He de decir que me resulta muy difícil escribir esta nota sin caer en el enfado o en la rabia. Mi tierra, donde nací y crecí, huele a ceniza, y lo que sale del corazón es un grito de «por qué demonios nadie hace nada». Pero precisamente por eso creo que vale la pena intentar mantener la mente fría para ver exactamente qué está pasando y cuál es la razón, para ver si la política tiene algo que aportar a la absoluta catástrofe que significan los mayores incendios de nuestra historia conocida.
Lamentablemente, mis conocimientos sobre política anti-incendios son escasos, y por tanto no me atrevo (aunque he estado trabajando bastante con los datos estos últimos días) a establecer si la relación entre recortes y magnitud de los incendios es causal o no. Doctores tiene la Iglesia, y yo no soy uno de ellos. Aparentemente, desde luego, hay los suficientes motivos como para indagar a fondo y con rigor en esta pregunta. Al mismo tiempo, hemos de mantener presente que el factor principal en la magnitud de un incendio suelen ser las condiciones meteorológicas, y la combinación de viento fuerte y cálido, temperaturas altas y falta de lluvias en los meses anteriores ha sido fundamental para determinar la magnitud de la catástrofe valenciana.
Dicho esto, me gustaría hacer hincapié en un par de posibilidades políticas de las que se habla muy poco, al menos en comparación con los recortes en prevención y extinción. Partiendo de la base de que podemos pedir milagros, ni caer en el tópico de «piove? porco governo!» según el cual se culpa a los gobernantes de cualquier desastre que suceda, sí debemos exigir una estructura de prevención adecuada que pase por la limpieza de montes y la vigilancia constante. La razón es que si el modelo de Estado que tenemos es el de «una red de seguridad«, esto se aplica también a la prevención de incendios. Sabemos que un seguro solo tiene sentido si está totalmente activo el 100% del tiempo. Bien, pues eso es lo que hemos de exigir a la Administración en materia de prevención de incendios: que se asegure en la medida de lo posible (que es más bien poco, pero es) que este tipo de situaciones no se den. Es necesario, pues, destinar recursos a medidas de prevención y detección temprana.
Pero esto solo es, insisto, una «red de seguridad». Esta red funcionará cuando sea necesario debido a factores que quedan fuera de nuestro alcance… o quizás no es así. Porque en la Comunitat, en los últimos diez años, en torno al 70% de los incendios tienen acciones humanas (intencionadas o por negligencia) identificadas. Eso significa que podemos evitar una parte sustancial de los mismos, al menos intentarlo. Aunque, como dijo Roger Senserrich en la tertulia de este mes, un sistema «a prueba de imbéciles» es carísimo, entre 200 y 300 incendios al año parece demasiado imbécil, con perdón. Esto nos lleva a plantearnos qué puede hacer la acción gubernamental antes de la prevención.
Lo más obvio es la necesidad de sanciones implacables para aquellos que incumplen las normas de seguridad aunque no hayan provocado ningún incendio. Me importa no tanto el tamaño de la sanción como el hecho de que se aplique un 100% de las veces: el control, el «saber que te van a pillar», es el factor clave en cualquier decisión (por acción, omisión o imprudencia arriesgada) en torno a hacer algo que está penado. Da igual el tamaño de la pena si la probabilidad que asocias a pagarla es baja. Es prioritario desincentivar al máximo este tipo de comportamientos.
Pero podemos ir más allá. Debemos cuestionar el uso al que sometemos a nuestros bosques. Una, por lo demás, valiente nota de Andrés Boix en El País lo explicaba así:
No se suele casi nunca prestar atención, en cambio, a ciertos usos ilegales o alegales, de tipo recreativo y residencial, que someten a gran presión a nuestras áreas boscosas y las sobrecargan en sus lindes con muchos usuarios con poca formación ambiental. Las decenas de miles de casetas o urbanizaciones alegales que soporta nuestro territorio en medio de un sorprendente acuerdo social que convalida todos estos excesos de años pasados y recompensa a quienes se han tomado la ley a chirigota son inevitablemente el origen de muchas imprudencias.
Es decir: la política de prevención es una red de seguridad de alto coste y (posiblemente) escasa eficacia bajo determinadas circunstancias porque lucha contra factores meteorológicos, pero es una red que existe precisamente por fallos o actuaciones malintencionadas de origen humano. Lo lógico será, pues, que los esfuerzos de la política se concentren en este origen del problema, para hacerlo mínimo. Actuemos, pues, para minimizar la probabilidad de que semejante catástrofe vuelva a suceder, y no solo para poder reaccionar a tiempo.
Estoy básicamente de acuerdo en todo lo escrito pero incidiría mucho más en que el gobierno tiene que tomarse en serio la prevención.
