No he tenido demasiado tiempo para mirar en profundidad la ley de presupuestos, así que no esperéis un gran análisis hoy. A grandes rasgos parece que las previsiones tanto de ingreso como de gasto son increíblemente optimistas, así que me parece que no vale la pena hacer demasiado caso a los recortes ahora mismo: los números reales los veremos, casi seguro, después de las elecciones gallegas, vascas y catalanas, como es costumbre con esta tropa. Así que no os preocupéis, que casi seguro que serán peores de lo que parecen.
Del resto, hay varias cosas que creo que vale la pena comentar. Lo primero, una media buena noticia: el gobierno ha presentado un paquete sorprendentemente ambicioso de reformas estructurales, y la mayoría ellas suenan muy bien. Hablamos de liberalizar servicios, aumentar la competencia, eliminar los privilegios de los colegios profesionales, reducir papeleo, arreglar el galimatías eléctrico y un largo etcétera de cambios en principio positivos. El problema, claro está, es que esta clase de paquete de reformas lo hemos visto ya otras veces; si mal no recuerdo, es la tercera o cuarta vez que el gobierno anuncia a bombo y platillo que va a liberalizar los servicios profesionales. Esto de avisar grandes cambios lo hacen extraordinariamente bien, pero la leyes no acaban de llegar. Por añadido, las (pocas) reformas ya aprobadas han tenido la agresividad de un ratoncito asustadizo. La épica ley de transporte por carretera anunciada en abril con su no menos legendaria página de internet (bus.es) sigue siendo un ejemplo fantástico.
Los presupuestos también incluyen algunas partidas de gasto bastante extrañas, como un plan para impulsar la compra de automóviles limpios (¿de verdad que estamos para ir regalando 2.000 euros al personal en estas cosas?) y una idea que es tan monumentalmente estúpida que me casi parece una broma: la reforma del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
No nos engañemos, el IBI es un impuesto bastante torpe ya de por sí. Los presupuestos, sin embargo, añaden una cláusula básicamente hecha a medida de cierto magnate del juego de cuyo nombre no quiero acordarme que permite a los ayuntamientos perdonar este tributo a empresas «por fomento del empleo«. La idea suena casi racional: los municipios podrán intentar atraer inversiones rebajando impuestos de forma selectiva, etcétera. A la práctica, sin embargo, este cambio legal me temo que va a ser una máquina de generar regalos fiscales para amiguetes de alcaldes caciquiles en medio país. Nada como tener un amiguete concejal para pedirle que te baja el IBI y así puedes contratar a su primo, o que un regidor que se dedique a «fomentar empleo» a cambio de votos. La reformilla, para acabarlo de rematar, incluye un cambio parecido del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), para que los alcaldes puedan divertirse aún más.
Siempre comentamos que uno de los problemas de la administración local en España es su falta de profesionalización y excesiva discrecionalidad en muchas de sus decisiones. Esta reforma da aún más poder a los alcaldes para tomar decisiones casi arbitrarias sin apenas control alguno. Si se implementa así a la tremenda sin ningún cambio esto va a ser una fuente inagotable de favorcillos, corruptelas y caciquismo clásico. Nada como aprobar una forma legal de no pagar impuestos en medio de una crisis fiscal de proporciones bíblicas, si señor.
Sobre el resto, algo a tener en mente: prácticamente todo el dinero ahorrado con los recortes servirá sólo para cubrir el aumento de los intereses de la deuda. El otro día comentaba que no hay dinero, algo que no es del todo correcto. Dinero lo hay, pero cada vez nos sale más caro. Es muy probable que el déficit estructural del sector público español ahora mismo (es decir, el déficit que tendríamos en tiempos de bonanza) ronde el 4-5% del PIB. No hace falta decirlo, estos presupuestos hacen muy poco para arreglar el déficit directamente, y sobre crecimiento económico y reformas estructurales sólo incluyen promesas muy, muy vagas.
O, dicho en otras palabras, nos van a rescatar en diciembre, a más tardar. Es increíble que Rajoy esté tonteando y retrasando lo inevitable otra vez por unas jodidas elecciones autonómicas, pero así vamos. Realmente no tenemos remedio.
Dices que es la tercera o cuarta vez que se presenta este plan. Bien, el recordado ZP ya lo anunciaba bajo el nombre de ley de economia sostenible y unos años despues aqui estamos. Ademas no parece que las liberalizaciones en España sean nuestro punto fuerte.
En realidad es bastante anterior a la Ley de Economía Sostenible, La colegiación obligatoria, las reservas de actividad, reforma de seguridad jurídica preventiva o el déficit eléctrico son reformas que aparacen aproximadamente cada 6 meses desde hace 6 años…
Por añadir optimismo, esta vez todas las reformas parece que van a ser tuteladas por la UE…lo cual tampoco es para tirar cohetes pero algo mejor si que es.
