Política

Give peanuts, get monkeys? Una propuesta para remunerar mejor a los políticos

18 Abr, 2013 -

Por Carles A. Foguet

El signo de los tiempos es reclamar que los políticos, en general, cobren menos. Yo, intuitivamente, era del parecer que los políticos, en general, tienen que cobrar más. Pero ya que conducir en dirección contraria por una autopista en plena operación retorno y con depende de quién de copiloto (1 y 2) no es una sensación demasiado agradable, propongo un trato: que los políticos no cobren ni más ni menos, sino mejor.

Hay quien ya se ha molestado en explicar porqué no parece una buena idea que los políticos cobren menos, así que no insistiré demasiado en ello. También ha habido ya quien ha contradicho que tengan que cobrar (mucho) más, la posición mayoritaria socialmente hoy. Muy resumidamente, lo que a mí me preocupa es que si cobran poco o nada se expulsa a una parte muy concreta (y mayoritaria) de la población del ejercicio efectivo de la política mientras que, si cobran mucho, se alinean incorrectamente los incentivos de forma que se corre el riesgo de atraer al ejercicio de la política buscadores de rentas (que son sólo buscadores de rentas).

Creo que tanto una como otra alternativa, respectivamente, no son demasiado deseables, porque repercuten potencialmente (en negativo, claro) en la calidad de las políticas públicas que se lleven a cabo, ya sea porque sufrirían un sesgo socioeconómico muy determinado o porque se asumiría el riesgo de que fueran todavía peores de lo que ya son hoy (y a un precio más caro).

¿Hay algún camino de en medio para evitar los riesgos de las dos alternativas que hay sobre la mesa? Espero que sí. Se trataría, muy resumidamente, de pagar a los políticos electos de acuerdo con su “precio de mercado”. ¿Cómo? Pues estableciendo unos sueldos variables en función no del cargo a ocupar sino de las retribuciones que los electos tuvieran antes de ocuparlo. Sí, esta propuesta no respeta ningún tipo de ordinalidad basada en la jerarquía institucional. Pero justamente de esto se trata.

La idea de fondo es que nadie pueda participar o quedarse fuera de la gestión de la cosa pública por culpa de la retribución vinculada a su ejercicio. Y, de retruque, lanzar el mensaje (que parece lo único relevante hoy en día) que la política no será una vía para el enriquecimiento, ni lícito (puesto que se mantendría el nivel de vida logrado con anterioridad por el candidato) ni ilícito (por el mismo motivo, a pesar de que habría que acompañarlo con otras medidas que ya están sobre la mesa, a pesar de que corren el riesgo de quedarse cortas).

Con el sistema actual, caracterizado tanto por su arbitrariedad como por su inflexibilidad, nos encontramos que la estructura de incentivos está lo suficientemente mal diseñada como para interferir en las decisiones de casi todo el mundo.

Por ejemplo, los sueldos actuales pueden expulsar a la parte de la población que cobra sueldos mucho más altos en la empresa privada. Y si no los expulsa, puede tentarlos a lograrlos por vías ilícitas. Es cierto que no hay una correlación perfecta entre la valía profesional y algunos de los sueldos exorbitantes que se están pagando en el mercado, pero estoy convencido de que sí que hay una correlación significativa. ¿Nos podemos permitir, por sistema, no atraer los ciudadanos más válidos al ejercicio de la política?

Pero los sueldos actuales pueden, a su vez, ser un incentivo suficientemente atractivo para personas que difícilmente podrían conseguir por sí mismas uno parecido en el mercado laboral, provocando los fenómenos de selección inversa por todos conocidos. Y, estirando el argumento, si perseguir un sueldo “inmerecido” (por exceso) justifica determinados comportamientos tanto en el seno de las organizaciones como fuera de ellas, nada hace pensar que llegado el momento no puedan pretender uno todavía más alto, por canales ilícitos, si hiciera falta.

Hoy en día, sólo aquellos que tengan un “valor de mercado” suficientemente pareciendo a los sueldos ofertados actualmente podrán excluir esta variable de su proceso de decisión. Y, por una cuestión de probabilidad, son una minoría. Una de las ventajas potenciales de esta propuesta es que es sensible, a tiempo prácticamente real, a la estructura de retribuciones del mercado laboral: no la modifica en su conjunto, ni lo pretende, sino que obvia conceptos como “ciudadano medio” para resolver cada caso particular de manera individualizada.

