Ana Garrido trabajaba en el Ayuntamiento de Boadilla cuando empezó a recopilar expedientes sobre contratos y otras relaciones entre la Administración y diversas empresas privadas, pieza clave para que la Fiscalía Anticorrupción iniciase las investigaciones de la que sería una de las principales tramas de corrupción en España, el caso Gürtel. Tras una promesa de anonimato no cumplida, la pérdida de su puesto de trabajo y diversas denuncias por acosos al Ayuntamiento, hoy Garrido está imputada por un delito de “infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos”. No dejaría de ser algo dramático por tratarse de un caso aislado, pero son varios los nombres que se esconden detrás de historias muy similares. Itziar González está pendiente de juicio desde hace más de tres años por amenazas y robo de documentos en su domicilio, tras testificar en el juicio del Caso Millet, como regidora del distrito de Ciutat Vella en Barcelona. Maite Carol, interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet, ha denunciado presiones del alcalde implicado en el Caso Pretoria, y fue destituida tras presentar informes que alertaban de ilegalidades en las relaciones de la Administración con empresas privadas. Albert Gadea, Jaume Llansó, Carlos Martínez, o Fernando Urrticoechea son más ejemplos a añadir a esta lista.
Si analizamos al detalle las distintas tramas de corrupción en España un patrón común es la existencia de este tipo de filtraciones internas. Ya sea por falta de datos, o de formación, en muchos casos estos delatores no son conscientes de la magnitud de los escándalos que contribuyen a destapar. Pero la suerte que corren sus carreras es en muchos casos la misma. Acuamed es otro buen ejemplo. Esta trama de corrupción podría haberse cortado antes si la denuncia interna a principios de 2014 del entonces director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente, no hubiese acabado con su despido inmediato. El mensaje era claro, y lo sigue siendo ahora. Los costes en los que puede incurrir un potencial delator de un caso de corrupción van desde la pérdida de su empleo hasta el acoso, pasando por la difamación o el pago de altas tasas y costas judiciales. Como estrategia para evitar la corrupción no parece muy eficaz el cargar con tales riesgos personales a una de las pieza clave en la revelación de nuevas tramas.
En España no existe ninguna legislación específica que proteja a los delatores o informantes de casos de corrupción, ya sea en el sector público o en el privado. Sin embargo, todos los ciudadanos estamos obligados por ley a denunciar formalmente cualquier sospecha de delito a las autoridades pertinentes. Ni el propio Estatuto del Empleado Público recoge entre los derechos la protección en caso de denuncia. En situaciones específicas los denunciantes pueden acogerse a la Ley de Protección a Testigos, pero no existen ningunas garantías de anonimato al iniciar una denuncia por un caso de corrupción.
Como en muchos otros aspectos de la lucha anticorrupción la legislación española cuenta con toda una serie de mecanismos, instrumentos y procesos para realizar denuncias públicas. Los casos de corrupción pueden ser denunciados ante la Fiscalía General del Estado, pero requieren de la confirmación personal del informante. Varios decretos prevén la creación de un registro de quejas y sugerencias por parte de los ciudadanos para denunciar irregularidades de las autoridades administrativas, así como mecanismos de control interno dentro de la propia Administración. Existen también mecanismos de control externo, como el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo. Otra vez nos encontramos con una situación ya conocida en España, a pesar de la variedad de instrumentos de control tanto interno como externo, no existen incentivos dentro de la Administración para aplicarlos, denunciando así los casos de corrupción.
Hace ya más de una década que nuestro gobierno viene incumpliendo las recomendaciones que ha hecho la OECD en medidas anti-corrupción, donde se destaca la “falta de conciencia entre los líderes políticos españoles sobre la importancia de aprobar protecciones para los denunciantes”. Y no son los únicos. Transparency International o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción son otras de las instituciones que han denunciado la falta en España de protección a los informantes de casos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado.
