Corrupción

La captura de las agencias anticorrupción

22 Jun, 2016 - - @elena_costas

Antes de la celebración de la consulta catalana del 9-N el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz le pide al director de la Oficina Antifrau de Catalunya (AOC), Daniel de Alfonso, que busque escándalos relacionados con los partidos catalanes que pedían el sí a la independencia, CDC y ERC. Público ha revelado las grabaciones en las que se pueden escuchar al ministro hablar en términos de ajustes de cuentas, como si se tratase de una guerra de pandillas en la que todo vale. Y afirmar también que todas estas conversaciones se realizan con el conocimiento del presidente del gobierno: “Yo se lo dije a él, es un hombre discreto donde los haya. Por supuesto, su mano derecha no sabe lo que hace su mano izquierda“. Sin comentarios.

La respuesta a estas declaraciones no se ha hecho esperar. Casi todos los partidos catalanes, así PSOE, Podemos y Ciudadanos, han pedido la dimisión del ministro de Interior. Esta situación plantea tres puntos fundamentales que ya hemos mencionado en otros artículos y de los que es indispensable seguir hablando:

 

  1. La responsabilidad política: Que las conversaciones grabadas entre Fernández Díaz y de Alfonso acaben derivando o no en un delito penal dependerá de que se pueda demostrar que la oficina antifraude realmente tomó alguna acción a raíz de las “sugerencias” del ministro. El delito de prevaricación administrativa tampoco está claro. Recordemos que se trata de aquellos casos en los que, según el Código Penal, un funcionario público sea consciente de estar dictando resoluciones injustas o de no perseguir y castigar a un delincuente. Sin embargo, no podemos olvidar que la responsabilidad penal y la responsabilidad política no son equivalentes. Un escándalo de tal dimensión no puede saldarse únicamente dando explicaciones de una situación de muy difícil justificación. La conversación “informal” entre un ministro y el director de una oficina anticorrupción para dirigir la dirección de las investigaciones de este organismo supuestamente independiente pone en juego la separación de poderes. Plantea también la necesidad de no confiar en la ejemplaridad de nuestros representantes políticos para conseguir una buena calidad del gobierno. Se trata al fin y al cabo de tener instituciones eficientes, e independientes.

 

  1. El papel de las agencias anticorrupción: Al pensar en este tipo de instituciones es fácil llegar a la conclusión de que los escándalos se reducirán si tenemos buenas agencias antifraude, independientes por ley, que controlen a los políticos corruptos. La OAC fue pionera en España en el año 2008 como mecanismo independiente de control al gobierno de la Generalitat. Esta controlada por el Parlamento de Cataluña, lo que “legitima y garantiza su independencia”. En la propia ley de la OAC (art. 18) se habla de la confidencialidad, y de la necesidad de llevar a cabo las investigaciones asegurando la reserva máxima para así evitar perjuicios a los investigados y garantizar la eficacia del proceso. Si consideramos una de las clasificaciones más estándares de corrupción, el índice calculado anualmente por Transparency Internacional vemos que la mayoría de los países más corruptos (los últimos de la lista) cuentan con una agencia anti-corrupción centralizada, que vela por prevenir, investigar y perseguir los escándalos públicos. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, en las primeras posiciones de este ranking los países menos corruptos no cuentan con este tipo de organismo. Excepto contadas excepciones – con las singularidades de Singapur o Hong Kong –estas agencias introducen a un nuevo agente susceptible de ser capturado por los políticos y gobiernos corruptos. Y no sólo eso, se trata de un agente, a diferencia de los medios de comunicación o los propios ciudadanos, de fácil captura, al estar organizado y centralizado. Confiar que la creación de este tipo de agencias conseguirá una reducción de los niveles de corrupción requiere de un importante acto de fe.

 

  1. Whistleblowing laws: tras un escándalo de este calado las únicas declaraciones realizadas en nuestro país han sido del tipo “no conspiramos, yo al menos. Me reúno con quien me lo pide” por parte del director de la OAC, o “son dos personas que hablan de temas de su competencia y, por tanto, yo no tengo nada más que decir sobre ese asunto“, por parte del presidente del gobierno, que declara también no haber conocido hasta ayer la existencia de la OAC. Pero lo más preocupante de todo esto son las propias declaraciones de Fernández Díaz, que ha ordenado la apertura de una investigación para descubrir de dónde procede la filtración de estas grabaciones. Ya hemos hablado al respecto de la necesidad de la protección de los delatores de casos de corrupción, así como de la penalización de acciones para descubrir de donde provienen los chivatazos, como la que está iniciando Fernández Díaz. La mayoría de tramas de corrupción en España han sido descubiertas a raíz de una filtración interna, y las consecuencias laborales y personales para estos delatores tienen un coste inasumible en un país democrático.

 

Las grabaciones reveladas por Público son un claro ejemplo de la patrimonialización política de las instituciones públicas, algo que supone la utilización de recursos del Estado para un beneficio privado. Se trata de justificar por el bien del país, ya sea luchando contra los independentistas, contra los comunistas, o contra el fantasma del momento, el uso de unas instituciones públicas cuya independencia debería garantizar su uso no-fraudulento. Agencias anti-corrupción, las llamamos.