Economía

Las cajas de ahorros

8 Jun, 2012 -

Creemos que es interesante hacer una breve pero clara explicación de cómo se estructuró el funcionamiento de las cajas de ahorros en España, y cómo esto llevó a la situación que todos conocemos. Para ello, primero haremos un somero repaso de su estructura legal, para después pasar a discutir uno de los casos más conocidos y discutidos: el valenciano.

La estructura de las cajas de ahorros actuales se regula en la Ley 31/1985 del 2 de agosto, donde se crea un gobierno corporativo con tres órganos: Asamblea, Consejo de Administración y Comisión de Control.

Asamblea: en el artículo 2 de la Ley se especifican los porcentajes en los que distintos agentes tendrán representación en esta, siendo: Corporaciones Municipales y otras entidades de derecho público (Gobiernos Autonómicos) controlarán como máximo el 40% de la asamblea, los impositores entre el 25 y el 50%, los fundadores y los trabajadores máximo el 15%. En 2010 se modificó la ley para que “otras entidades de reconocido prestigio” eligiesen al menos al 5% de miembros de la asamblea a pesar de quedar ya pocas cajas que no hubiesen empezado la fusión y bancarización.

Consejo de Administración: el consejo es el órgano con más competencias de una caja: tiene encomendada la administración y gestión financiera y la obra social. En el artículo 14 de la LORCA se obliga a que éste sea proporcional a la asamblea y a que sus miembros sean aceptados por esta. Los consejerosgenerales tienen voz y voto en la asamblea en calidad de miembros, aunque en la práctica esto es irrelevante.

La Comisión de Control: es el órgano encargado de velar por el buen hacer del Consejo de Administración. Es elegido por la Asamblea de entre los miembros del Consejo de Administración, y en la misma proporción que en la Asamblea.

En definitiva, hay tres órganos que en la práctica son uno: La Asamblea. La captura de la Asamblea, por tanto, garantiza el control absoluto de la entidad y los incentivos a alcanzar pactos entre los distintos grupos de la Asamblea para extraer rentas son enormes.

En toda la LORCA aparecen apenas tres referencias al Banco de España: La Comisión de Control le remitirá informe semestral, los nombramientos de consejeros le serán informados y los préstamos y avales de la entidad a consejeros y cónyuges de éstos deberán ser admitidos por él.

El caso valenciano

A partir de aquí, nos centraremos en dos puntos: las competencias de control e inspección de las cajas de ahorros y los porcentajes de representación de cada colectivo en la Asamblea.

Las competencias de control e inspección, tanto en la Ley 1/1990 de 22 de febrero como en la actual de correspondía tanto al BdE y el Ministerio de Economía como a la Consellería (a partir de 1997, al IVF). El art.55.2 demuestra el ánimo del legislador autonómico por dejar en manos del Govern la supervisión de las cajas, lo cual acabaría sucediendo parcialmente:

Artículo cincuenta y cinco – dos. En materia de disciplina e inspección, la Conselleria de Economía y Hacienda podrá celebrar Convenios con el Banco de España.

Aunque desde la Ley 4/97 del 22 de febrero la supervisión bancaria corresponde al IVF, legalmente no se dota al mismo de capacidad para ello hasta un año después. Al parecer una condición para ceder competencias en la supervisión es que ésta la llevase a cabo un organismo externo como el IVF.

Más políticamente compleja es el baile legislativo en cuanto a la composición de la Asamblea. La ley valenciana de 1990 repartía los miembros de la asamblea entre:

Impositores 35%
Aytos. 35%
Empleados 15%
Fundadores 15%

Impositor es todo aquel que tenga una cuenta abierta en la caja en cuestión. Para ejercer su derecho a participar en la asamblea los impositores deben crear asociaciones al uso. Los problemas de coordinación y la potencialmente nula relevancia social de la participación, así como la poca información relativa a las mismas hace que sean asociaciones fáciles de capturar por grupos bien organizados.

En los noventa el PP valenciano comenzó a infiltrarse en la vida asociativa valenciana, siendo uno de los grupos más ligados a la estructura orgánica del Partido la Asociación de Amas de Casa Tyrius. La Asociación de Impositores de Cajas de Ahorros, asociación que agrupa a los impositores de Bancaja, la CAM y Caixa Ontinyent, está hermanada con Tyrius, esto es, está dentro de la estructura informal del PP. La Asociación de Impositores fue utilizada como palanca para que las cajas valencianas financiasen la red de asociaciones del PP, permitiendo la victoria del PP en Valencia y Castellón. Ese mismo año, Caja Castellón y Caja Valencia se unieron formando Bancaja.