Si miramos a nuestro entorno vemos que son varios los países de la UE tienen leyes que incluyen directas referencias a la protección de los denunciantes de corrupción, como Bélgica, Francia o Suecia. También, tanto en los EEUU como en el Reino Unido se prohíbe expresamente a las empresas o a la Administración pública tomar cualquier acción en contra de aquellos denunciantes de casos de corrupción, lo que ha tenido un importante efecto en las regulaciones internas de las empresas españolas que comercian con estos países. A pesar de que la última modificación del Código Penal exime de responsabilidad penal en este tipo de delitos a aquellas empresas que cuenten con mecanismos internos de control, tampoco existen en España medidas concretas para proteger a los denunciantes de corrupción en el sector privado.
Teniendo en cuenta los altos costes – tanto económicos, de eficiencia, o de confianza en las instituciones – que la corrupción representa en nuestro país es imprescindible facilitar la revelación de información a las autoridades relacionadas con actividades irregulares en el sector público y en el privado. Se trata de implementar medidas sencillas, y de bajo coste, como por ejemplo la “penalización activa de las labores antichivatazo”, es decir, de aquel que intenta descubrir quién ha revelado la información, algo que ya destacaban Pablo Fernández-Vázquez, Victor Lapuente o Gonzalo Rivero en el Informe sobre la Democracia en España de 2011.
Cualquier medida que se tome de cara a la protección de los informantes de corrupción en España puede tomar como punto de partida la legislación actual, que obliga a todos los ciudadanos a denunciar cualquier delito, y protege en casos concretos a los testigos de un juicio. Sin embargo, es necesario ampliar la definición tanto del que denuncia como de aquello que se denuncia. El anonimato debe estar garantizado, así como la protección de cualquier persona del sector público o del privado que informe sobre corrupción, fraude o cualquier otra conducta irregular. Para ello se deben facilitar el acceso a canales y asegurar la eficacia de estos instrumentos, así como impedir cualquier tipo de acciones disciplinarias en contra de los denunciantes. Los portales de transparencia pueden ser un buen ejemplo – de lo que se debe y no se debe hacer – sobre cómo comunicar y facilitar canales de denuncia eficientes. Por lo que respecta al sector privado, es necesario seguir impulsando la aplicación de mecanismos de compliance.
Los distintos organismos internacionales que luchan contra la corrupción coinciden en las medidas que se deben tomar para proteger a los denunciantes y hasta Transparency International ha definido un manual de buenas prácticas para orientar a los gobiernos en la definición de este tipo de leyes. La dirección por lo tanto es clara, el coste bajo, y los potenciales beneficios muy altos. En una Administración altamente politizada como es la española, donde el futuro profesional de algunos cargos públicos depende de los políticos que gobiernen, asegurar que las denuncias no conllevaran ninguna represalia es una forma sencilla de desincentivar conductas irregulares. Y, por otro lado, permitiría no tener que cargar sobre nombres como Ana Garrido, Maite Carol o Francisco Valiente la figura de mártires de la corrupción. A nadie se le puede pedir que sea mártir de nada.
Ana Garrido era cargo de confianza y no funcionaria de Boadilla, por tanto el trabajo solo dura mientras tenga la confianza de quien la puso. En lo demás tienes razón.
Si cada uno contara los chanchullos irregulares que vé allí donde trabaja, da lo mismo que sea público o privado, esto sería el acabose. Pero como las denuncias anónimas no valen, salvo que tengas plaza fija como funcionario y un cabreo y capacidad de aguante más que notables, te resignas y pasas del tema. Por cada obra certificada – y cobrada- antes de que su finalización, por cada presupuesto que vá muy por encima de lo tarifado, por cada exceso de medición…
Y, en el tema de los despidos, es bastante más que ofensiva el como ciertos directivos/políticos electos hacen uso de esa herramienta como forma de castigo, sabiendo que hagan lo que hagan, el despedido va a pagar sus costes mientras que ellos, aunque lo hagan con todos los informes jurídicos en contra, nos pasan la cuenta a todos…
Ojalá este artículo, y otros similares, fuesen ampliamente difundidos.
