En general, estimar los efectos de las inspecciones de trabajo y de las políticas de prevención de riesgos laborales suele ser bastante complejo, ya que en muchos casos en los programas evaluados son las empresas las que se adhieren voluntariamente a los mismos, y las inspecciones no voluntarias se suelen realizar cuando una empresa ha tenido uno o más accidentes en tiempos recientes o denuncias de sus trabajadores -con lo que el efecto del análisis podría estar captando en realidad efectos de regresión a la media– o son previsibles en sus fechas. Otro problema bastante común (y estudiado) viene de que en muchos países, para lesiones menores, son las empresas las que deben llevar un control e informar a la inspección periódicamente; pero dado que un mal dato es motivo de sanción, los incentivos para maquillar el número de lesiones es evidente y si la inspección destapa la mala práctica parecería que ha sido la inspección y las medidas que esta ha impuesto la que ha aumentado los accidentes en esa empresa.

Para tratar de paliar estos y otros problemas de evaluación, la Cal/OSHA (California Division of Occupational Safety and Health, la inspección de trabajo californiana) hizo un experimento de largo plazo (de 1996 a 2006) en el que se seleccionaron empresas en varios sectores con alta siniestralidad. La mitad de ellas se quedó como grupo de control, mientras que la otra mitad “fue tratada” con inspecciones aleatorias durante el tiempo que duró el programa. Los resultados de este experimento fueron publicados por David I. Levine y otros en un artículo publicado en Science (revista bastante inusual para publicar sobre seguridad laboral y economía del trabajo, todo sea dicho) en abril de este año. El título del mismo deja bastante claro cuáles fueron los resultados: Randomized Government Safety Inspections Reduce Workers Injuries With No Detectable Job Loss (Inspecciones laborales aleatorias reducen el riesgo de lesiones sin pérdida detectable de empleo)

Tras ajustar por un par de extraños encontrados en la aleatorización de las muestras, la cuantificación del impacto de las inspecciones en las empresas tratadas sobre el grupo de control resulta sorprendentemente alto: Un 9,4% menos de lesiones y una reducción en las indemnizaciones pagadas por los empresarios del 26%. Los niveles de empleo, salarios, ventas y supervivencia de las empresas tratadas no se vio alterado respecto al grupo de control.

Levine compareció ante el Congreso de los Estados Unidos para hablar de su investigación. En esa misma presentación también hizo una estimación sobre el impacto económico indirecto de las inspecciones: El coste privado que potencialmente ahorra el programa supuso entre 98 000 y 197 000 dólares por empresa cada 5 años siendo la empresa media estudiada de 37 trabajadores y de sectores con aproximadamente el triple de siniestralidad que la media. El coste social ahorrado rondaría los 230 000$ por empresa cada 5 años, y el coste directo en reemplazos de bajas 32800 dólares por quinquenio.

El experimento, por supuesto, tiene una validez bastante limitada y no sólo no es extrapolable a España sino que tampoco lo sería estrictamente hablando al conjunto de los Estados Unidos. No está claro si las inspecciones en sectores con siniestralidad media o baja afectarían de la misma manera. Otros estudios como este en Canadá, con una metodología tróspida menos exhaustiva no encuentran resultados positivos: Analiza empresas con poca siniestralidad, los controles son cuasi voluntarios y el experimento duró 21 meses, siendo que los efectos encontrados por Levine duraban aproximadamente 4-5 años.

Curiosamente, según otro estudio de la Cal/OSHA y la Rand Corporation (nada que ver con Ayn Rand) la forma en que se llevan a cabo las inspecciones, o al menos las formas estudiadas, no afectan demasiado a la siniestralidad. La única variable significativa es la experiencia del inspector, algo difícilmente al alcance del regulador.

Ignoro si los criterios y políticas de seguridad varían en lo fundamental entre California y España y si tales efectos serían de la misma magnitud en España, pero con el doble de muertes por accidente laboral al año que Estados Unidos (página 30) y siendo que en España el coste de las bajas y las minusvalías por accidentes laborales también repercuten en las cuentas del Estado de manera directa, al menos probar (y evaluar) una política similar podría ahorrar dinero y vidas con un coste a corto plazo despreciable.

Cortesía de Eulez y a Quevedín, el paper original y el material adicional.