Corrupción

Romper la ley del silencio

20 Abr, 2016 - - @elena_costas

Ana Garrido trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla cuando empezó a recopilar expedientes sobre contratos y otras relaciones entre la Administración y diversas empresas privadas, pieza clave para que la Fiscalía Anticorrupción iniciase las investigaciones de la que sería una de las principales tramas de corrupción en España, el caso Gürtel. Tras una promesa de anonimato no cumplida, la pérdida de su puesto de trabajo y diversas denuncias por acosos al Ayuntamiento, hoy Garrido está imputada por un delito de “infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos”. No dejaría de ser algo dramático por tratarse de un caso aislado, pero son varios los nombres que se esconden detrás de historias muy similares. Itziar González está pendiente de juicio desde hace más de tres años por amenazas y robo de documentos en su domicilio, tras testificar en el juicio del Caso Millet, como regidora del distrito de Ciutat Vella en Barcelona. Maite Carol, interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, ha denunciado presiones del alcalde implicado en el Caso Pretoria, y fue destituida tras presentar informes que alertaban de ilegalidades en las relaciones de la Administración con empresas privadas. Albert Gadea, Jaume Llansó, Carlos Martínez, o Fernando Urrticoechea son más ejemplos a añadir a esta lista.

Si analizamos al detalle las distintas tramas de corrupción en España un patrón común es la existencia de este tipo de filtraciones internas. Ya sea por falta de datos, o de formación, en muchos casos estos delatores no son conscientes de la magnitud de los escándalos que contribuyen a destapar. Pero la suerte que corren sus carreras es en muchos casos la misma. Acuamed es otro buen ejemplo. Esta trama de corrupción podría haberse cortado antes si la denuncia interna a principios de 2014 del entonces director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente, no hubiese acabado con su despido inmediato. El mensaje era claro, y lo sigue siendo ahora. Los costes en los que puede incurrir un potencial delator de un caso de corrupción van desde la pérdida de su empleo hasta el acoso, pasando por la difamación o el pago de altas tasas y costas judiciales. Como estrategia para evitar la corrupción no parece muy eficaz el cargar con tales riesgos personales a una de las pieza clave en la revelación de nuevas tramas.

En España no existe ninguna legislación específica que proteja a los delatores o informantes de casos de corrupción, ya sea en el sector público o en el privado. Sin embargo, todos los ciudadanos estamos obligados por ley a denunciar formalmente cualquier sospecha de delito a las autoridades pertinentes. Ni el propio Estatuto del Empleado Público recoge entre los derechos la protección en caso de denuncia. En situaciones específicas los denunciantes pueden acogerse a la Ley de Protección a Testigos, pero no existen ningunas garantías de anonimato al iniciar una denuncia por un caso de corrupción.

Como en muchos otros aspectos de la lucha anticorrupción la legislación española cuenta con toda una serie de mecanismos, instrumentos y procesos para realizar denuncias públicas. Los casos de corrupción pueden ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado, pero requieren de la confirmación personal del informante. Varios decretos prevén la creación de un registro de quejas y sugerencias por parte de los ciudadanos para denunciar irregularidades de las autoridades administrativas, así como mecanismos de control interno dentro de la propia Administración. Existen también mecanismos de control externo, como el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Otra vez nos encontramos con una situación ya conocida en España, a pesar de la variedad de instrumentos de control tanto interno como externo, no existen incentivos dentro de la Administración para aplicarlos, denunciando así los casos de corrupción.

Hace ya más de una década que nuestro gobierno viene incumpliendo las recomendaciones que ha hecho la OECD en medidas anti-corrupción, donde se destaca la “falta de conciencia entre los líderes políticos españoles sobre la importancia de aprobar protecciones para los denunciantes”. Y no son los únicos. Transparency International o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción son otras de las instituciones que han denunciado la falta en España de protección a los informantes de casos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado.

Si miramos a nuestro entorno vemos que son varios los países de la UE tienen leyes que incluyen directas referencias a la protección de los denunciantes de corrupción, como Bélgica, Francia o Suecia. También, tanto en los EEUU como en el Reino Unido se prohíbe expresamente a las empresas o a la Administración pública tomar cualquier acción en contra de aquellos denunciantes de casos de corrupción, lo que ha tenido un importante efecto en las regulaciones internas de las empresas españolas que comercian con estos países. A pesar de que la última modificación del Código Penal exime de responsabilidad penal en este tipo de delitos a aquellas empresas que cuenten con mecanismos internos de control, tampoco existen en España medidas concretas para proteger a los denunciantes de corrupción en el sector privado.

Teniendo en cuenta los altos costes – tanto económicos, de eficiencia, o de confianza en las instituciones – que la corrupción representa en nuestro país es imprescindible facilitar la revelación de información a las autoridades relacionadas con actividades irregulares en el sector público y en el privado. Se trata de implementar medidas sencillas, y de bajo coste, como por ejemplo la “penalización activa de las labores anti­chivatazo”, es decir, de aquel que intenta descubrir quién ha revelado la información, algo que ya destacaban Pablo Fernández-Vázquez, Victor Lapuente o Gonzalo Rivero en el Informe sobre la Democracia en España de 2011.

Cualquier medida que se tome de cara a la protección de los informantes de corrupción en España puede tomar como punto de partida la legislación actual, que obliga a todos los ciudadanos a denunciar cualquier delito, y protege en casos concretos a los testigos de un juicio. Sin embargo, es necesario ampliar la definición tanto del que denuncia como de aquello que se denuncia. El anonimato debe estar garantizado, así como la protección de cualquier persona del sector público o del privado que informe sobre corrupción, fraude o cualquier otra conducta irregular. Para ello se deben facilitar el acceso a canales y asegurar la eficacia de estos instrumentos, así como impedir cualquier tipo de acciones disciplinarias en contra de los denunciantes. Los portales de transparencia pueden ser un buen ejemplo – de lo que se debe y no se debe hacer – sobre cómo comunicar y facilitar canales de denuncia eficientes. Por lo que respecta al sector privado, es necesario seguir impulsando la aplicación de mecanismos de compliance.

Los distintos organismos internacionales que luchan contra la corrupción coinciden en las medidas que se deben tomar para proteger a los denunciantes y hasta Transparency International ha definido un manual de buenas prácticas para orientar a los gobiernos en la definición de este tipo de leyes. La dirección por lo tanto es clara, el coste bajo, y los potenciales beneficios muy altos. En una Administración altamente politizada como es la española, donde el futuro profesional de algunos cargos públicos depende de los políticos que gobiernen, asegurar que las denuncias no conllevaran ninguna represalia es una forma sencilla de desincentivar conductas irregulares. Y, por otro lado, permitiría no tener que cargar sobre nombres como Ana Garrido, Maite Carol o Francisco Valiente la figura de mártires de la corrupción. A nadie se le puede pedir que sea mártir de nada.