California es un sitio peculiar. Esto es aplicable, sin duda, a casi cualquier lugar de Estados Unidos, pero California es un sitio especialmente extraño.

Cuando penséis en California, uno tiene que imaginarse no una región, sino un país prácticamente igual de grande que la España peninsular (California es un poquito más pequeña – 404.000 km2 comparado con los 494.000 de la península) y tiene casi la misma población (39,5 millones comparado con los 43 millones de la península). El clima es bastante parecido al de España en muchas zonas del estado (mediterráneo), aunque también tiene zonas alpinas (la montaña más alta llega a los 4.421 m) y desiertos brutales (Death Valley).

Lo que distingue a California, sobre todo, es que, primero, es absurdamente rica; la renta familiar mediana está por encima de los $71.000 dólares. Segundo, es muy, muy de izquierdas, aunque en la extraña definición de “izquierda” que se gastan en Estados Unidos.

El “izquierdismo” de California es, de hecho, la clase de progresismo que no sólo es fácil de parodiar, sino que nos da pistas sobre las tonterías que uno puede llegar a montar cuando combina malas ideas con buenas intenciones, o malas intenciones con buenas ideas.

Estudiantes molestando

La semana pasada, decenas de miles de estudiantes que habían solicitado una plaza en la Universidad de California-Berkeley recibieron una carta del departamento de admisiones diciéndoles que probablemente no iban a ser aceptados. Esto es normal en las universidades americanas, incluso en una pública enorme como Berkeley (hablé del proceso para entrar en una universidad aquí), pero esta carta tenía un mensaje un poco distinto. Berkeley les decía que no iban a poder ofrecer tantas plazas como esperaban el año que viene porque una resolución judicial les ha prohibido construir más residencias de estudiantes.

Como de costumbre en Estados Unidos, esto va de abogados. Un grupito de ciudadanos preocupados llamado “Salvemos los barrios de Berkeley” (Save Berkeley’s Neighborhoods) llevó a la universidad a juicio quejándose simultáneamente de que por un lado habían añadido 14.000 estudiantes en los últimos años sin añadir residencias (sólo 1.600 plazas), y por otro que los planes de la universidad de construir residencias para albergar nuevos estudiantes tenían un impacto tremendo sobre el medio ambiente y que debían ser bloqueados.

La ley bajo la que se amparaban es la California Enviromental Quality Act, o CEQA, aprobada en 1970 y firmada (no os lo perdáis) por el entonces gobernador Ronald Reagan. Esta norma obliga a las administraciones, tanto locales como estatales, a hacer un estudio de impacto ambiental de cualquier proyecto constructivo antes de aprobarlo. La ley en sí no es demasiado onerosa, si lees el texto directamente, pero durante años la jurisprudencia ha ido añadiendo más y más supuestos que deben ser considerados como posibles impactos ambientales en salud pública, incluyendo cosas como tráfico rodado y ruido.

Una residencia de estudiantes que pueda albergar 10.000 personas genera tráfico y ruido, obviamente. Así que el juez de turno ha dicho que de construir más nada, que molestan a los vecinos, y ha bloqueado el proyecto.

El precio mediano de una vivienda en Berkeley, California, es de $1.626.505 dólares. Si miráis las fotos en Google Maps, veréis que casi toda la ciudad está compuesta de casitas unifamiliares con jardín. Si hay algo que puede reducir el impacto ambiental de Berkeley y hacer que el precio de la vivienda baje un poco es construir edificios de varios pisos, hacerla más densa, y enviar al juez y la CEQA a pastar.

Pero claro, la ley no dice eso.

Ecologismo militarizado

El problema principal de la CEQA (y de todo el movimiento ecologista en California, así en general) es que asimilan la existencia de gente a maldades medioambientales, sin importar dónde estas sucedan. Eso hace que, por un lado, la existencia de seres humanos sea tratada por defecto como un problema ambiental a resolver, y por otro, que el listón que deben superar para no ser una molestia es el mismo en medio de un parque nacional que en el centro de Berkeley. El contexto no importa; si un edificio de 18 plantas molesta a alguien es un “impacto ambiental” que debe ser combatido. Que construir ese edificio sea infinitamente mejor para el medio ambiente que ocupar doscientas hectáreas con casitas unifamiliares no importa en absoluto. Que prohibir su construcción haga que el coste de la vivienda sea aún mayor y haga ir a la universidad algo inviable, aún menos.