Sin embargo, en la Administración española, actualmente al menos, resulta imposible funcionar de forma transparente sin quedarnos estancados: pagos largamente demorados a proveedores, reducciones presupuestarias imprevistas que obligan a las empresas a aceptar retrasos o recortes en los servicios firmados con la Administración…, son únicamente dos de las múltiples circunstancias que atenazan a los proveedores de lo Público.
Con este tipo de comportamiento, en la mayor parte de las ocasiones motivado por el devenir político y los relevos de altos funcionarios – lo que suele significar que los nuevos o desconocen o no respetan los acuerdos firmados por el anterior, muchas veces por imperativo político -, tenemos que un proveedor habitual de la Administración debe asegurarse sus réditos por otros medios, más opacos de lo que la normativa prescribe, o resignarse a que su negocio se vea zarandeado al capricho del Poder Ejecutivo elegido por los españoles en cada momento.
Ejemplo: empresa X tiene firmado un contrato a 10 años para fabricar dirigibles – muy caros y de largos plazos de desarrollo – con el gobierno del partido A; a esa empresa se le exige presupuesto, justificación y planificación temporal. Cuatro años después, llega el partido B, elegido democráticamente, y decide que los dirigibles son incompatibles con su política social, de forma que reduce el presupuesto dedicado a ello a la mitad… pero sin liquidar la deuda con la empresa X que el gobierno A contrajo. Resultado: la empresa X tiene que afrontar el coste, y amortizarlo como pueda – reducciones de plantilla, contrayéndose, o camuflando esos costes en futuros contratos -. Y todo eso, por el postureo de ambos partidos de cara a su electorado.
La conclusión de todo el rollo, podría ser que lo primero que debería establecerse es explicar a los españoles las consecuencias reales de sus decisiones, los pros y los contras, lo cual sería tan fácil como elaborar un documento consensuado en el Parlamento, y difundirlo. Así, en lugar de tratar de ocultar las malas consecuencias de una decisión política, a lo mejor se consigue que nos demos cuenta de que cualquier acción tiene un lado bueno y otro malo.
El caso que estoy viviendo es el contrario: empresa que gana un contrato con la Administración y lo incumple desde el minuto uno, con la avenencia de la Dirección local. Al contrato no le salían las cuentas, a poco que uno haya trabajado y sepa sumar 2+2, ni en el tema de personal ni en el tema de cumplimiento de plazos de trabajo.
Y aquí entramos en otra de las seudocorruptelas propias de este país, las diferentes varas de medir que usa el amo: si vienes recomendado, soy laxo, si te quiero fulminar, te aplico el contrato con todos sus puntos y comas. Sin que puedas hacer nada, sin que puedas enterarte de nada ( a no ser que lo vivas) y sin que puedas reclamar nada ( no eres parte), pero no deja de ser un timo.
¿No sería posible que ese contrato se le haya entregado a esa empresa, como compensación por un contrato anterior en el que la empresa – u otra del grupo al que pertenezca – resultó perjudicada por la Admón.? Es decir, que esa empresa actúe de ese modo como consecuencia de aquello otro. Es más: te diría que, incluso, es probable que alguien de dentro lo haya arreglado para que sea esa, y no otra, la que gane la licitación, como forma de compensar los servicios no abonados anteriormente y evitar, por ejemplo, despidos masivos.
Y tenemos un caso de corrupción servido, consecuencia de una mala gestión arrastrada por el postureo político de uno y otro signo.
A tanto no llego. La empresa que ganó el contrato es de nivel nacional, te la puedes encontrar hasta en el último rincón de España y, por motivos de externalización de funciones, interesa a nivel de organismo público que las cuentas salgan. Así que se le consienten historias que no se le consentirían a nadie y, por motivos políticos, – de política de empresa y de políticos que la protegen- se le consienten practicas intolerables.
