Política

El juicio político de Dilma Rousseff

25 Abr, 2016 - - @kanciller

Tras el ameno festejo que vimos en la Cámara de Diputados de Brasil el pasado domingo, continúa el proceso de impeachment a la presidenta Dilma Rousseff. Ahora le toca al Senado, que tras habilitar una comisión al efecto, decidirá en el plazo de tres semanas si la aparta del cargo durante al menos 180 días. Sólo hace falta una mayoría simple para esto, lo que implicaría que su vicepresidente Michel Temer asumiría el cargo hasta que la cámara alta decida si destituye de manera definitiva a la presidenta por 2/3 de sus miembros. Lo interesante es que el vicepresidente, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), es justamente uno de los impulsores de todo el proceso.

Brasil es un caso verdaderamente fascinante en política comparada. Su sistema político ha generado numerosas críticas por verse abocado a la parálisis, la ineficiencia y la corrupción. Su sistema electoral con listas abiertas, su modelo federal o la debilidad de sus partidos políticos haría inevitable esta lectura. Sin embargo, aproximaciones posteriores han matizado esta idea. Por ejemplo, alegando que justamente gracias a la baja disciplina de partido que la presidencia dispone de cierto margen de maniobra para negociar con los diputados individualmente. De hecho, el peculiar modelo brasileño es conocido como “presidencialismo de coalición”, es decir, que sus presidentes deben necesariamente transaccionar con los numerosos partidos del Congreso para intentar aprobar sus medidas. Algo que precisamente puede ser acicate para la corrupción – véase la compra de diputados del caso Menselao  – para superar la parálisis gubernamental.

Sin embargo, a pesar de la excepcionalidad de Brasil en muchas cosas, lo cierto es cómo es como el recurso del impeachment está cada vez está más extendido en toda América Latina.

El recurso del impeachment

Una de las tesis más clásicas sobre el diseño institucional de los sistemas democráticos hace alusión a los peligros del presidencialismo. Tradicionalmente se ha dicho que la ausencia de capacidades para disolverse mutuamente puede llevar al bloqueo entre el Congreso y el Presidente cuando son de colores diferentes. Esto llevaría en último término al colapso de la democracia en esos países, siendo los militares los que desempatan la situación.

Una virtud que tienen los sistemas parlamentarios como el nuestro es que el poder legislativo y el ejecutivo pueden liquidarse mutuamente. El Primer Ministro puede disolver las Cortes usando el adelanto electoral estratégico, del mismo modo que si pierde la confianza de la cámara puede sufrir una moción de censura. Esto generaría rotación en los gobiernos – pero no el colapso del sistema. Lo interesante de ambos procesos es que no necesita más motivación que la política, haciendo al sistema más flexible. Por el contrario en los sistemas presidenciales se supone que hay una rígida separación de poderes entre dos autoridades directamente votadas por los ciudadanos, ambas igual de legítimas. En teoría son inexpugnables, en la práctica sólo cabe un recurso posible por el que un Congreso puede tumbar a la presidencia; el impeachment, un proceso que sólo se puede aplicar en situaciones claramente tasadas y motivadas, normalmente  por razones penales.

Ahora bien, pese a lo supuestamente excepcional de este mecanismo, lo que muestran académicos como Aníbal Pérez Liñan es que se está convirtiendo en un recurso cada vez más empleado. Ha habido procesos de impeachment un promedio de una vez cada dos años en toda América Latina, pero sólo en 27 de los 45 procesos iniciados hasta 2010 ha sido exitoso. Además, en 19 de estos lo ha sido gracias a la colaboración de los militares. Pero si una tendencia se ve clara es que desde los años 90 se ha multiplicado su uso. Collor de Mello en Brasil (1992), Pérez en Venezuela (1993), Cubas Grau en Paraguay (1999) o, si vamos a casos más recientes y controvertidos, los de Zelaya en Honduras – que tuvo forma de Golpe de Estado (2009) – o el de Lugo en Paraguay (2012). El recurso a este mecanismo para la retirada forzosa de presidentes impopulares no se puede explicar por un solo factor, pero es coincidente con una larga ola de democratización en América Latina desde los 80, momento que los militares dejan de meterse en política.

