Si hay algo que deberíamos criticar en política es cuando los políticos no se toman su trabajo en serio. El Partido Popular de Valencia estos días está retrasando hasta el infinito el nombramiento de Leire Pajín como senadora por su comunidad, supongo que como venganza socarrona tras las tribulaciones legales de su presidente en la región. Es una actitud básicamente infantil, como un crío no queriendo soltar el balón hasta que todos reconozcamos que era gol, y es básicamente un tomarse a pitorreo las instituciones sólo para echarse unas risas.

En este caso el PP está retrasando un nombramiento relativamente poco importante, pero lo que debemos recordar es que no es un hecho aislado. Como comentaba Ignacio Sánchez-Cuenca hace unos días, los conservadores españoles tienen una tendencia un tanto enfermiza a poner tantos palos en la rueda como les sea humanamente posible a cualquier reforma o nombramiento que les parece más o menos mal. Cosas como el eterno veto del CGPJ, la ridícula charlotada de las versiones «alternativas» de la asignatura de educación por la ciudadanía o su lento, proceloso y básicamente inexistente de la ley de dependencia de algunas autonomías lo dejan relativamente claro.

Al Partido Popular le gustan las leyes. Les encantan. Les gustan tanto, de hecho, que están más que encantados de ahogar todo aquello que no les guste a base de tirar toneladas de abogados y barroquismo legal sobre ello. Y si tienen problemas, con las leyes, todo es cuestión que las lea un juez amigo, claro esta.

La democracia, como sistema político, es un mecanismo delicado. El punto de partida de todo el sistema es el pequeño milagro que el partido que pierde las elecciones acepte dejar el poder. Sin embargo, esto es sólo una parte de la magia de las constituciones: el engranaje central del reloj, lo que hace que todo funcione, es que los perdedores acaten que la victoria electoral tiene consecuencias. Los ganadores tienen el derecho a pasar leyes y tomar decisiones, siguiendo las normas que marque el sistema, y esas leyes y decisiones es probable que no les gusten, pero como minoría deben aceptarlas.

El Partido Popular no parece tener problemas saliendo del gobierno, pero parece que tiene una alergia suprema a dejar que otros tomen decisiones. Los socialistas pueden pasar leyes que no les gusten, nombrar gente que no les entusiasma o querer hacer cosas que no les parecen bien, y lo harán porque se lo ganaron en las urnas. El hecho que un determinado agujero legal, requisito de supermayoría o cuestión de procedimiento previa les permita romper el sistema a base de legalismos no significa que deban hacerlo. Para el PP, sin embargo, todo es cuestión de encontrar una excusa.

Su actitud hostil con las normas va más allá de respetar elecciones, los jueces y la justicia los ven de igual manera. No es cuestión de buscar imparcialidad, es cuestión de explotar el sistema con saña. Si para ello tienen que romperlo (y la verdad, en Valencia lo han roto), pues se hace y listo. Si la ley no lo prohibe (o si pueden interpretar la ley de forma suficiente absurda) lo harán, y listo, aunque eso implique hacer que un juez que participó en tu campaña electoral te juzgue.

Las constituciones y el estado de derecho, por muy bien diseñadas que estén, dependen de una cierta fantasia compartida. Son como las hadas, que si no crees en ellas desparecen. No importa lo bien escrita que esté una ley o un decreto, si las personas que deben implementarlo y cumplirlo opinan que es un estorbo el texto será básicamente inútil. Tener a alguien que no crea que las leyes, normas y costumbres de un sistema democrático son importantes es peligroso, porque lo vacían completamente de contenido; por mucho que se pretenda que la legalidad se cumple, el resultado no es un estado de derecho o una democracia.

Lo más grave, desde un punto de vista práctico, es que esta clase de comportamientos son básicamente invisibles. El hecho que el PP jugara a los bolos recusando a medio Tribunal Constitucional o fagocitando jueces que se supone debía juzgar a Carlos Fabra son la clase de cosas que crean indignación entre gafosos con bitácora y partidos a los que se les está dando la murga; el votante mediano, sin embargo, no lo percibe demasiado. El resto de partidos pueden responder con maniobras legalistas parecidas (el PSOE amenaza con ello), emborronando el sistema, pero el electorado, que es el juez más efectivo para vigilar a políticos, acabará pensando que todos son iguales. Toda esta clase de maniobras, pegas y chiquilladas acaban por desacreditar la política.

Todo esto genera como mínimo un par de preguntas interesantes. La primera, y más obvia, es qué puede hacer un político más o menos cuerdo cuando la oposición empieza a comportarse de este modo. Las segunda, y no menos importante, es qué podemos hacer para minimizar esta clase de comportamientos – o dicho en otras palabras, qué arreglos, sean institucionales o de procedimiento (¡y los hay!) podemos establecer para que esta clase de comportamientos no aparezcan, o al menos no se salgan de madre en plan Honduras. Y por descontado, vale la pena también preguntarse si esta hostilidad es realmente tan peligrosa como proclamo, o si puede canalizarse de modo que el instinto partidista a liarse a tortas contribuya al debate político.

Pero de eso, hablaremos mañana o pasado, si hay tiempo. Hay mucha, mucha tela que cortar.