Discutía hoy con un compañero de trabajo sobre el tema de las puertas giratorias y como regularlo, precisamente a raíz de que Esperanza Aguirre haya sido fichada por una empresa cazatalentos. En mi opinión, este -el de qué hacemos con los antiguos políticos cuando estos deciden dejar la política- es un problema muy complicado de resolver – no creo que tenga solución, en realidad- aunque naturalmente sí hay arreglos institucionales mejores y peores.

Por un lado, se puede pensar que si lo que queremos son políticos con buenas cualidades profesionales, hacer de la política una vía muerta con un régimen de incompatiblidades muy duro no es la mejor forma de atraer talento. Además, es natural pensar que una vez que un político deje la política debe tener alguna forma de reciclarse. No tiene sentido pensar que un ministro o un presidente de una comunidad autónoma deba pasar a trabajar en un burger king. En parte, porque si uno establece un régimen de incompatibilidades con esas características es probable que de forma encubierta los políticos intenten garantizarse la jubilación (desviando recursos hacia familiares, por ejemplo, que los mantengan después). Si esto funciona así, tiene sentido pensar que al final el único tipo de gente que entre en política será la que tenga un puerta de vuelta a su puesto abierta fuera del sector privado, es decir, los funcionarios. O, alternativamente, habrá que establecer una pensión suficientemente alta. Finalmente, muchos antiguos políticos tienen una «expertise» considerable: conocen los asuntos públicos, saben gestionar, etc ¿realmente tiene sentido echar a esa gente a la basura cuando tal vez podrían estar generando valor en algún sitio?

Sin embargo, como contaba Juan Santaló en este post,  existen buenas razones para pensar que los  políticos generan valor para las empresas por los malos motivos. ¿Por qué es útil para una empresa tener  un político en su consejo de administración? Pues aparte de por sus conocimientos, probablemente por sus conocidos y su influencia en la esfera política, como señala Juan Santaló.

¿Qué formas hay para resolverlo? Mi primer impulso ha sido «establecer un régimen de incompatibilidad draconiano». No tengo la sensación de que la productividad del sector privado en España vaya a perderse mucho prescindiendo de Esperanza Aguirre o de Rodrigo Rato, así que igual no nos perdemos demasiado. La política española está, de todas formas, plagada de funcionarios y los que no lo son, suelen ser aparatchiks.

Mi amigo sin embargo me hacía notar que aunque un régimen de incompatibilidades unido a una pensión más o menos generosa puede ayudar, esto es solo la superficie del problema. En realidad, por lo que hay que preguntarse es por qué para una empresa es ventajoso tener políticos en sus consejos de administración. En otras palabras, si de lo que se trata es de «capturar rentas regulatorias», ¿el problema no viene precisamente de que nuestra economía es demasiado propicia a este tipo de rentas? Si las empresas se molestan en contratar a antiguos políticos para comprar influencia política, el problema está en que la política influye demasiado en el sector privado. Si abrir un negocio no dependiera tanto de tener una licencia; si la regulación del sector eléctrico no dependiera tanto del BOE sino de reguladores más difíciles de capturar, entonces tiene sentido pensar que las empresas reorientarían su actividad hacia mejoras productivas y no hacia actividades de captura de rentas.

Esto enlaza con el intercambio que tuve con Pepe Fernandez Albertos alrededor del tema de la «predistribución«. Una de las razones por las que soy hostil a redistribuir mediante intervenciones directas en los mercados (en lugar de a través de impuestos) es porque esto hace que en la esfera pública se mezclen cuestiones principalmente técnicas con cuestiones de tipo político. El efecto de estas intervenciones es crear rentas, es decir, hacer que los beneficios de una empresa pasen a depender de forma muy directa del BOE y generen un incentivo para que inviertan una parte de sus recursos en influencia politica en lugar de actividades productivas.

Lo razonable es, entonces, crear mercados competitivos, regulados por autoridades blindadas frente a la influencia, tanto política como de las propias empresas y asegurarse de que existen los contrapesos y mecanismos de control para que cumplan su función de una forma suficientemente agresiva, manteniendo una separación suficientemente nítida entre el sector público y el sector privado -una de las razones por las que soy hostil en general a las empresas públicas -o a las cajas de ahorros– es precisamente por difuminar esa frontera..

No obstante, mantengo la idea de que hay determinados sectores en los que la regulación va a necesariamente influir decisivamente en la cuenta de resultados. Esto es un problema cuando la empresa es lo suficientemente grande como para poder influir sobre el gobierno, como es el caso de las antiguas empresas públicas o de los distintos monopolios naturales. En estos casos, es más o menos inevitable que el gobierno y la empresa mantengan una relación más o menos estrecha. ¿Qué mecanismos pueden existir?

Esta es la razón por la que soy particularmente escéptico sobre conseguir resolver de alguna forma el problema. Sin embargo si una empresa es demasiado grande para un territorio, lo razonable es ampliar el territorio: dividir y vencer. Uno de los grandes logros de la UE ha sido crear un mecanismo para los políticos para sacar determinadas cosas de la agenda y comprometerse de forma creíble a llevar a cabo una política rigurosa. El entorno europeo tiene un poder mucho más fragmentado, de forma que capturar al regulador no requiere influir sobre una autoridad, sino hacerlo sobre una veintena -la comisión, los estados, la corte de justicia, etc…