Destacado

Democracia y aristocracia en el gobierno representativo

19 Feb, 2014 - - @jorgesmiguel

Uno de los debates de la semana es el que han provocado Luis Garicano y Jesús Fernández Villaverde con su post en Hay Derecho (luego artículo en El Mundo), sobre la cualificación de los políticos (con otro debate dentro, que no es tal, sobre las falsificaciones). Digamos de entrada que simpatizo con la idea de que los cargos públicos en España no demuestran adecuadamente sus capacidades, y en Politikon hemos hablado a menudo de la selección de elites, y hablaremos más. No obstante, creo que las titulaciones académicas (y más en nuestro país) quizás no sean el mejor proxy de las capacidades deseables en una carrera política. Por otra parte, ni siquiera está claro que los políticos españoles tengan menos titulaciones que los de otros países, y los dirigentes políticos sin carrera universitaria no son del todo infrecuentes en naciones a las que solemos mirar con admiración o envidia.

No obstante, quería plantear el debate desde otro punto de vista, el de la teoría política, que a mi juicio se ha olvidado un poco, cuando la cuestión tiene no pocos ángulos teóricos y normativos. Me parece útil el enfoque de Bernard Manin en Los principios del gobierno representativo (un libro que no nos cansamos de recomendar por aquí). Manin intenta deslindar en su obra los elementos democráticos y aristocráticos que se conjugan en los regímenes representativos, y fija la mirada en el sorteo de cargos públicos como una de las instituciones a través de las cuales se contempla la diferencia entre las democracias antiguas y modernas.

La diferencia más saliente entre la democracia ateniense y la democracia representativa moderna es que no hay papel para una asamblea de ciudadanos. Pero quizás sea aún más significativo, según Manin, que en Atenas las funciones que no recaían sobre la asamblea ni sobre los pocos magistrados electos correspondían a ciudadanos escogidos por sorteo. La asamblea es impracticable en un Estado moderno -de hecho, lo era ya en Atenas en la forma ideal en que solemos imaginarla: la ekklesia no acogía a todos los ciudadanos por la sencilla razón de que muchos se abstenían de ir, y ni siquiera está claro que todos cupieran en el Pnyx; la inmensa mayoría jamás tomaba la palabra y el control de la agenda (como en los comicios romanos) estaba ante todo en manos de elites; y la aclamación tenía un papel central que está casi ausente en las ideas políticas modernas, y atañe a la autonomía del juicio individual. Sin embargo, el sorteo de cargos sí es factible técnicamente, y salvo algunas instituciones como el jurado popular, está prácticamente ausente de la política moderna.

Aclaremos en primer lugar que, como explica el propio Manin, el sorteo ateniense era una institución “menos rudimentaria” de lo que se presenta en apariencia. Los ciudadanos que entraban en el sorteo se habían ofrecido voluntarios, y eran conscientes de que sus cargos (habitualmente colegiados) estaban sometidos a escrutinio por la asamblea y podían ser revocados, mecanismos de rendición de cuentas que, a buen seguro, disuadían normalmente a manifiestos incompetentes de presentarse. Además, antes de hacer oficial su nombramiento se examinaba su conducta pública. El sorteo de cargos se deduce en Atenas de la isonomía y la isopoliteía, la igualdad en derechos políticos y capacidad de gobierno entre los ciudadanos. En la práctica, se observaba un principio rector básico: la rotación constante de cargos para evitar las hegemonías -recordemos a Robert Michels- y los abusos en el poder.

En este contexto, el sorteo adquiere pleno sentido, especialmente si consideramos la existencia de órganos como los heliastai, jurados que cada año debían nombrarse de nuevo en número de hasta 6.000 y que tenían un papel importante en el gobierno de la ciudad: elegirlos de otra manera (suponiendo que se desease) hubiera planteado un dilema técnico y político de primer orden. Por otra parte, la ciudadanía ateniense constituía un cuerpo político homogéneo, al menos si lo comparamos con un Estado actual. Ya Sieyès advertía en los albores de la modernidad política que la división del trabajo había hecho imposible gobernarse como los antiguos. Y tampoco debe ser irrelevante que los ciudadanos atenienses fuesen cabezas de rígidas familias patriarcales con el hogar (oikos) como núcleo económico y social fundamental, y estuviesen a su vez insertos en fratrías y tribus (phylai), cuerpos intermedios que sin duda aportaban un carácter corporativo a la vida en la comunidad política griega.

