Desde hace varios años, una de las grandes preguntas de la economía de Estados Unidos es por qué no están subiendo los salarios.
Si miramos las cifras de empleo, es difícil entender por qué. La tasa de paro está por debajo del 5% desde enero del 2016; este año incluso ha estado por debajo del 4% un par de meses. En la prensa económica, y en cualquier conversación con cámaras de comercio, patronales sectoriales y demás en casi cualquier lugar del país, los empresarios se quejan de forma incesante que les cuesta horrores encontrar mano de obra. Si miramos las últimas encuestas de población activa y las cifras de ofertas de empleo, ahora mismo hay más puestos sin cubrir que parados. Cuando hay más demanda que oferta lo natural es que suban los precios, es decir, los salarios, pero el crecimiento de esto ha sido patético, apenas superando la tasa de inflación.
Como todas las preguntas difíciles, es muy probable que la respuesta sea complicada. Hay muchos factores que pueden influir en la evolución de los salarios en una economía tan grande como es Estados Unidos, así que podemos hablar de una causa, única y maléfica, forzando a los trabajadores a no recibir los frutos de la aparente prosperidad del país. He leído un buen puñado de explicaciones convincentes que es muy probable que tengan un papel, desde la extraordinaria debilidad de los sindicatos a la globalización, el cambio tecnológico, el estancamiento de los salarios mínimos o la concentración geográfica del crecimiento económico en el país, y todas merecen ser analizadas.
De todas las teorías que he leído estos meses, hay una que me parece especialmente relevante, en parte porque dice mucho sobre en qué se ha convertido Estados Unidos, en parte porque corrobora muchas de las historias que había escuchado en años recientes.
Hace un par de semanas el fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, llegó a un acuerdo con siete cadenas de comida rápida (incluyendo McDonald´s, Arby´s y Carl´s Jr.) para que eliminaran los acuerdos de «no reclutamiento» (no poaching) que imponían a sus restaurantes. Esta práctica, parte de los contratos de franquicia firmados por todo el país, prohibía a los propietarios de un restaurante fichar a trabajadores de otro restaurante de la misma cadena. Fiscales de otros diez estados están investigando casos similares, que cubren más de 70.000 restaurantes en todo el país.
Esto puede parecer algo irrelevante, pero tiene un efecto directo sobre los salarios de los trabajadores. Lo que esta clase de cláusulas hacen es que cuando alguien entra a trabajar de cajero o cocinero en un McDonald´s no pueda irse a otro local de la misma cadena si le ofrecen más dinero o un ascenso a supervisor, ya que los propietarios habían pactado no robarse trabajadores. A efectos prácticos, esto hace que un trabajador no-cualificado tenga tantos potenciales empleadores como cadenas de comida rápida tenga cerca, en vez de tantos restaurantes. En vez de tener 15, 20, 30 negocios compitiendo por contratarle, sólo tendrá tres o cuatro, y eso si no han pactado entre ellos extender esta clase de acuerdos entre cadenas, algo que también se está investigando en algunos estados.
La cuestión es que las cadenas de fast food no son un caso aislado. Las cláusulas «non compete» antes estaban reservadas a trabajadores en empresas de alta tecnología que podían llevarse tus secretos a la competencia, pero ahora son habituales en sectores como comida rápida, limpiadoras en hoteles o trabajadores sociales. Lo que hacen esta clase de contratos es limitar el número de puestos de trabajo al que puede aspirar un trabajador, y por lo tanto, reducir su capacidad de negociación con el empresario – y con ello, su salario. El mercado laboral ya es de por sí un cuasi-monopsomio (un «monopolio inverso», donde hay un comprador y muchos vendedores) donde el trabajador parte en desventaja, y esto sólo empeora las cosas.
Matt O´Brien, en el Washington Post, tiene un buen artículo donde desarrolla la idea, recalcando además el efecto del aumento de la concentración empresarial en Estados Unidos, especialmente en mercados laborales a nivel local. Como dice O´Brien:
«It’s a reminder that labor markets aren’t just about supply and demand but also about who has the power to make the demands. A weaker welfare state, a lower minimum wage and business-friendly courts — the kind, for example, that say companies can force their employees to sign away their rights to join class-action lawsuits over things such as wage theft — all give businesses more bargaining power no matter what the unemployment rate is. So do “right-to-work” laws that make it harder to form unions.
It’s a new Gilded Age that not even 4 percent unemployment can make a dent in.»
Todo se resume en una idea simple: el poder de negociación. Las cláusulas anticompetencia debilitan la posición negociadora de los trabajadores del mismo modo que la existencia de sindicatos de clase la aumenta. Durante décadas, los políticos americanos han aprobado reformas que favorecen a los empresarios en las relaciones laborales. Es una lucha de clases, y los ricos la están ganando.