Sé que la propuesta tiene muchas debilidades cuando se concreta (¿qué hacer con empresarios, autónomos o clases pasivas? ¿Y con los jóvenes de 18 años? Etc.), pero creo que puede ser un buen punto de partida. Algunas de las líneas de desarrollo de la idea:

  • Sólo tendría que aplicar a los políticos electos. Estoy seguro que no tendría que aplicar a los funcionarios, por muy arriba de la pirámide burocrática que se encontraran (a pesar de que la retribución del funcionariado también merecería una reflexión a fondo). Dudo que tenga que aplicar a los cargos de confianza, pero a día de hoy, tiendo a creer que, con algunas limitaciones, sí, el modelo puede ser igualmente válido (los ministros, por ejemplo, de libre designación, los trataría de acuerdo con los mismos principios).
    • Del punto anterior se desprende una cierta preferencia por la no profesionalización de la política y por la transitoriedad de su ejercicio. Es cierto, pero con matices: considero que la política necesita de un grado de profesionalización con el que no cuenta hoy, muy especialmente en los niveles donde el centro de gravedad se desplaza del contenido estrictamente político al técnico, pero vincular la eligibilidad con unas habilidades profesionales concretas no es nada democrático y, en consecuencia, inaceptable (motivo por el cual esta propuesta valora la profesionalidad genéricamente, independientemente de si encaja mejor o peor con las responsabilidades que se tengan que asumir).
  • Para calcular el sueldo con el que retribuir a un candidato escogido se calcularía alguna media de las retribuciones percibidas (rentas del trabajo, no del capital) a lo largo de, como mínimo, los dos años anteriores a ocupar el cargo. Digamos que la intención es que el “valor de mercado” de los candidatos esté bastante consolidado y se cierre la puerta a que puedan coger atajos para engordar su retribución potencial una vez tomada la decisión de concurrir a unas elecciones.

    • Obviamente, tendría que haber algún tipo de escala que estableciera unos límites en función de la medida de la institución / administración del cargo a que se concurre. Más que nada porque no parecería justo que los pobres ciudadanos de Castelldefels tuvieran que endeudarse hasta el fin de los días si una tarde los jugadores del Barça que allí residen decidieran organizar una candidatura para las elecciones municipales.
  • Se puede valorar la inclusión de una horquilla que afecte, en positivo o negativo, a este salario básico. En positivo, combatiendo el principio de indiferencia, incrementando en un porcentaje determinado (¿5%?, ¿10%?) el sueldo de referencia para incentivar a participar en la representación política. O un decremento similar si se cree que el mero hecho de participar en la gestión de la cosa pública ya es un incentivo suficiente que compensa la pérdida de renta disponible.

  • En previsión de la salida del ejercicio de la política y para facilitar un aterrizaje suave al mercado laboral, habría que diseñar un sistema de pensiones absolutamente diferente al actual. Prácticamente inverso, de hecho. Disculpadme la simplificación, pero creo que puede ser ilustrativo aproximarse al fenómeno como si hubiera sólo tres tipos de políticos electos:

    • En los niveles más bajos, el ejercicio de la política puede penalizar el regreso a la carrera profesional, ya sea por el abandono temporal que descabalga al político de la carrera con su competencia (un argumento peligrosamente parecido al que se utiliza demasiado a menudo para justificar la diferencia salarial entre hombres y mujeres) o por la mera significación política pública en entornos pequeños donde juega un papel importante la presión de grupo.
    • En los niveles intermedios el fenómeno más habitual es el de la recolocación, al amparo de la organización partidista en la cual se haya ejercido, ya sea en cargos de confianza en otras administraciones, en instituciones y empresas públicas o parapúblicas… pero, como norma general, cargando el coste a las espaldas del conjunto de los contribuyentes.
    • Por último, en los niveles más altos, sucede un fenómeno claramente identificado: las famosas puertas giratorias, según las cuales los políticos pasan de la gran empresa a la política y a la inversa (sobre todo, a la inversa) en virtud de unas justificaciones circulares en que la valía profesional no es una de las variables que se tienen en cuenta.

Es absurdo que el sistema de retribuciones (durante el ejercicio y después) proteja a aquellos que ya están más protegidos y deje desamparados a aquellos que más necesitarán apoyo cuando abandonen la política. En resumen, hay que garantizar, como norma general, que cada persona pueda valerse autónomamente para reincorporarse al mercado laboral y, dentro de lo posible, que el ejercicio de la política no se convierta ni en un mérito (y si lo es, que lo sea para todo el mundo) ni, sobre todo, en un lastre (para nadie).

No tengo ninguna intención de pontificar, no hoy, al menos, sino de proponer un cambio en los términos en los que habitualmente discurre este debate y ver si de este modo puede llegar algo más lejos que de costumbre.

Esta entrada fue publicada originalmente en catalán en Cercle Gerrymandering.