Pero ya nos salimos del objeto del articulo, como romper ese circulo de vicio cuando puedes ejercer la arbitrariedad en la contratación y además, destruir a quien pone tus verguenzas al aire. Para lo que mencionas arriba, hay señores más listos- Plataforma Castor, por ejemplo, R-nn madrileñas, etc, etc- que se aseguran su inversión, haya los cambios de gobierno que haya. Quizá si un funcionario, un comite de centro o empresa o un ciudadano consultando un contrato público pudiera denunciar el tema y recibiera respuesta , ese tipo de situaciones se podrían reducir.
Por ejemplo, denunciando que una empresa cobra una obra sin acabarla, una OCA certífica que esta finalizada y no es el caso, invirtiendo tiempo y recursos durante los siguientes años en poner en orden los temas pendientes.
Por lo visto hay una plataforma en marcha que promueve un anteproyecto de ley:
http://www.publico.es/politica/denunciantes-corrupcion-piden-ley-proteja.html
Elena,
Gracias a su post me volvió la preocupación por la urgencia de complementar el análisis económico y el análisis jurídico de la corrupción. Su post me motivó a buscar investigaciones recientes y tuve la suerte encontrar este nuevo libro
https://books.google.cl/books?id=K3SNCwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Tina+Søreide%22&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjay_XxrZ3MAhVLDJAKHXpgCM4Q6AEIGzAA#v=onepage&q&f=false
http://www.e-elgar.com/shop/corruption-and-criminal-justice
cuya lectura espero completar pronto. La autora es la economista noruega Tina Soreide que ha trabajado largo tiempo en temas de corrupción. En el prefacio del libro, deja claro que su motivación principal es la urgencia antes mencionada y me alegro que haya tenido la oportunidad de trabajar con académicos de una facultad de Derecho (algo muy difícil en todos los países). En la Introducción deja claro que por corrupción entiende el abuso de poder legítimo para beneficio personal, algo que preocupa mucho más cuando se trata del poder coactivo de los órganos del Estado.
El libro, sin embargo, no parece prestar atención alguna al tema de su post —esto es, la obligación moral y el deber legal de denunciar la comisión de delitos. Aunque el texto de su post hace referencia a “mártires”, el tema sigue siendo la denuncia de comisión de delitos. Dejando de lado el tema de si todo acto corrupto implica un delito (una cuestión que sólo puede resolverse por referencia primero al derecho penal vigente y luego a la filosofía del derecho penal), se debe distinguir claramente entre obligación moral y deber legal. Uno siempre puede invocar la idea de obligación moral para que aun en caso de duda, alguien acepte la obligación de denunciarlo, pero más importante es la imposición del deber legal de denunciar por lo menos algunos delitos graves. La eficacia de esa imposición depende —entre otras cosas— de los medios usados para forzar su cumplimiento. La revisión sistemática de estos medios en relación a todo tipo deberes legales no parece haberse hecho, pero mi impresión es que hay diferencias enormes entre deberes y que sólo en situaciones de extrema urgencia se emplean medios eficaces para forzar su cumplimiento (por ejemplo, el grado de cumplimiento del deber legal de prestar servicio militar dependía de si el país estaba en guerra o no). No debe sorprender que en casos de corrupción en órganos estatales, los pocos medios disponibles para el cumplimiento del deber de denunciar actos corruptos se dediquen a casos en que los sospechosos han caído en desgracia, y peor, que en esos casos se abuse del poder policial para conseguir denunciantes y testigos contra los sospechosos (causa risa que, siguiendo la premisa de Lord Acton, nadie acuse a Fidel de corrupción absoluta). Y por supuesto no debe sorprender que en casos de corrupción de personas naturales y organizaciones privadas, los medios policiales para hacer cumplir el deber de denunciarlos se concentren en casos en que los sospechosos son rivales o peor enemigos de los gobernantes y funcionarios superiores. Pero probablemente las dos razones principales para no cumplir con el deber de denunciar actos corruptos son la poca confianza en los políticos y los órganos estatales y/o la poca capacidad policial para proteger a los denunciantes y testigos de las amenazas de los sospechosos. Todo esto debe ser analizado en el contexto de la institucionalidad vigente del gobierno y la judicatura, algo que ojalá el libro antes mencionado ayude a desarrollar.
