Repasaba en otro artículo un breve diagnóstico de los principales problemas de corrupción en España, así como de la percepción que tenemos los ciudadanos al respecto. Veíamos que no existe un problema grave de corrupción administrativa, pero sí importantes escándalos políticos que tienen un gran impacto en los niveles de confianza que los españoles tienen en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.

Si tuviésemos que indicar dónde se encuentran los grandes focos de corrupción en España la respuesta es clara: los gobiernos locales y regionales. Se trata de niveles administrativos que cuentan con sistemas de control internos más débiles que la Administración central, y tienen mayores incentivos a la corrupción. El sector inmobiliario es un buen ejemplo de ello. Las competencias en materia de urbanismo recaen en los entes locales, dando un gran peso a las CCAA en materia de control y supervisión.

Una de las principales flaquezas de estos niveles de gobierno – especialmente el local – se basa en la gran discrecionalidad que existe en decisiones como la designación de cargos de libre asignación, que tienen también libre cese, así como la dependencia salarial y profesional de muchos de los agentes encargados de las normas de control (por ejemplo, los interventores) de aquellos a los que tienen que controlar (pe, los alcaldes).

Pero no es sólo el urbanismo: los procesos de contratación pública, la contratación y selección de personal, o la asignación de subvenciones y ayudas públicas concentran gran parte de los escándalos ocurridos en los últimos años. Y ahí requiere un capítulo a parte la financiación irregular de los partidos. Alguno de los casos descubiertos recientemente relacionan la financiación indirecta de partidos y candidatos por parte de empresas vinculadas en decisiones irregulares en la contratación de proveedores por parte de la Administración Pública, o concesiones administrativas. Y ahí los escándalos se suceden tanto a nivel local, como autonómico o central. Matas, Millet, Bárcenas, etc. serían sólo alguno de ellos.

Pero existe un patrón común en la mayoría de estos escándalos: la patrimonialización partidista de la Administración, y de aquellas decisiones que atañen a aquello que es público. España constituye uno de los países europeos con un mayor grado de integración entre la política y la administración. Se trata de una situación donde abunda la «politicization from above» -muchas posiciones administrativas son ocupadas por cargos políticos-, así como la «politicization from below» – muchos funcionarios se encuentran entre las élites de los principales partidos políticos.

Aprovechando la campaña electoral para el 20D hacíamos también un repaso de las principales propuestas de los partidos en materia de corrupción. Como tema estrella la corrupción aparece en todos los programas, pero con mayor o menor detalle – en general con menor – y, sobre todo, desde diferentes perspectivas. La transparencia constituye un lugar común que, bajo esa afirmación de “sunlight is the best disinfectant” parece que hará desaparecer cualquier incentivo a la corrupción. Si bien es cierto que una la transparencia efectiva puede contribuir a legitimar la toma de decisiones pública, no podemos olvidar que la corrupción ocurre dentro de la ilegalidad. Algo que no será revelado por aplicar leyes de transparencia.

Si recordamos de nuevo el diagnóstico de la situación en España veremos que cualquier medida que pretenda atajar el problema de raíz deberá enmarcarse en una reforma de la Administración. Se trata de no simplificar el problema de la corrupción a la responsabilidad del corrupto, sino entender que el papel que juegan los incentivos, y los mecanismos de control y rendición de cuentas. Se deben revisar los sistemas de selección, contratación, retención, promoción y jubilación de los trabajadores públicos, implementando nuevos sistemas de reclutamiento, formación y especialización de los directivos de la Administración. Este proceso de profesionalización debe considerar también los regímenes retributivos, así como la provisión de puestos de responsabilidad reduciendo el recurso de cargos de libre designación.

Las evaluaciones – obligatorias y públicas – deben ser un elemento clave de cualquier intervención pública, y los mecanismos de control y rendición de cuentas deben reforzarse, especialmente en los niveles de Administración local y regional. En este sentido, es importante potenciar el rol del sector privado y la sociedad civil, promoviendo así mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización ciudadana.

Por supuesto, la transparencia tiene que jugar un papel clave, si se consigue un acceso fácil y rápido a la información sobre las tramitaciones y las resoluciones adoptadas, especialmente en áreas como las subvenciones, contrataciones, autorizaciones, etc. Y no podemos olvidarnos de los grandes protagonistas de los últimos escándalos, los partidos políticos, donde se debe garantizar la aplicación de los principios democráticos en su funcionamiento interno (que ya está presente en la Constitución y la Ley de Partidos) y replantear su sistema de financiación, extensivo a sus fundaciones y entidades vinculadas. Se deben revisar también las excedencias de funcionarios directivos y las famosas “puertas giratorias”, y reforzar el sistema de justicia.

No se trata de desmerecer la importancia de medidas como la protección de los denunciantes públicos, o la revisión (o eliminación) de los aforamientos e indultos en materia de corrupción. Pero debemos entender los escándalos como un síntoma de que la Administración no está poniendo los sistemas necesarios para hacer el mejor uso posible del dinero público. Lo principal es evitar la patrimonialización partidista de lo público de la que hablábamos, entendiendo que la separación entre política y Administración es un paso indispensable para la creación de un buen gobierno en este – y cualquier otro – país.