La clase política catalana parece estar metida hoy en una competición cerrada en a ver quién defiende mejor el terruño de la viciosa afrenta del malvado Tribunal Constitucional. Todo es ruido, furia, indignación y manifestaciones, aporreando mesas con cara de estadista.

Si miramos el fallo, sin embargo, veremos que a efectos prácticos la sentencia apenas ha tocado nada relevante. La única sección que ha recibido recortes más o menos serios es el apartado de justicia, y más concretamente el (difunto) Consejo de Justicia de Cataluña. Cuando se aprobó el estatuto todo sabía que esa era de lejos la sección más dudosa del texto, en gran parte porque el poder judicial está definido en la Constitución de forma muy restrictiva. De hecho, es la única sección claramente centralista en un texto en que prácticamente todo está abierto a federalización. Es cierto que en vista de cómo está organizado el estado de las autonomías estas restricciones son un tanto absurdas, pero realmente no da margen de error.

El resto de preceptos que han sido retocados son realmente poco importantes. Una pequeña corrección en el estatus de catalán que no cambiará demasiado (la ley de política lingüística es donde se deciden estas cosas), matizaciones no especialmente serias en el Síndic de Greuges (que tenía una descripción competencial incomprensible) y el Consejo de Garantías Estatutarias y un cambio mínimo en el lenguaje sobre cajas de ahorros y entidades financieras. En el apartado tributario, el TC se carga el absurdo lenguaje exigiendo que otras autonomías hagan «un esfuerzo fiscal similar» (el estatuto catalán no puede regular los impuestos de otros estatutos) y la limitación del poder para crear tributos locales, algo que la Constitución señala claramente que requiere ley orgánica previa.

A efectos prácticos, los únicos catalanes que van a ver cambios reales derivados de esta sentencia son jueces y abogados, nadie más. La política lingüística queda intacta, las competencias en manos de la Generalitat no varían y el sistema de financiación sigue siendo exactamente el mismo, exceptuando el matiz en administraciones locales. Es especialmente delirante que tengamos gente quejándose que el preámbulo no tiene valor jurídico, cuando los preámbulos nunca tienen nada más que un valor simbólico. Por no mencionar que la palabra «nación» es un concepto jurídico completamente inútil, ya que no hay manera de definirlo – es algo de debate político, no de leyes. Decir que el estatuto «rebaja aspiraciones» es un poco ridículo, la verdad.

A decir verdad, el fallo del constitucional realmente se ajusta mucho a lo que podíamos esperar de un organismo imparcial. Ha masacrado lo que era obviamente inconstitucional (poder judicial y tributos locales), ha retocado algunos artículos con lenguaje demasiado ambiguo, y se ha cargado dos preceptos singularmente estúpidos (Síndic con competencia exclusiva para controlar la administración autonómica, y exigir que el resto paguen tantos impuestos como Cataluña crea conveniente); en otras palabras, no ha hecho nada que no fuera esperable.

En contra de lo que dice José, no son retoques espúreos, pero la verdad, no entiendo la indignación. No crea una crisis de estado (el Supremo americano se carga leyes constantemente, y nadie lloriquea de este modo), no es una castración de nadie, y desde luego no contradice la voluntad sagrada del mítico pueblo de Cataluña. Es simplemente un ley que pertenece al bloque constitucional que no ajustaba del todo bien. Si la identidad de Cataluña como nación depende del hecho que un mini-consejo del poder judicial regional actúe como subalterno del que tienen en Madrid, realmente estamos produciendo demasiados abogados. Salir a la calle por esta sentencia es una estupidez.

Lo más divertido, por cierto, es el hecho que muchos artículos recurridos y anulados sobre competencias judiciales han sido reciclados en otras reformas estatutarias que no ofendieron al PP lo más mínimo. En un país razonable eso sería señal que es hora de arreglar el CGPJ en la Constitución, una institución que es obviamente una verbena, pero eso sería pretende que Rajoy se preocupa de cosas como la coherencia o el buen gobierno.

Contra todo pronóstico, la largamente sentencia del constitucional ha acabado siendo un texto razonable. Quién lo iba a decir.