Como habrás comprobado, aquí ocurre otro fenómeno: las denuncias se concentran en casos en que los sospechosos son afines a la derecha tradicional – el PP y, cuando entren, C’s -. Si además gobiernan, la corrupción se destapa principalmente en época electoral, que resulta más adecuada para los fines de la izquierda.
Como alguien mencionó en otro artículo, el motivo principal es porque parece ser que la corrupción de derechas tiende a favorecer intereses económicos – empresas, clases altas -, mientras que la de izquierdas tiende a favorecer intereses personales – familiares, allegados, clases bajas – y se rastrea peor. Podríamos decir, irónicamente, que la de izquierdas es más «popular» y, por tanto, se denuncia menos y se oculta mejor.
Además, los medios de comunicación tienen intereses evidentes en dar más bombo a la corrupción de derechas, porque eso les proporciona mayor difusión – la mayor parte del mercado somos clases medias o bajas -, debido a que todos tenemos un sesgo orientado a favorecer a nuestra propia clase, y tendemos a ver la corrupción de izquierdas como «redistribución» de la riqueza, algo así como lo que hacía Robin Hood.
Y como otro post donde se intenta razonar sobre las soluciones a la corrupción desde abajo se vuelve a derivar a «todos semos corrutos, cada uno a su sentimiento, pero corrutos toós».
Esta visto que hoy tocaba pastilla roja.
Es cierto. Al final, resulta que la corrupción por avaricia es natural al ser humano – igual que los otros seis pecados capitales -. Y sus soluciones pasan por que algún iluminado con poder sea capaz de implementar mecanismos de control eficaces sin morir en el proceso. Pero no se puede erradicar algo que forma parte de nuestra naturaleza, sólo mitigarlo.
La cuestión, volviendo al artículo, es que los mecanismos que se implementen deben contemplar que hay que proteger a los delatores, tanto de sus jefes – una corrupción «de derechas» – como de sus compañeros y subalternos – una corrupción «de izquierdas» -. Sin embargo, no se puede obviar que jefes son los menos.
Ni se puede obviar que gastan más. Te puse el ejemplo de Castor, Rs madrileñas, cualquier Caja de Ahorros…¿ A cuanta corrupción de chusma equivale lo que nos puede costar la broma?
Sigue desviando el tema…
Entonces, a lo que vas es que la corrupción de derechas es más gravosa para el Estado que la de izquierdas. Sólo recuerdo casos de corrupción demostrados en el PP. ¿Hay alguno en el PSOE?¿En IU? Y si lo hubiera, ¿se sabe cuánto fue?¿Y cómo se saldó? Pienso en aquel aforismo de: si el árbol cae en el bosque, y nadie lo oye, ¿había árbol en realidad?, que vendría asociado al de que los árboles no dejan ver el bosque.
No entiendo lo de que desvío el tema. Hablamos de que la izquierda, cuando recurre a la corrupción, reparte migajas entre más gente, y por tanto es más sostenible porque es menos propensa a la delación. Tú eres quien da valor a que la de derechas es peor, porque un único caso de derechas es normalmente más cuantioso que varios de izquierdas según tu teoría – a la vista de lo que se propaga en los últimos años, a cualquier persona desinformada le parece así, de modo que no te culpo -. Lo que digo es que hay que prevenir ambas, que cada una requiere medidas diferentes y que hay que contemplarlo de este modo. Si eso te parece apología de la derecha, es debido únicamente a tu parcialidad en este asunto.
No tengo interés en hacerte el juego, pero, ¿Podrias ser tan amable de indicarme donde digo que los de «derechas» sean más cuantiosos?
