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Tonterías estatutarias (III): "reforma constitucional"

21 Oct, 2005 - - @egocrata

Parece que la insistente retórica del PP sobre la presunta reforma constitucional encubierta que se oculta en el marvado estatuto de autonomía de Mordor Cataluña está empezando a calar en la blogosfera. Como tantas otras maravillas dialécticas que emergen de Acebes y compañía, es una solemne estupidez, y una demostración más que el PP prefiere criticar las cosas diciendo memeces a señalar lo que cree que objetivamente es malo del proyecto de reforma.

La cuestión es que el PP pretende que el estatuto sea tramitado en el congreso como una reforma constitucional, no como la ley orgánica que es realmente. Argumentan que dado que el proyecto (¡no el estatuto aprobado!) es inconstitucional, este debe ser tramitado como una reforma de la carta magna. Pues bien, no es tan
fácil. Para empezar, sólo hay una voz autorizada en el sistema político español para dictaminar sobre la constitucionalidad de una ley, y sorpresa, no es el principal partido de la oposición, ni las bitácoras liberales. Es el Tribunal Constitucional. Este tribunal, como Aznar descubrió haciendo el ridículo, no se puede pronunciar respecto a proyectos de ley, sino sólo respecto leyes ya aprobadas. Así que impugnar el estatuto antes que entre en el Congreso estilo plan Ibarretxe es sencillamente estúpido.

Más allá de eso, el hecho que un texto sea inconstitucional no implica que esté intentando reformar la constitución. Cuando el gobierno Aznar pasó un decreto-ley sobre el fomento de la actividad económica que apisonó sin demasiados miramientos los límites constitucionales a ese tipo de textos, este no estaba reformando el texto sagrado, sólo saltándose algunos preceptos. Si la ley de matrimonio homosexual es anulada (que no
lo será) no será que se estaba reformando la constitución, sólo se estaba pasando una ley que iba más allá de los límites de esta.

La reforma del estatuto contradice presuntamente algunos aspectos del ordenamiento constitucional, según sus detractores, pero no los derroga, modifica o desintegra. Es una ley orgánica; no puede contener (y no contiene) nada en su articulado que reescriba la Constitución. Puede contener (y lo hace) artículos que presuponen un determinado sentido a lo que está en el texto de la carta magna, pero no los modifica. Del mismo modo que una reforma de la ley de protección de datos es una interpretación sobre los límites del derecho a la privacidad, una reforma de un estatuto es una interpretación de los límites del sistema de atribución de competencias. Cuando la reforma del estatuto de Valencia atribuye a esa autonomía competencias en educación, ese texto está haciendo una lectura del artículo 148.2,
que permite a la comunidades recoger en sus estatutos competencias más allá de la lista de exclusivas del 148.1, y del 149.3, que permite le permite apropiarse de estas en sus estatutos. En nigún lugar la Constitución dice quién gestiona educación; Valencia interpreta eso como que puede salir y agarrarla.

Cuando en la reforma del estatuto catalán se incluye un sistema de financiación, no se está vulnerando ningún texto. Simplemente, los legisladores creen que el artículo 156 (que permite a las comunidades actuar como delegados o representantes del estado en la recaudación, por cierto) les permite incluirlo en el estatuto, ya que no hay nada en el resto del articulado que prohiba expresamente hacerlo. Eso puede ser una buena idea o no, desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista jurídico no es una reforma de la Constitución, ya que sólo está expresando lo que los legisladores creen que es una posibilidad dentro de esta.

Una vez aprobada la reforma, con cambios o sin
ellos, es el Tribunal Constitucional, si fuera necesario, el que va a discernir si los legisladores se han pasado y han ido más allá de lo que permite el texto, o no. Pasarse de la línea, sin embargo, no es “reformar”, es sencillamente interpretar de manera equivocada.

A uno puede gustarle o no la reforma del estatuto, uno puede creer que tiene artículos estúpidos o no (por cierto, ya critiqué el sistema de financiación aquí y aquí), incluso puede creer que el texto no cabe en la Constitución ni de broma. Lo que no puede hacer es criticar el texto por algo que no es.

Por cierto, catedráticos de constitucional consultados por el PSOE para ver si se cargan el término nación ha dicho que es totalmente inocuo. Nada que no hubiera dicho.