Ayer Blogoff me pasaba por Twitter un enlace en el que uno de esos grandes genios del emprendimiento empoderado anunciaba que iba a reunirse con Rubalcaba y arreglar el mundo en un plis plas. Martin Varsavsky puede que sea muy bueno en lo suyo, pero su plan para reducir el desempleo es de esas propuestas que me ponen de mala leche, ya que sospecho que autor no se ha parado a pensar lo que estaba diciendo.

La idea de Martin es simple: durante los próximos cinco años las empresas que contraten a alguien pagarán muchos menos impuestos. De hecho, no pagarían nada el primer año, un 80% de lo habitual el segundo, 60% el tercero y así sucesivamente. En caso de despido, el estado se comería toda la indemnización por despido el primer año, con el empresario cubriendo un 20% por cada año sucesivo. Esto suena como un buen incentivo, hasta que uno se pone a mirar la factura.

En un año normal, España genera aproximadamente algo más de tres millones de puestos de trabajo. Esto puede sonar como una barbaridad, pero es una cifra bastante normal; las economías desarrolladas, en un año cualquiera, destruyen un 15% de sus puestos de trabajo, y crean un porcentaje parecido. Esto quiere decir que España (y Estados Unidos, y Francia) cada año está reciclando una sexta parte de su mano de obra de un modo u otro; así que cada año, sin prisa pero sin pausa, tenemos a tres millones de personas con un contrato laboral nuevo.

Traduzcamos esto a números. El trabajador medio en España cuesta algo más de 2.600 euros al mes a una empresa, de los que 650 euros se van a cotizaciones (en teoría a cargo del empresari0) y otros 600 a impuestos. Siendo muy, muy conservadores, diremos que cada uno de esos nuevos contratos sin impuestos le cuestan al estado seis meses de ingresos el primer año, y dos años de ingresos en los cuatro sucesivos. Digamos que el incentivo no genera ni un sólo contrato adicional, y que sólo tiene efectos este primer año. Para ser lo más benévolos posibles, haremos que los contratos nuevos tengan de media salarios más bajos,  y el coste es de 500 euros perdidos al mes de entrada.

Tenemos una medida con un coste fiscal, así a lo bruto, de 45.000 millones de euros durante los próximos cinco años; 9.000 de entrada. O, dicho en otras palabras, casi un 1% del PIB en estímulo fiscal. España este año tiene que reducir el déficit del 9 al 6% del PIB;  si alguien me quiere explicar de dónde sacamos este dinero o qué impuestos subimos para que Merkel no nos arranque la cabeza a dentelladas, estaré encantado de escucharle.

Más allá de eso, esta clase de incentivos fiscales a la contratación tienen un largo y glorioso historial en España; los gobiernos de todos los colores los han puesto a prueba en varias ocasiones. Recetas parecidas, aunque menos exageradas, han sido puestas en práctica en Estados Unidos y otros países de la OCDE. Los resultados han sido, en el mejor de los casos, increíblemente modestos, y en el peor, básicamente nulos. En España hemos insistido, una y otra vez, en incentivar la contratación indefinida vía bonificaciones en la tarifa de la seguridad social, y el resultado ha sido patético.

¿Por qué sucede esto? Muy simple: los empresarios contratan al trabajador mientras este tiene una rebaja fiscal detrás, y después proceden a echarle sin demasiada ceremonia. El problema de fondo no es que los costes salariales sean altos (estamos por debajo de la media de la UE), sino que la productividad no es lo suficiente alta como para justificarlos. Las empresas no contratan no porque los trabajadores sean caros, sino porque no pueden ganar dinero con ellos. Subvencionar el trabajador lo único que consigue es que el estado pague una parte del sueldo una temporada, pero que el currela vuelva a ser inviable inmediatamente después.

El problema en España no es que los impuestos sean altos; el problema es que la productividad es horrible. La única forma de arreglar el problema es hacer que los salarios sean acordes a la productividad, y esto sólo podemos hacerlo o produciendo mejor o cobrando menos. La medida que propone Varsavsky no hace ni lo uno ni lo otro, y encima como estímulo fiscal es singularmente ineficiente.  Espero que Rubalcaba no le haga demasiado caso.