Corrupción

Corrupción y buen gobierno (II)

17 Feb, 2016 - - @elena_costas

Repasaba en otro artículo un breve diagnóstico de los principales problemas de corrupción en España, así como de la percepción que tenemos los ciudadanos al respecto. Veíamos que no existe un problema grave de corrupción administrativa, pero sí importantes escándalos políticos que tienen un gran impacto en los niveles de confianza que los españoles tienen en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.

Si tuviésemos que indicar dónde se encuentran los grandes focos de corrupción en España la respuesta es clara: los gobiernos locales y regionales. Se trata de niveles administrativos que cuentan con sistemas de control internos más débiles que la Administración central, y tienen mayores incentivos a la corrupción. El sector inmobiliario es un buen ejemplo de ello. Las competencias en materia de urbanismo recaen en los entes locales, dando un gran peso a las CCAA en materia de control y supervisión.

Una de las principales flaquezas de estos niveles de gobierno – especialmente el local – se basa en la gran discrecionalidad que existe en decisiones como la designación de cargos de libre asignación, que tienen también libre cese, así como la dependencia salarial y profesional de muchos de los agentes encargados de las normas de control (por ejemplo, los interventores) de aquellos a los que tienen que controlar (pe, los alcaldes).

Pero no es sólo el urbanismo: los procesos de contratación pública, la contratación y selección de personal, o la asignación de subvenciones y ayudas públicas concentran gran parte de los escándalos ocurridos en los últimos años. Y ahí requiere un capítulo a parte la financiación irregular de los partidos. Alguno de los casos descubiertos recientemente relacionan la financiación indirecta de partidos y candidatos por parte de empresas vinculadas en decisiones irregulares en la contratación de proveedores por parte de la Administración Pública, o concesiones administrativas. Y ahí los escándalos se suceden tanto a nivel local, como autonómico o central. Matas, Millet, Bárcenas, etc. serían sólo alguno de ellos.

Pero existe un patrón común en la mayoría de estos escándalos: la patrimonialización partidista de la Administración, y de aquellas decisiones que atañen a aquello que es público. España constituye uno de los países europeos con un mayor grado de integración entre la política y la administración. Se trata de una situación donde abunda la “politicization from above” -muchas posiciones administrativas son ocupadas por cargos políticos-, así como la “politicization from below” – muchos funcionarios se encuentran entre las élites de los principales partidos políticos.

Aprovechando la campaña electoral para el 20D hacíamos también un repaso de las principales propuestas de los partidos en materia de corrupción. Como tema estrella la corrupción aparece en todos los programas, pero con mayor o menor detalle – en general con menor – y, sobre todo, desde diferentes perspectivas. La transparencia constituye un lugar común que, bajo esa afirmación de “sunlight is the best disinfectant” parece que hará desaparecer cualquier incentivo a la corrupción. Si bien es cierto que una la transparencia efectiva puede contribuir a legitimar la toma de decisiones pública, no podemos olvidar que la corrupción ocurre dentro de la ilegalidad. Algo que no será revelado por aplicar leyes de transparencia.

Si recordamos de nuevo el diagnóstico de la situación en España veremos que cualquier medida que pretenda atajar el problema de raíz deberá enmarcarse en una reforma de la Administración. Se trata de no simplificar el problema de la corrupción a la responsabilidad del corrupto, sino entender que el papel que juegan los incentivos, y los mecanismos de control y rendición de cuentas. Se deben revisar los sistemas de selección, contratación, retención, promoción y jubilación de los trabajadores públicos, implementando nuevos sistemas de reclutamiento, formación y especialización de los directivos de la Administración. Este proceso de profesionalización debe considerar también los regímenes retributivos, así como la provisión de puestos de responsabilidad reduciendo el recurso de cargos de libre designación.

Las evaluaciones – obligatorias y públicas – deben ser un elemento clave de cualquier intervención pública, y los mecanismos de control y rendición de cuentas deben reforzarse, especialmente en los niveles de Administración local y regional. En este sentido, es importante potenciar el rol del sector privado y la sociedad civil, promoviendo así mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización ciudadana.

Por supuesto, la transparencia tiene que jugar un papel clave, si se consigue un acceso fácil y rápido a la información sobre las tramitaciones y las resoluciones adoptadas, especialmente en áreas como las subvenciones, contrataciones, autorizaciones, etc. Y no podemos olvidarnos de los grandes protagonistas de los últimos escándalos, los partidos políticos, donde se debe garantizar la aplicación de los principios democráticos en su funcionamiento interno (que ya está presente en la Constitución y la Ley de Partidos) y replantear su sistema de financiación, extensivo a sus fundaciones y entidades vinculadas. Se deben revisar también las excedencias de funcionarios directivos y las famosas “puertas giratorias”, y reforzar el sistema de justicia.

No se trata de desmerecer la importancia de medidas como la protección de los denunciantes públicos, o la revisión (o eliminación) de los aforamientos e indultos en materia de corrupción. Pero debemos entender los escándalos como un síntoma de que la Administración no está poniendo los sistemas necesarios para hacer el mejor uso posible del dinero público. Lo principal es evitar la patrimonialización partidista de lo público de la que hablábamos, entendiendo que la separación entre política y Administración es un paso indispensable para la creación de un buen gobierno en este – y cualquier otro – país.


