El Farm Bill («ley de granja») es uno de los artefactos legislativos más extraños salidos del Congreso de los Estados Unidos. El invento nace en los años de la gran depresión como una de las piezas menos ortodoxas del New Deal como un programa para subvencionar la producción agrícola para granjeros arruinados. Dado que todo el mundo ama las vacas, cabras y tractores y esta clase de programas suelen tener una amplia base de apoyo en los siempre sobrerepresentados distritos rurales, los subsidios han sobrevivido con variaciones hasta nuestros días, en la versión americana de la PAC.

Desde los años sesenta el Farm Bill está compuesto de dos grandes piezas. Por un lado tenemos los subsidios agrícolas, estos días una combinación de seguros de cosechas, ayudas fiscales y subvenciones que son aproximadamente una quinta parte del coste de la legislación, unos 20.000 millones de dólares (la PAC, si mal no recuerdo, anda por los 50.000 millones de euros). Por otro tenemos el llamado Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP, con un coste de 80.000 millones de dólares al año.  SNAP es más conocido por su antiguo nombre, food stamps o cupones de comida; esencialmente es un programa de ayudas que da tarjetas de débito a familias de renta muy baja para poder comprar comida. El límite de ingresos para poder acceder a las ayudas (y un montón de regulaciones sobre como pedirlas – el papeleo es infame) varía enormemente de estado a estado, pero en general un individuo recibe de $16 a $200 al mes, según el dinero que gane, mientras que una familia de cuatro puede recibir hasta $701 en algunos casos. La cantidad media es unos $80 por persona, y los receptores normalmente son realmente pobres. Es un programa bastante efectivo, dentro de sus peculiaridades, que realmente va a gente que lo necesita.

La pregunta obvia, claro está, es qué demonios hace un gigantesco programa de protección social en una ley nacida para dar subvenciones a granjeros. Es casi como poner la financiación para universidades junto a la compra de submarinos nucleares; es una combinación bastante absurda.  Como casi todo en política americana, sin embargo, las combinaciones legislativas absurdas están ahí por un motivo muy concreto: la necesidad de crear coaliciones legislativas estables.

Tomemos las dos piezas del Farm Bill por separado. Por un lado tenemos un montón de subvenciones a granjeros de Iowa, Nebraska, Florida y California que viven en distritos rurales con poca población. Aunque los votantes en esas áreas tienen cierta sobrerepresentación (los senadores de los estados más vacíos especialmente, pero también en la asignación de distritos en la cámara de representantes), Estados Unidos hace tiempo que dejó de ser un país rural. Tener una ley exclusivamente diseñada para regar de dinero a rancheros y agricultores en zonas perdidas del país puede sonar muy bonito, pero las subvenciones serán vulnerables a legisladores de áreas urbanas y suburbanas, ya que no sirve de nada a sus votantes.

Los legisladores rurales por tanto, necesitan atraer apoyos legislativos para dar a su chiringuito cierta consistencia. La forma más drástica para conseguirlo es recordar esa inmortal expresión de sagaz estrategia política («qué hay de lo mío» – probablemente, Winston Churchill) y añadir a su Farm Bill algún programa de gasto público relevante para todos o una parte de los legisladores de zonas urbanas. Sabiendo que estos tienden a ser más progresistas y que sus distritos tiene a menudo concentración de pobreza, nada como cortar y pegar a SNAP en las subvenciones agrícolas, y sacar con ello una ley respaldada con una enorme coalición de legisladores. Este ha sido el aspecto tradicional del Farm Bill desde 1964, siendo renovado (las leyes americanas de gasto público acostumbran a requerir renovación cada ciertos años) con mayorías abrumadoras durante décadas.