Y ,si, desvias el tema, hacia el «y tu más»…
Me está resultando desagradable argumentar contigo, Pescador. Me llamas «sionista» en otros artículos, hablas de «chusma» cuando me refiero a clases medias y bajas – en la misma pregunta en la que dices lo de la cuantía -, y todavía me acusas de desviar hacia el «y tú más» la conversación. Da la impresión de que eres dos personas diferentes escribiendo con el mismo seudónimo, o es que te sientes indignado porque alguien que no opina como tú pueda expresarse libremente sin utilizar tu mismo registro. Doy una opinión – que no tiene por qué ser la mía propia – porque creo que puede enriquecer el debate, abriéndolo a otras opciones, tratando de encontrar un enfoque diferente. No pretendo imponer mis argumentos, sino confrontarlos con los de gente que, como tú, opina diferente. Y dado que las opiniones que vierto no siempre son las mías, no me tomo las críticas como algo personal. Sin embargo, tu suspicacia entorpece el intercambio.
Atención, tema: como proteger a los denunciantes ante el poder cuasi omnimodo del político.
Desviación: las derechas roban de una forma, las izquierdas de otra, hay corrupción de derechas- jefes-, corrupción de izquierdas – compañeros y sublaternos- pero los jefes son menos.
Y ahora, después de meter la ideología- izquierda/derecha- y la clase -jefes/subalternos- en danza, sin aportar ni discutir nada sobre el tema (al menos mi cuñadismo proponía responsabilidad personal de los alegres represaliadores…) ¿Soy yo el que desvía el tema?
Sionista no es un insulto, es una definición y casa, absolutamente, con tu postura. Acabas de defender el ¿retorno? de unos supuestos descendientes de los judios expulsados por Adriano, allá por el 138DC, a sus supuestas tierras ancestrales, pasando por encima de lo que se interponga. Blanco y en botella. Y no voy a entrar en intentar desmontar nada, para parásito-secuestrador ya tenemos uno fijo en plantilla.
El tema pone énfasis en el desamparo legal de los denunciantes. Y propongo que la presión del entorno es tan importante como la del político de turno. Creo que existe una clara relación, y esa relación implica que hay que tomar medidas frente a ambas situaciones, que corresponden a diferentes actores y tienen diferentes consecuencias. Tú consideras que no hay que ponerlo sobre el papel, y te indignas por ello. Pero afortunadamente este parece un medio que permite que pueda mencionarlo y así lo hago, muy a tu pesar por lo que evidencias. Mi aportación consiste en proponer una perspectiva que no parece haber sido considerada en el artículo, sobre el mismo tema.
No he mencionado que «sionista» pueda ser un insulto y de cualquier forma, mi postura no es sionista. Deberías informarte mejor antes de hacer comentarios que no aportan nada.
Tampoco parece que «parásito» o «secuestrador» sean aplicables a mi avatar, ni al tuyo, en este caso. Te remito a la RAE. Imagino que pretendías demostrar, de nuevo, tu malestar con mis argumentos.
Así no llegamos a ninguna parte, en serio.
Por dioxxx, te sacan de derecha/izquierda y te pierdes…
Eres sionista, tus palabras, tu defensa de la existencia del Estado de Israel y, sobre todo, de su derecho a hacer lo que hace lo confirma. Que no te guste es otra cosa.
Parásito es aquella persona que usa un blog para exponer sus ideas, sin venir a cuento o solo tangencialmente, como nuestro estimado EB, mientras que un secuestrador es un tipo que consige que un hilo dedicado a un tema – como proteger al denunciante de malas practicas de las represalias – se enfangue intentando demostrarle a un sionista ( o un barcelonista, tanto dá) que lo es. O que el sionista (o barcelonista) te persiga de hilo en hilo para argumentarte que no lo es. No lo voy a hacer, no te voy a replicar más sobre este tema, no estoy enfadado ni indignado y creo que tienes todo el derecho a decir lo que quieras.
Solo creo que , si la situación es la que comenta la autora, nuestraa legislación necesita una refora en profundidad, empezando porque todo lo relacionado con el manejo de dineros públicos deje de ser considerado «secreto» y protegido como tal y continuando con la atribución de responsabilidad personal a las actuaciones antijurídicas de los responsables políticos, ya que , en su mayoría, disponen de un gabinete jurídico para su asesoria, así que si despiden a un denunciante o lo sancionan o acosan no pueden alegar ignorancia, sino añadir a su actuación el abuso y mal uso de recursos públicos.
