Esta historia se remonta a los albores de los tiempos, o más en concreto, a un día de principios de enero del 2013. Es la historia sobre cómo cambiar la vida de mucha gente en un pequeño estado del noreste de Estados Unidos, y hacerlo a base de paciencia, política y muchas, muchas horas de trabajo.

Todo empieza en un comité. En febrero del 2013, tras varias semanas de reuniones con un pequeño grupo de activistas, el presidente de la comisión de trabajo y empleados públicos de la asamblea general de Connecticut presenta un proyecto de ley para crear una comisión de estudio sobre un sistema de bajas pagadas por enfermedad y maternidad en el estado.

Esto no es tan aburrido como parece. Estados Unidos, el país más rico y poderoso de la tierra, carece de legislación federal que dé el derecho a tener bajas pagadas por emergencia familiar, maternidad o enfermedad. Si estás trabajando, te atropella un autobús, y tienes que pasarte un mes en el hospital, en este país te quedas sin sueldo los días que estés de baja, y tu jefe no tiene ninguna obligación legal de guardarte el puesto; puede despedirte sin ceremonia alguna.

Connecticut, siendo como es un estado bastante progresista, era un excepción; el legislativo había aprobado un año antes la primera ley de bajas pagadas por enfermedad de todo el país, aunque la legislación era extraordinariamente restrictiva (cinco días de baja al año, acumulables) y sólo cubría a trabajadores en empresas relativamente grandes. El comité quería explorar si había alguna manera de expandir este derecho para cubrir más supuestos, creando un seguro público que evitara que el peso de la prestación recayera en las empresas.

El proyecto de ley (H.B. 6553) no atrajo demasiada atención. Menos de 20 personas testificaron a favor de la ley; nadie se molestó a hablar en contra. Tras dar unos cuantos tumbos por el legislativo y unas cuántas enmiendas, fue aprobada sin demasiada ceremonia a finales de junio.

Para el pequeño grupo de activistas que trabajó para sacar adelante la ley, la comisión de estudio era un primer paso. Durante el verano del 2013 trabajaron para conseguir que el gobernador y legislativo nombraran expertos competentes (y algunos activistas bien preparados) como miembros del comité, y después se aseguraron que el informe fuera encargado a un grupo competente que pudiera crear un plan viable para implantar un sistema de bajas pagadas en el estado. Durante seis meses todo fueron reuniones, estudios, reuniones y más reuniones. A mediados del 2014, el resultado sin embargo era lo que querían: un informe sesudo y bien razonado producido por expertos detallando como implementar el sistema.

A principios del 2015, armados con cientos de páginas de análisis y montontes de números, volvieron al capitolio. Durante todo el año anterior habían hablado con legisladores en los comités relevantes sobre sus planes. De forma paciente y meticulosa se habían reunido con docenas de ONGs, activistas y voluntarios por todo el estado para empezar a construir una coalición que apoyara la ley.

La propuesta esta vez no iba de pedir un estudio, sino que incluía un sistema completo de bajas por enfermedad. Los activistas habían construído una coalición para apoyar la ley (la Connecticut Campaign for Paid Family Leave), y trajeron más de 50 organizaciones a testificar y pedir que se aprobara. Sólo un par de lobistas del mundo empresarial hablaron en contra; la campaña les había pillado por sorpresa.

Durante las semanas siguientes, la coalición movilizó cientos de personas para que llamaran por teléfono, escribieran o fueran al capitolio a hablar con legisladores. Los periódicos publicaron más de una decena de artículos de opinión y cartas al director pidiendo que Connecticut aprobara bajas por enfermedad pagadas. Los medios empezaron a hablar sobre la legislación.

Dio resultado. El 12 de marzo, el comité de trabajo y empleados públicos votaba a favor de la propuesta, 9-3, con un par de republicanos apoyando la medida. El comité de presupuestos secundó la propuesta por estrecho margen (29-27), y la envió al pleno de la cámara de representantes.

Y ahí se quedó, ya que la propuesta no llegó a votarse. Los activistas sabían que los dos comités que habían votado a favor eran de media más progresistas que el resto de la asamblea. Si en appropriations había pasado tan justo, en el pleno no iba a tener suficiente apoyo. Los líderes demócratas en la cámara no querían perder el tiempo con votaciones que no iban a ganar, así que ni la sometieron a votación.

El año siguiente volvieron. La propuesta del 2016 era una versión refinada de la del 2015, aunque esta vez la idea era llevarla al senado, no a la cámara de representantes, ya que la cámara alta era ligeramente más progresista. Esta vez, sin embargo, la catastrófica situación presupuestaria en Connecticut y el hecho que era un año de elecciones (el periodo de sesiones en años pares es mucho más corto) hicieron que el bill sólo pasara un comité, pero ni llegara a presupuestos. La historia se repitió otra vez el 2017, y otra vez más el 2018. El 2017, otra vez por calamidades presupuestarias, el 2018 por falta de tiempo. Cuatro años, cuatro fracasos, cero leyes.

Cada uno de estos fracasos, sin embargo, formaban parte de un plan premeditado. En Connecticut (y en Estados Unidos, en general), cualquier propuesta legislativa más o menos ambiciosa no es cosa de un año o dos, sino que es un esfuerzo que puede durar cinco, seis, ocho años, dependiendo del contexto político y de lo compleja que sea la ley.

Cada intento de sacar paid family leave adelante era en realidad una estación en un largo viaje. Cada propuesta era una oportunidad para hablar con legisladores, intentar convencerles, y volver una y otra vez para refinar la ley y sumar más votos. Cada ciclo era un año de ampliar la base de la coalición, reclutar más activistas, expandir tu lista de correo, y familiarizar a periodistas, líderes de opinión y gente relevante en el estado sobre qué es lo que defiendes y por qué vale la pena. Con suerte, si la economía no se estrella, no tienes una emergencia presupuestaria o sorpresas electorales de última hora, cada periodo de sesiones puedes ir viendo si estás avanzando o no: cuántos comités ten han votado la ley, cuántos legisladores tenías como síes sólidos, cuánta gente ha trabajado contigo. Con suerte, y paciencia, llegará un momento donde los astros te serán propicios, los dioses legislativos te sonreirán y tendrás un año donde todo estos esfuerzos abren una rendija, un camino para sacar la ley adelante.

Este año, el periodo de sesiones del 2019, lo era. Mañana, qué hicimos para sacar la ley adelante.