando que el medio defiende los intereses de los contribuyentes (literalmente, cada habitante del Reino Unido paga una tasa separada por tener acceso a la televisión). Otra alternativa es contar con un cuerpo de trabajadores puramente meritocrático, circunscribiendo la elección «a dedo» a la cabeza de la organización. Y, en cualquier caso, no son excluyentes entre ellas: uno puede tener una televisión pública con periodistas de carrera, un grupo encargado del control interno, una financiación semi-independiente del Ejecutivo y un mandato de independencia y una cabeza elegida por mayoría de dos tercios del Parlamento.

Pero ni siquiera bajo todas estas circunstancias la falta de sesgo estaría garantizada: al fin y al cabo es un ente público tratando de cubrir un fallo de mercado sobre el cual el conflicto es demasiado fácil (a diferencia de la política monetaria y el relativo consenso general en torno a la conveniencia de controlar la inflación y mantener el control de la masa monetaria lejos de las manos de los partidos). De hecho, la dirección de RTVE se elige por mayoría de dos tercios desde 2006, si bien en actual Gobierno del PP decidió hacer más fácil el desbloqueo (solo 48 horas para pasar a «mayoría simple»). En cualquier caso, parece lo más cerca que podemos llegar a algo parecido a un medio de información independiente.

Ahora podemos saltar al caso que nos ocupa: las televisiones autonómicas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es si es necesario ofrecer información regional, es decir, si el fallo de mercado se mantiene. Es fácil argumentar que en algunos casos incluso se acrecienta: invertir para audiencias más pequeñas es mucho menos apetecible para cualquier agente privado. Pero atención: esto justifica la existencia de alguna entidad que proporcione información de carácter autonómico, no de una entidad por Comunidad Autónoma. Si las economías de escala son lo suficientemente ahorrativas, vale la pena considerar la posibilidad de que exista un solo medio español que se subdivida en 17 apartados . La única razón que ahora mismo se me ocurre para que el Ejecutivo de cada autonomía quiera tener el suyo propio es garantizar el control sobre el mismo, justo lo que queremos minimizar. Si, por el contrario, existen argumentos en términos de eficiencia o preferencias diferenciadas sobre el tipo de información que no pueden resolverse con un esquema como el propuesto, tendría sentido mantener 17 televisiones autonómicas. Pero a mí ahora mismo no se me ocurren.

Esta alternativa se vería reforzada si aceptamos que no procede encargar la producción cultural en general al Estado. Ni las tertulias, ni Cuéntame, ni Operación Triunfo, ni todas las producciones que a El Terrat se le puedan ocurrir, ni Vaya Semanita, ni a Rafa Nadal ganándole a Djokovic, ni a Ángeles González-Sinde entrevistada en 24h de TVE como estoy viendo ahora mismo de fondo. La línea es gris, como he dicho antes: de acuerdo. Pero igual que ciertas cosas caen claramente dentro del paquete necesario (informar en detalle sobre la subida o bajada del desempleo), otras caen fuera de manera obvia. Esto deja recursos y espacio para un montón de información regional.

Lo que debemos preguntarnos, pues, es si pensamos que el hecho de que el mercado no proporcione suficiente información relevante en determinados formatos (al fin y al cabo, escrito en inglés y en internet todo se puede encontrar) justifica la intervención estatal. Si decidimos que sí, tenemos que ponerle precio a dicha intervención (que, seguro, será más bajo que la factura que RTVV, TV3 o RTVE han supuesto para el contribuyente), intentar circunscribir al máximo los contenidos a resolver el problema, y garantizar que el Estado y el Gobierno minimice el traspaso de sesgos a la información para no conseguir el resultado contrario. Si el precio que estamos dispuestos a pagar es demasiado bajo o si pensamos que dados otros aspectos de nuestro sistema político no podemos garantizar la minimización de sesgos (la preponderancia de los partidos políticos, la debilidad de la sociedad civil fuera de los mismos), tal vez debamos comenzar por cambiar lo demás.

Una última consideración con respecto al rol de los medios autonómicos en la promoción de las lenguas: si uno considera un vehículo que transporta información de una persona a otra, el uso del idioma por parte del medio deberá simplemente ajustarse al uso de los hablantes y no intentar influenciarlo. Si uno lo considera un activo político en clave nacional, esto no cambia en absoluto el criterio del medio (en un mundo en el cual el sesgo por parte del Ejecutivo quedase minimizado). Si, por último, el idioma se considera patrimonio a proteger, podemos aplicar la crítica con respecto a «qué es cultura que merezca ser protegida». Lo que quiero decir, en última instancia, es que si queremos que un medio público sea algo parecido a un provisor de información que no encontramos en el ámbito privado, es probable que, en un contexto en el cual el nacionalismo es un eje de conflicto partidista, para mantener el objetivo central sea conveniente renunciar a todos los demás.

Esto no son más que elementos para un debate. Pero es uno que considero necesario. Así que a debatir.

*Soy consciente de que dentro de RTVV no todo era, ni mucho menos, de color de rosa. Parece que la dirección coaccionó a varios periodistas en diversas ocasiones, y probablemente llegó a ser una práctica habitual. Esto, sin embargo, no invalida lo argumentado, aunque tiene obvias implicaciones para dirimir el grado de castigo merecido por las autoridades implicadas.