Pues leyendo el artículo de El Pais que enlazas, te veo muy optimista con las reformas. ¿Hacer una ley sobre el mercado electrico significa eliminar «el galimatías»? Puede ser precisamente lo contrario.
Y la «reducción de los procedimientos de evaluación ambiental», a mi me suena que en vez de reducir el papeleo de lo que se trata es de ampliar la libertad de crear facilitar el camino de la destrucción ambiental, en definitiva: externalidades negativas para todos, lo cual no dudo que genere empleo a corto plazo.
Respecto a la ley de unidad de mercado, ¿Crees que es un gran problema a afrontar en España? a mi me suena a crearse una herramienta para castigar al nacionalismo periférico.
Personalmente, la Ley de unidad de mercado será un brindis al sol, porque en todo caso tendrá que respetar el sistema de reparto competencial entre Estado y CCAA, y tendrá poco margen tendrá para armonizar/uniformizar la regulación de ciertas actividades.
Cuando la aprueben ya me contareis.
A mi esto de la Ley de Unidad de Mercado me parece una vuelta de tuerca tremenda, si crees que ciertas regulaciones tienen que ser iguales en todo el estado, pues entonces la competencia tiene que ser del estado. Si la competencia es autonómica es para que la regulación se adapte a las peculiaridades y las necesidades del territorio, sin más.
Además tampoco creo que nuestra unidad de mercado sea peor que la de muchos países federales.
Sobre la unidad de mercado.
Trabajo en una empresa multinacional con negocio en toda españa, en cada región tienen sus propias normas e instrucciones y es un dolor de cabeza intentar aplicar una solución que ha funcionado bien en valencia en Catalunya.
Cada región copia la norma de otra, pero le da su propio sabor, el técnico o político quiere dejar su propia impronta.
Esto a mis compañeros franceses no les pasa y no creo que haya menos diferencias culturales en clima o cultura entre Marsella y Normandia, que entre Valencia y Tarragona.
Para nosotros a nivel interno trabajar con cada comunidad autónoma es igual de fácil o difícil que trabajar con Portugal.
No entro en valoraciones políticas, pero la ruptura de mercado actual es un echo y una ineficiencia al menos en nuestro caso.
No defiendo unas normas ciegas y monolíticas que se apliquen sin tener en cuenta, pero si que sean homogéneas y estén englobadas dentro de un mismo marco.
En mi pueblo de canarias al final de los años 70 se construyo una magnifico ambulatorio que tenia calefacción solo por que los proyectos de referencia de la península la tenian, evidentemente esta calefacción nunca se encendió, creo que entre la situación anterior y la actual debe existir una situación intermedia.
Completamente de acuerdo.
El otro día leía una noticia sobre Codere, solo tienen implantación en tres CCAA porque cada ley es diferente para el juego y es un infierno crear actividad en cada zona.
Hace poco hablaba con una empresa de gestión de residuos, los informes a entregar en cada CCAA son diferentes, solo hay una aplicación en el mercado que automatiza ese trabajo infernal. La aplicación en si no es cara, pero esa estupidez les limita la elección de sistema de contabilidad porque hacer una inversión en un sistema nuevo (el que yo les quería vender) no tiene sentido si no les permite reemplazar esa aplicación.
Resultado, no pueden progresar en sistemas de información, no pueden crecer en tamaño (la gestión semimanual que hacen sería infernal con un tamaño mayor) y la ruptura del mercado genera decenas de miniempresas poco eficientes.
Más pymes.
«Hablamos de liberalizar servicios, aumentar la competencia, eliminar los privilegios de los colegios profesionales….» ja, ja, os recuerdo que el Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, es Registrador de la Propiedad, ingresa una pasta por su plaza en Santa Pola (Alicante), en la que no trabaja desde los 28 años, es el ejemplo máximo de todo el lastre decimonómico y franquista de este país, de verdad os creeis que va a cabar con todo ello??
Sobre la liberalización de servicios, eliminación de los privilegios de los colegios profesionales y aumentar la competencia, para mí, el verdadero termómetro de las intenciones del gobierno son las farmacias. Es de largo el colegio profesional más poderoso e influyente de todo el entramado.
Si de veras quieren cambiar algo, y si esas nuevas leyes tienen efectividad, lo veremos fácilmente en ese sector.
¿Notarios y registradores no cuentan?
No creo que sea mala idea lo de los 2.000 euros, primero porque el estado pone mil y segundo porque para un cochede 10000 euros recogera 2000 euros de IVA con lo cual es posible que no sea tanto disparate.
Por cierto se intuye el miedo a las reformas en el Gobierno por lo que he leído por ahí nombran que muchas cosas son impuestas de Bruselas. Aunque la música suena bien me juego un brazo a que se quedan en NADA.
Sobre el PIVE, con la cantidad de impuestos que pagan los coches, al final igual hasta acaban sacando dinero
http://www.agenciatributaria.es/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Estadisticas/Publicaciones/sites/matriculaciones/2011/jrubikcc27.html
Cualquier d’ia, Montoro regala bombillas.