Galicia también es una zona plagada de incendios, tanto naturales y fortuitos como provocados por intereses comerciales o incluso por riñas. Las sanciones y la persecución de los piromanos pueden reducir el número de incendios pero nada harán para disminuir su gravedad.
La prevención en forma de cuadrillas de mantenimiento de cortafuegos, limpieza de montes y vigilantes forestales es crítica para controlar y limitar los efectos del fuego y tristemente suelen ser las primeras partidas victimas de los recortes con argumentos falaces como «¿por que hay que vigilar en enero?».
Resumiendo: abandono la idea de intentar evitar los incendios, la gente es gente y los rayos son rayos, eso seguirá ocurriendo y pongo el foco en la prevención de catástrofes enormes. Prefiero 100 incendios pequeños de 1Ha que 3 enormes de 500ha cada uno.
y añado:
Por no hablar de leyes absurdas al sentido común como que haya zonas calificadas como parques naturales cuya propiedad sigue siendo de los vecinos del lugar pero que por la lay de parques no puedan limpiar sus montes como han hecho toda su vida.
– «Eso es algo ecológicamente complicado y tarea de la administración» les dicen y cuando llega el fuego el monte está lleno de maleza porque la administración no ha efectuado ningún mantenimiento.
Cuando mi madre era niña, ella y todos sus 8 hermanos salían al monte en Coruña provincia y conseguían un puñado de piñas, hacían falta para encender el fuego. Hace cuatro años, salimos en plan vintage a hacer lo mismo y llenamos cinco sacos inmensos.
La sociedad ha cambiado y el estado no ha sabido reaccionar a ese cambio. Y lo pagamos todos, en Valencia ahora o en Galicia casi todos los años.
¡Valiente! Jorge, me llamas valiente y claro, no he podido evitar acordarme de «Yes, Minster». ¡Estoy con sudores fríos!
Vivo con un agente forestal. Uno de los episodios más repetidos en su jornada laboral diaria es el de sancionar a alguien que está en su finca haciendo trabajos de soldadura o con sierras radiales cerca de vegetación (y en un día de viento, cerca son 15 metros). El patrón común es la incomprensión: «¿Qué estoy haciendo mal que merezca esa sanción? Estoy en mi finca, trabajando y haciendo algo que he hecho toda la vida.»
El otro día, en mi oficina, salió el tema y la mayor parte de mis compañeros consideraban las causas de este incendio producto de mala suerte, no de negligencia. Su argumento era análogo al de los sancionados. A mí me recuerda al temca de la seguridad vial: sólo tras años de campañas de concienciación la gente ha aprendido que hablar con el móvil al volante, conducir bebido o no descansar lo suficiente es echar papeletas para que ocurra una desgracia y que gran parte de esos accidentes achacados a «la mala suerte» pueden ser evitados.
Otro tema, claro, es el de los incentivos perversos. Agosto y septiembre, los meses más delicados para los incendios, están plagaditos de fiestas locales, herencia de los antiguos festejos en agradecimiento a la cosecha. Es un poema escuchar el relato de los denodados esfuerzos de los agentes forestales para evitar que se emplee pirotecnia en estos eventos. Con el campo absolutamente seco debido al verano, un simple petardo puede ser el inicio de una catástrofe. Pero la gente del pueblo no lo ve así: al fin y al cabo, es la fiesta de la patrona y siempre se ha hecho así. El alcalde no tiene ningún incentivo para aguarle la fiesta a los vecinos y acaba alineado contra el esforzado agente forestal. Y otro tanto ocurre con el policía local y los agentes de la guardia civil que, al fin y al cabo, son vecinos del pueblo y aman las fiestas patronales como el que más. Dependiendo de la cabezonería del agente, aquello acaba solo con una denuncia o bien, las menos veces, además con la suspensión del aparato pirotécnico, no sin enorme cabreo e indignación por parte de los vecinos y fuerzas del orden. ¿Y en qué acaban las denuncias? Generalmente en nada. Llegan a la Consejería, gobernada muchas veces por alguien del mismo partido que el alcalde sancioinado, y ahí se entierran porque nadie quiere ir en contra de la sacrosantísima tradición de las fiestas populares. Son muchos votos en juego, al fin y al cabo por un «por si acaso».
Lo que es sorprendente es que quedasen bosques en Valencia.
Dado el estilo valenciano de hacer las cosas, y sumando el clima de allí y la demanda durante décadas de urbanizaciones y hormigón a cascoporro, yo pensaba que no quedaba ninguno.
Bueno, hay que dar un poco maś de tiempo a los valencianos y eso será una realidad. Por lo que se ve, ya llevan mucho camino hecho.