Estas diferencias con nuestro mundo político e ideológico ofrecen pistas sobre por qué, aunque los regímenes representativos comparten algunos principios no muy lejanos de las antiguas isegoría, isonomía e isopoliteía, han matizado éstos fuertemente merced a, sobre todo, un principio: la elección de los “mejores”. Los teóricos de los siglos XVII y XVIII contaban aún con ejemplos recientes de sorteo en Italia, y compartían (por ejemplo, Montesquieu o Rousseau) la noción de que el sorteo era lo propio de la democracia, mientras la elección lo propio de la aristocracia. Manin concluye que el olvido del sorteo en la conformación de los regímenes representativos (que hoy llamamos democracias representativas) no fue casual sino deliberado, en la medida en que se trataba de un esfuerzo consciente -patente en figuras como Madison, Adams o el mismo Sieyès- por evitar lo que se entendía como vicios de los regímenes populares antiguos, sustituyendo el antiguo principio de la isopoliteía por el de “consentimiento de los gobernados”.

Dicho todo esto, y por volver al debate inicial, quizás no parecería fuera de lugar exigir determinadas credenciales o imponer barreras de entrada al ejercicio de cargos públicos. Se trataría sólo de asumir el carácter aristocrático (en el sentido otorgado por Manin y la tradición política moderna) de nuestro sistema político. Salvo por el hecho de que en el seno del sistema hay una tensión entre ese principio y un principio democrático nunca olvidado del todo, particularmente patente a partir de la extensión del enfranchisement en el último siglo y medio, el acceso de los partidos obreros a la representación y, últimamente, las ideas de democracia participativa y deliberativa. De hecho, la misma existencia de este debate trasluce esa tensión. Aspiramos a que cualquiera pueda presentarse por los cauces democráticos, pero a la vez planteamos unas exigencias implícitas que dan lugar a la masiva falsificación -o digamos “embellecimiento”- de currículos. Queremos políticos de elite, pero a la vez hablamos de “casta” y “privilegios”, de alejamiento del pueblo, y pretendemos fiscalizar o directamente impedir los trasvases entre los niveles superiores de la vida profesional y el gobierno. No creo que esta dialéctica se pueda resolver fácilmente en un sentido u otro.

Porque, además, el principio representativo implica alguna identificación entre representados y representantes. No se trata sólo de una cuestión formal: sabemos que la pertenencia a una clase social, a un estatus socioeconómico o a un cuerpo particular tiene implicaciones desde el punto de vista de la ideología, los valores y las preferencias (en su versión menos sofisticada, esto es lo que en Marx se conoce como polilogismo). Unos políticos extraídos únicamente de una elite tenderán a representar a esa elite más que a los ciudadanos en general. Por otra parte, si la política fuese un saber puramente técnico, un conjunto de problemas definidos objetivamente que pueden resolverse con criterios fijos, cabría obviar este problema. Pero no lo es. Y por ello las virtudes más deseables en un político son con frecuencia la capacidad de negociación, la habilidad para conjugar intereses contrapuestos y alcanzar compromisos, la visión estratégica y el liderazgo de equipos. Tras pasar por dos o tres universidades españolas, tengo que ser escéptico sobre la capacidad de un título académico para reconocer y señalizar este tipo de perfiles (o prácticamente nada). Posiblemente tampoco los partidos sean hoy el cauce ideal para seleccionarlos, pero esa es otra cuestión.

¿Qué hacer, entonces, para mejorar la preparación de los políticos? Más que en las barreras de entrada o el naming and shaming, tiendo a pensar que deberíamos buscar incentivos para atraer el talento a la política, para que los mejores se presenten, y ejercer presión sobre los partidos para que, como organizaciones, promocionen más el mérito y un poco menos la capacidad para calentar silla y apuñalar a diestro y siniestro. También creo -y esto sólo a medias irónicamente- que la idea del sorteo merece más atención de la que le hemos prestado hasta ahora (aunque sólo sea por recuperar un tema clásico de la ciencia-ficción).