6 comentarios

  1. Hejo dice:

    Disculpe, sin negar -ni mucho menos- la importancia y el volumen de la corrupción en entes locales y autonómicos, me permito recordar que la Administración Central no está exenta. Sirva como ejemplo los 13 ( o eran 14?) ministros de Aznar encausados. Esto por no hablar de cuando la corrupción no es tal puesto que se santifica por el BOE ( Castor, ciertos contratos de defensa, etc.), o se emiten leyes de dudoso interés general (impuesto al autoconsumo de energía), o se ejecutan decisiones administrativas difícilmente comprensibles ( inspectores de hacienda castigados por investigar a Cemex, ) o cuando la propia Administración muestra una extraña inacción (como cuando Competencia hace unos 3 años denunció sobreprecios en la venta de combustibles y no pasó nada de nada).
    En cuanto a la discrecionalidad, me permito recordar las más que sospechas en los nombramientos de jueces del Constitucional, como caso extremo.

    Lo siento si soy excesivamente duro, pero es que la entrada del artículo me ha sentado fatal.

  2. Valensianet dice:

    Hejo, hágaselo mirar…

    Enumere los ex-ministros encausados, por favor. Díganos que parte del contrato con Castor era corrupta, y qué contratos de Defensa. O díganos qué jueces del Constitucional han sido nombrados con discrecionalidad en lugar de por el procedimiento legal refrendado en la Constitución.

    En serio, no saber que los EE.LL. y las CC.AA. son de lejos mucho más corruptos que la AGE es no ver el bosque, y por cierto esto sucede en España y en cualquier otro país civilizado. Que, de nuevo por cierto, no son mucho menos corruptos que nosotros.

    Un poco se seriedad….

    • Vellana dice:

      No sé, Hejo, más que duro, parece que has estado imaginativo con unos y , sin duda, olvidadizo con otros. Yo sí te voy a dar casos ciertos que apoyarían en algo tu teoría (sí ha habido corrupción en la AGE), pero vamos, ni de lejos la de otras administraciones “más cercanas”:
      http://elpais.com/diario/2000/01/19/espana/948236421_850215.html
      https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Rold%C3%A1n#Acusaciones_de_Corrupci.C3.B3n
      https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Gonz%C3%A1lez#Fondos_Reservados
      Un cordial saludo.

      • Edu dice:

        Yo en cambio apoyo el comentario de Hejo, y gracias Vellana por los ejemplos. La corrupcion en la administración central es mas difícil de detectar porque (1) tiene menos protagonistas (en una sola jerarquia), y por lo tanto menos incidentes y (2) tiene mas poder, y por lo tanto les resulta mucho mas facil hacer lo que quieren hacer de forma legal, con lo que muchos incidentes no pueden ser clasificados como “corrupcion” en la medida en que sus protagonistas controlar los mecanismos legales y por lo tanto, por definicion, no quebrantan la ley aunque actuen claramente contra el interes general – aquí el caso Castor es un ejemplo excelente. En otras palabras, no esta en absoluto demostrado que la administración central sea menos corrupta, y por consiguiente un articulo que empieza con una afirmacion tan gratuita inspira desconfianza desde el principio.

    • Hejo dice:

      Bon dia. Mi comentario hace incapié en que decisiones “dudosamente honradas” pueden ser completamente legales simplemente por que el Gobierno las convierte en tales.
      Caso Castor: su emplazamiento original era en Amposta. La Gen. Cat. le negó los permisos por no haber estudios sismológicos y estar incompletos los de impacto ambiental. La solución: instalar 8 Km más al sur, donde La Gen. Val. dió su o.k. al proyecto.
      El proyecto estaba valorado en unos 600M€. Aun no estaba concluido cuando empezaron los movimientos sísmicos y hubo que pararlo aprisa y corriendo. La empresa aseguró que llevaba gastados 1500M€, que la ADE aceptó pagar inmediatamente (2 o 3 meses… un récord de velocidad).
      Naturalmente, todo es perfectamente legal. Todos los papeles en regla y lo santifica el BOE. ¿Pero por qué me provoca esta sensación como de olor a podrido?
      En todo el caso, una única ilegalidad clara: una estación de bombeo, cerca de Vinaroz, construida sin permiso de obras y en terreno rústico. Curioso que el Ayuntamiento no se diera cuenta de que se ejecutaba la obra y no la parara. Pero claro, esto es, si acaso, incompetencia o corrupción local. Seguro que no hubo interferencia ni presión alguna.

      En cuanto al Constitucional: Enrique López y Francisco Pérez de los Cobos. 2 nombramientos polémicos, por expresarlo con delicadeza.

      Por lo demás, un placer exponer argumentos y contrastar opiniones.

  3. Emilio dice:

    Más allá de números y encuestas o de si la corrupción está más en los ámbitos local y autonómico que en el central, confío en que, alguna vez, sea posible en este foro hablar sobre si la mentira y el engaño deben ser considerados formas de corrupción -y ahora estoy pensando en esta lamentable izquierda que nos está tocando padecer-, y si las propuestas de Podemos en relación con el poder judicial y otros órganos del Estado van en la dirección de una mayor independencia del ejecutivo o todo lo contrario, y si la posición del PSOE sobre la configuración territorial del Estado puede seguir en ese limbo de calculada ambigüedad en el que tantos año lleva instalada.

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