Hacia el presidencialismo parlamentario

Una garantía de cualquier sistema presidencial es la existencia de un mandato fijo para la presidencia, y de ahí por cierto que se limiten los mandatos de esta figura. Sin embargo, poder sobrevivir tu propia presidencia parece algo cada vez más complicado. Durante los años noventa, diferentes autores han señalado que los escándalos de corrupción, la libertad de prensa y la movilización callejera han vuelto la vida más difícil a cualquier presidente. Pero en todo caso este factor no es suficiente para provocar la caída de un presidente si no existe una coalición de rivales políticos en el legislativo.

Dado el diseño presidencial, en casi todos los países de América Latina el presidente no dispone de mecanismo para la disolución de un Congreso que le sea hostil – hasta donde conozco, lo retiraron de Chile y sólo lo tienen Perú y Uruguay bajo supuestos muy restrictivos. Por el contrario, todos los países de la región recogen algún sistema de impeachment. Lo normal es que requiera de super-mayorías en diferentes cámaras bajo supuestos tasados, si bien Honduras o Guatemala lo tienen por mayorías simples. Algunos países como Bolivia o Costa Rica tienen el modelo de impeachment judicializado por el cual el Congreso autoriza una causa contra el presidente en la Corte Suprema, creando un actor de veto más. Por contra, en algunos países como Perú o Ecuador permiten la declaración de incapacidad  por mayoría simple, que de facto también destituye al presidente.

Por tanto el Congreso sí que tiene mecanismos constitucionales para derribar al Presidente, el cual sólo se impone más en los conflictos entre los poderes, sino que le fuerza a tener que buscar apoyos para legislar… y sobrevivir. Esto genera una cierta dinámica de “parlamentarización” de los regímenes presidenciales. Los presidentes tienen que construir coaliciones en el Congreso, lo que le obliga a políticas más inclusivas con la oposición. Ahora, también es cierto que por la vía de los hechos supone el tensionamiento permanente del sistema institucional, empleando el recurso excepcional como la regla y confrontando turbulencias periódicas. Justamente esto es lo que nos vuelve a llevar al caso de Brasil.

El destino de Dilma Rousseff

Prácticamente el 60% de los diputados del Congreso de Brasil tiene algún tipo de cuenta pendiente con la justicia, en casi todos los casos por razones de corrupción. La presidencia de Rousseff ha sido turbulenta casi desde su inicio; protestas que le llevaron a anunciar un proceso de reforma constitucional, la crisis económica, el escándalo Petrobras, la alargada sombra de Lula da Silva y la presión de los jueces. La causa alegada para el impeachement en estudio ha sido la de falsear la presentación de las cuentas pero es evidente que se trata de una pobre excusa para tumbar a una presidenta que se encuentra con índices record de impopularidad. En el caso de prosperar la retirada de la presidenta, está por ver la reacción del PT.

Lo que creo que es importante no perder de vista es que la caída de Rosseuff en todo caso se debe a la pérdida de apoyos políticos en el Congreso. La corrupción o los problemas con las cuentas son excusas ante la falta de un compromiso político entre el PT y (esencialmente) el PMDB, un partido que ha llegado a acuerdos siempre con quien ha convenido desde el fin del régimen militar. Vamos, que su posible caída es casi como en nuestro sistema cuando un socio parlamentario te retira la confianza por razones políticas, todo enmarcado en una tendencia dentro de toda la región hacia el recurso regular del impeachment. Un instrumento que se supone excepcional y tasado pero que cada vez se emplea más como arma política ¿Lo aguantará el sistema político brasileño? ¿Aceptará la opinión pública de Brasil la destitución política y no motivada de su presidenta? La respuesta probablemente la tendremos en breve.