El caso de Berkeley es un ejemplo especialmente estúpido de jueces prohibiendo cosas por criterios ambientales extraños, pero la mala redacción de la CEQA y décadas de activismo judicial han hecho que construir cualquier cosa en California estos días se un infierno lleno de abogados. Cualquier proyecto en el estado, no importa lo absurdo que parezca, se enfrenta a la posibilidad de que algún ofendidito, vecino que no quiere que hagan obras en la calle o gente que se mude al barrio busque a un abogado creativo que encuentre una excusa legal creativa amparándose en la CEQA, y les ponga un pleito para bloquear el invento. La jurisprudencia ha hecho de la ley un mamotreto inmanejable; la guía del gobierno estatal para revisar proyectos para que cumplan con la CEQA es un bonito tomo de 500 páginas, que cubre desde preservación histórica a impactos sobre peajes de autopistas.

Empeorando el problema tenemos el sistema legal americano, que obliga a las administraciones a actuar de manera ultra- defensiva. En España (y en casi toda la UE), la declaración de impacto ambiental la completa la administración, que, tras someterla a un proceso de información pública, es quien decide en base de criterios objetivos reglados por ley y reglamentos qué medidas deben adoptarse para mitigar el impacto de un proyecto. Una infracción de la ley es o bien no hacer la declaración o bien incumplir con los requisitos del informe. La CEQA no tiene una lista de criterios, sino una serie de objetivos y principios, así que cualquier estudio que haga una administración puede ser atacado legalmente señalando que se han olvidado de tener en cuenta algún otro efecto de la obra.

Esto quiere decir que en Berkeley puedes alegar “fiestas universitarias”, “no poder aparcar” o “en esta universidad hay estudiantes” como quejas ambientales, y un juez va a tener que revisarlas, caiga quien caiga.

Abogados entusiastas

Supongo que no será ninguna sorpresa que la CEQA, a estas alturas, es esgrimida en un 85% de casos por organizaciones que no tienen nada que ver con el movimiento ecologista, sino por “asociaciones de vecinos”, “organizaciones de emprendedores” y otros grupos de interés armados hasta los dientes por abogados entusiastas. El blanco más habitual de las demandas bajo CEQA son (sorpresa) para proyectos medioambientales, especialmente centrales eléctricas de energías renovables (adivinad quién paga los abogados) y vivienda densa en zonas urbanas. Dado que litigar cualquier cosa es caro, exige años y años de peleas y el resultado es incierto, eso ha hecho que muchos promotores abandonen cualquier proyecto en el momento en que alguien amenaza con un pleito.

Nadie acusará a los abogados de California de no ser emprendedores, así que ha surgido toda una mini- industria de “greenmail” (juego de palabras con “blackmail”, chantaje): gente que se dedica con amenazar con pleitos CEQA a no ser que alguien les dé un saco de dinero para “compensarles” por la molestia. Cosa que ha creado otra industria paralela de abogados que llevan a esta gente a juicio por extorsión, porque esto es Estados Unidos y no hay nada que no pueda arreglarse con otro picapleitos.

Hace una temporada escribía sobre cómo California tiene un problema grave con los precios de vivienda, en parte porque no construyen lo suficiente. La CEQA, en tiempos recientes, se ha convertido en una de las armas favoritas de los NIMBY para seguir bloqueando cualquier proyecto que les moleste.

Cambios a la vista

La buena noticia es que parece que al fin los legisladores se han dado cuenta que la CEQA se ha convertido en una ley un tanto absurda y están hablando de retoques, empezando por eximir a las universidades de su cumplimiento. Gran parte del movimiento ecologista del estado, sin embargo, sigue obsesionado con proteger una ley que está obviamente rota, o quieren incluso reforzarla aún más.

Porque una ley de impacto ambiental que es utilizada para bloquear la construcción de carriles bici es, desde luego, una idea estupenda. Obviamente.

Bolas extra:

• Para ser justo, California aprobó una ley el 2020 que eximía los carriles bici de los requisitos de la CEQA. Por un tiempo limitado. Hasta el 2023.
• Trump anda elogiando a Putin por su “sagacidad” en Ucrania.
• Sobre rarezas del progresismo en San Francisco y sus escuelas hablaremos otro día.