A pesar de este uso electoral, la estructura de las cajas de ahorros no permitía una captura del mismo del gobierno regional, pues este no tenía representación, pero en 1997, con Eduardo Zaplana como Molt Honorable se modificó la ley para que el gobierno regional pudiese utilizar las cajas para financiar su proyecto de Valencia. En un acto de fallerismo legislativo, la ley 4/97 de 22 de Febrero modificaba de 1990 además de dando al IVF competencias en la supervisión, cambiando el artículo 24 en el que se especifican los porcentajes que corresponden a cada organismo en la Asamblea, siendo la nueva distribución

Generalitat Valenciana 28%
Impositores 28%
Aytos. 28%
Empleados 11%
Fundadores 5%

Como hemos visto al principio, la LORCA impone un máximo del 40% de representantes de la Asamblea a ayuntamientos y “otras instituciones de derecho público”. Zaplana les había dado un 56%.

Cinco meses después, en el decreto 1/1997 de 23 de Julio se refundió el antiguo texto, cambiando de nuevo la representación de la Asamblea del artículo 24, siendo:

Generalitat Valenciana: 28%
Impositores: 28%
Empleados 11%
Aytos. 28%
Fundadores 5%

Esta reforma redujo el poder de los ayuntamientos en favor del de la Generalitat sobre las cajas, reforzando además el control de las mismas por parte del partido gracias al aumento del poder de los impositores. Dado que los representantes de la Generalitat están en proporción al número de diputados de los partidos en Les Corts, como mecanismo de seguro se dio representación a otras organizaciones a trravés de la cuota de los fundadores, que en el caso de Bancaja fueron: La fundación Obispo Amigó en Castellón, la Fundación Arzobispo Miguel Roca, la Asociación Valenciana de Caridad, Fontilles y la Cruz Roja de la Comunidad Valenciana. A excepción quizás de la Cruz Roja todas ellas de fuerte raigambre cristiana y conservadora.

Con este dominio sobre el consejo de las cajas, aunque seguían habiendo consejeros no ligados al PP como Vicente Montesinos Vernetta (actual vicepresidente 1º), Antonio J. Tirado (Actual presidente y ex alcalde socialista de Castellón) o Joaquín Azagra (exconseller con el PSOE y actual vicepresidente 4º), el PP fue capaz de usar las mismas como herramienta de financiación de la Ciudad de las Artes, Terra Mítica y otros grandes proyectos, amén de urbanizaciones fantasma por toda la costa levantina.

Cabe destacar que en 1997 también cambió el director general de Bancaja. El director es el encargado de la administración y consecución de los objetivos fijados por el Consejo, y es nombrado por el propio Consejo. Lo sospechoso del caso fue que Emilio Tortosa fue sustituido por Fernando García Checa, un auditor de Arthur Andersen. Esa misma empresa era además la compañía encargada de auditar Bancaja (además de Caja Madrid y Bankia), y García Checa uno de los encargados de tal trabajo.

En 2007 García Checa fue despedido por el nuevo presidente del Consejo, Luis Olivas, tras una lucha por el control efectivo de Bancaja.

El problema de fondo de las cajas de ahorros no han sido estrictamente los sistemas autonómicos de control. Las cajas madrileñas, regidas por una ley (4/2003, de 11 de marzo) mucho más compleja que busca la pluralidad política y sindical en la Asamblea, han acabado financiando proyectos cuasipolíticos de dudosa rentabilidad como el Parque Warner; regalando a la ciudad esculturas de Calatrava, colaborando en los préstamos sindicados a la Ciudad de las Artes y las Ciencias o teniendo una exposición inmobiliaria significativa aunque menor a la de las cajas valencianas. La Ley de Cajas de 1985 creó un sistema en el que los objetivos de los gestores no estaban alineados con los de la sociedad o los administradores de las cajas y sin mecanismos de control externo eficaces, una situación poco propicia para una política industrial exitosa.

 

Actualización: En la versión original se decía que los porcentajes de representación de la ley de 1997 todavía estaba vigente. En 2003 se modificó, y de nuevo en 2010 previo a la fusión, siendo estos actualmente:

Generalitat Valenciana: 25%; Impositores: 38%; Empleados 12%; Aytos. 15%; Fundadores 5%; Otras 5%.

Muchas gracias a Alejandro Muñoz (@almujul) por señalar el error y ayudarnos a subsanarlo.