Este año, sin embargo, las cosas han cambiado. El equilibrio entre estados rurales y zonas urbanas se ha mantenido en el Senado, donde la ley fue aprobada sin demasiado problemas. En la Cámara de Representantes, sin embargo, el partido republicano anda haciendo experimentos. Dentro del partido una minoría relativamente numerosa cree que un programa social para dar dinero a los pobres es una aberración contra la libre empresa, los padres fundadores y el espíritu de Aynd Rand, y andaba exigiendo recortes. Una mayoría del GOP viene de zonas rurales y quiere sus subvenciones de siempre.

Hace unos meses los líderes republicanos en la cámara llevaron a votación una versión de la ley con 2.000 millones de recortes en SNAP que dejaba las subvenciones intactas. Los demócratas, que se oponen a los recortes, votaron en contra. Un nutrido grupo de conservadores, quejosos que no se recortaba lo suficiente, se sumaron en su oposición, tumbando la ley.

Los líderes del GOP en la cámara tuvieron que volverlo a intentar de nuevo, esta vez recurriendo a una solución distinta: en vez de aprobar subvenciones y SNAP en bloque, los dos componentes se votarían por separado, aprovechando que algunos de los conservadores ultramontanos son de zonas rurales y quieren ahorrar dinero en todo menos en subvenciones a sus granjeros, que para eso le pagan las campañas.  El resultado son dos leyes, una de ayudas al campo sin un duro en recortes (de hecho, aumenta ligeramente el gasto), aprobada sin demasiados problemas sólo com votos republicanos, y otra con SNAP con 4.000 millones al año en recortes, para contentar a la tropa del tea party, aún pendiente.

El plan suena estupendo hasta que uno recuerda que los demócratas tienen mayoría en el Senado, y el juego de coaliciones ciudad-campo sigue vigente en la cámara alta. Es decir, las dos leyes salidas de la Cámara de Representantes no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir en otra cámara, y serán inevitablemente vetadas por el presidente. Si la ley no es renovada o extendida, por un arreglo legislativo casi igual de absurdo las subvenciones vuelven a niveles de los años treinta, duplicando el precio de cosas como la leche (no preguntéis por qué – cosas de utilizar una fórmula de hace ochenta años) y SNAP sigue con el nivel de financiación actual, sin ningún recorte a corto plazo, aunque pasa a depender del sistema de apropiaciones general en vez de ser gasto automático. Es decir, un galimatías sin demasiado sentido que nadie tiene ganas de ver. Un desastre.

¿Qué va a suceder ahora? Lo más probable es que veamos la tradicional solución aplicada por el Congreso de los Estados Unidos a problemas legislativos irresolubles: prorrogar la ley actual cinco o seis meses, y seguir negociando. El Farm Bill, si mal no recuerdo, caducó a finales del 2012;  llevamos un año largo viviendo con la ley del 2008 y tiempo prestado. Es una chapuza bastante habitual en tiempos de gobierno dividido en Estados Unidos sin demasiados efectos secundarios perniciosos.

A medio plazo, sin embargo, el problema real es que el partido republicano ahora mismo no tiene una mayoría efectiva en la cámara. Hay un sector del partido esencialmente nihilista sin ningunas ganas de aceptar todo lo que no sea reducir el gasto público a hachazos. Hay otro grupo fiscalmente conservador y también con ganas de ahorrar, pero que entiende que sin llegar a acuerdos con los demócratas no van a ningún sitio. El sector nihilista, por desgracia, parece lo suficiente grande como para tumbar legislación, y el sector moderado no se atreve a sacar nada adelante con apoyo demócrata por temor a que los tea partiers les saquen a patadas del puesto en unas primarias. No es un espectáculo edificante.

Si os parece escenario problemático para gobernar un país, no andáis demasiado desencaminados. Sobre las contorsiones del GOP estos días y la habitual incompetencia de los demócratas para sacar ningún provecho de ello hablaremos en otro artículo. Si me apuráis también hablaremos sobre cómo esta clase de escenarios existe también en países europeos, aunque de forma mucho menos visible, aprovechando que es Agosto y no nos lee nadie.