Sociedad

De españoles desconfiados y regulación absurda

4 Sep, 2012 - - @egocrata

Una de las cosas que más me han sorprendido de los debates recientes en política española es la tendencia de todos los actores implicados a esperar lo peor. La reforma laboral, sin ir más lejos, trajo consigo una lista casi interminable de historias de terror sobre trabajadores improductivos con contratos blindados y malvados empresarios que explotaban cualquier agujero legal para maltratar a sus empleados con contratos basura. La reforma de los alquileres de vivienda trajo consigo caseros dictatoriales, cláusulas abusivas, inquilinos vandálicos y jueces incapaces de decidir nada en menos de catorce años. El debate, en todos los casos, parece centrarse en los casos más extravagantes de disfunción institucional y problemas legales, sin prestar atención a los escenarios en que uno de los firmantes del contrato no es un sociópata con abogados.

Este pesimismo vital sobre la probabilidad que alguien te vaya a pegar una puñalada trapera por la espalda no es una anécdota; hay bastante literatura sobre este tema. Resulta que España (y Portugal, Grecia y ¡Francia!) es uno de los países de la OCDE con menor confianza interpersonal entre sus habitantes; los españoles nos metemos en negocios, alquileres, contratos y demás esperando que nos la van a jugar. Los sociólogos llaman a esta idea «Capital Social«, uno de los conceptos más demencialmente peor definidos de las Ciencias Sociales, básicamente porque correlaciona con prácticamente todo pero no hay forma de saber qué estas explicando en ningún sitio. Por añadido, es una de esas ideas que siempre acaban peligrosamente cerca de explicaciones culturalistas («España está llena de españoles«), así que nunca es mala idea manejarlo con cuidado.

Esto no quiere decir, sin embargo, que sea completamente inútil. Basta echar un vistazo a casi cualquier normativa española para darse cuenta que los legisladores son casi igual de paranoicos que sus ciudadanos cuando están intentando regular algo. El mercado laboral español es un galimatías inflexible y confuso en parte porque la ley está intentando definir cualquier escenario posible de desfalco, traición, purga o venganza. Los jueces aparecen en la ley por todas partes, siempre atentos a que alguien no sea lo que parece. Los contratos de alquiler han sido, desde siempre, igual de rebuscados y garantistas, siempre pensando que alguien va a pegarle fuego a la casa.

El pequeño problema, obviamente, es que esta clase de regulaciones no acostumbra a ser demasiado eficiente. Como más larga, compleja y barroca es una ley, mayores son los costes de transacción; toda gestión, contrato, compra o relación laboral exige una cantidad de papeleo adicional importante, y eso, no hace falta decirlo, cuesta dinero. La gestoría es un negocio netamente español al fin y al cabo;  en Estados Unidos son innecesarias. El resultado es el sobradamente conocido y siempre ignorado galimatías legal que es la administración española en casi todos los niveles. Gran parte de la regulación torpe, ineficiente y estúpida que sufrimos viene de aquí.

¿Qué sucedería si los legisladores españoles, en un ataque de liberalismo desaforado, decidieran eliminar todas estas trabas y aprobaran un marco regulatorio menos paranoico? La verdad: probablemente los temores de todos los españolitos de bien se cumplirían, al menos a corto / medio plazo. Los empresarios abusarían aún más su posición dominante sobre los trabajadores. Los caseros harían aún más el ganso. Los proveedores recibirían sus pagos aún más tarde. Los contratos serían más vulnerables a la picaresca. En España la mayoría de ciudadanos espera que las cosas vayan mal, y probablemente actuará en consecuencia. En un mundo donde todo el mundo intenta explotar los límites de la ley, la reacción natural es «tonto el último». En ciencias sociales se habla a menudo de equilibrios cooperativos y equilibrios no cooperativos. En este caso estaríamos viendo un ejemplo claro del segundo escenario.

Imaginad una sociedad donde el 99% de la población es total y completamente honesta. Nunca rompe contratos, nunca se aprovecha de la situación, hacen lo que prometen y en general se portan bien. Imaginad también que esta sociedad tiene un juez y un policía, y estos son capaces de detectar y castigar cretinos de forma más o menos eficaz, siempre que el porcentaje de listillos sea manejable. En un mundo donde un 99% de la población es honesta ser el tipo que intenta llevarse la pasta de viejecitas es una mala idea -primero, porque todo el mundo te mira mal, y segundo porque la policía te cazará siempre.

Ahora imaginad una sociedad parecida, pero con un 5% de cretinos. Los guardianes son los mismos que en la sociedad anterior, igual de incorruptibles y serios; el problema es que sólo pueden mantener controlados un 2% de la población.  A las pocas semanas una parte significativa del 95% de población honesta estará hasta la coronilla que les tomen por el pito del sereno,  y tendrá fuertes tentaciones de empezar a portarse mal. No hace falta decir que a largo plazo todo el mundo estará saltándose las reglas de la decencia y la moral con entusiasmo, mientras los pobres policías intentan en vano mantener algo parecido al orden a base de crear leyes cada vez más detalladas y procedimientos cada vez más complejos para facilitar la vigilancia.

¿Cómo pasamos de un equilibrio a otro? A corto plazo la única solución factible es mejorar la tasa de éxito de los guardianes de modo que el cretinismo sea más arriesgado. La idea básica a tener en mente es que tenemos dos clases de sociedades: aquellas que con pocos free-riders y pocos policias, y otras con cantidades descomunales de pícaros y guardianes desbordados. Las segundas son mucho más «caras», tanto por la necesidad de regulación adicional, costes de transacción y mayor necesidad de vigilancia. Como en casi todas las cosas, la calidad de la administración pública y su competencia es crucial; un país con funcionarios competentes, reguladores serios y tribunales eficientes ayuda lo indecible a hacer que puedas confiar en el prójimo. Si un trabajador vivales, empresario abusón o demás criatura poco dispuesta a colaborar sabe que le van a pillar y se le va a caer el pelo todo el mundo va a tomarse esto de portarse bien un poco más en serio.

Repito: una de las grandes reformas estructurales pendientes en España es la administración pública y galimatías regulatorios asociados. No voy a ir tan lejos hasta decir que un montón de funcionarios competentes y una justicia rápida harán de los españoles mejores, más honestos y aumentarán su confianza en la especie humana, pero tengo la sensación que ayudaría bastante. Y sí, ya sé que pedir esta clase de reformas a un gobierno repleto de funcionarios es una quimera. Más sobre esto, mañana.