Ahora ya puedes seguir con los jefes de derechas que son pocos y roban mucho y los subalternos y compañeros de izquierdos que son muchos más y roban…
Estupendo y necesario post, Elena.
Yo apunto a un tema algo más peliagudo: la necesidad de no sólo proteger sino premiar a los denunciantes de corrupción, puesto que muchas veces arruinan su carrera profesional. ¿No podría la Administración repartir con ellos parte de lo que recupera o deja de desviar a corruptos?
Creo que el IRS estadounidense (el equivalente a nuestra Agencia Tributaria) tiene establecidos unos porcentajes de recompensa para los delatores.
El problema tiene una raíz: que cualquier relación contractual, pago o gasto en el que uno de los actores sea cualquier administración pública debería ser transparente. Esto es, toda la información de acceso público y gratuito. El problema es que a la gente le hablas que su declaración de la renta debería estar accesible y se lleva las manos a la cabeza, luego se queja de los demás
El Estado Liberal y de Derecho logró olvidar las denuncias anónimas de la Inquisición.
Hoy abogamos por recuperarlas.
Vamos bien.
Haber, homepor dioxxx, una cosa es denunciar que está cometiendo un delíto y otra denunciar a las personas. Si vas a la vida real, no a la del S XVI cuando te conviene, las denuncias anónimas existen. Uno no denuncia que Pepe está pegando a Carmen, sino que en el 5ºB parece que hay una pelea y si ves que a alguien le están sacando los higadillos en la calle, tambien haces lo mismo. Pasabas por allí, oiste, te pareció… Y la policia va, pero en los delítos de guante blanco no. Asi luego, cuando la pieza se vuelve más accesibley pierde el poder de represaliarte, aparece de todo que todos sabían.
Hubo un tiempo en el cual queríamos pensar que la corrupción era excepcional, anecdótica, fruto de unas pocas manzanas podridas en un sistema sano. Hoy ya no nos es posible desconocer la realidad por más tiempo. Ya sabemos que ni es como pensábamos ni ha sucedido por casualidad. Tampoco ha sido debido a que los ciudadanos españoles tengamos una predisposición especialmente acusada hacia dicha lacra.
El sistema de control del gasto público, tal y como se ha ido configurando a lo largo de los años, ha sido desarmado legislativamente de tal modo que uno de sus resultados habría de ser, necesariamente, un nivel de corrupción desconocido en España desde, al menos, el siglo XIX.
Las barreras y los controles del gasto que existían en nuestra Administración Pública fueron rebajados y en algunos casos suprimidos con tan inusual y persistente diligencia que determinados tipos de corruptelas contractuales se encontraron sin obstáculos capaces de impedir o al menos reprimir la tentación.
El Diario de Sesiones del Congreso y el BOE registran fielmente que en su día se desactivaron controles y procesos legales demostradamente eficaces para prevenir y detectar la corrupción administrativa y contractual en áreas de gasto público
En Septiembre de 1988, el Gobierno de España, por decreto y previa autorización del Congreso, se ocupa de preparar una nueva Ley General Presupuestaria que sustituyese a la ya promulgada en la Democracia en 1977. La nueva ley presupuestaria se promulga y, vía Suspensiones temporales que no Derogaciones, se incumple ya desde los Presupuestos de 1989 al igual que sucedería en cada año desde entonces.
Mucho antes, en 1984, se había en muy buena medida suprimido la conocida como «Intervención previa de los actos administrativos productores de Gasto» un proceso por el cual se validaba la necesidad y procedencia del gasto antes de incurrir en el mismo. Parte de la clase política consideraba enojosa esta función de control administrativo.
También se suprime la Intervención de Hacienda como Cuerpo Autónomo, pasando a integrarse en un colectivo más amplio de Inspección Financiera lo cual devaluaba sustancialmente la imagen y el peso de su función específica.
Otra ley, esta de 1986, llevó más allá de los gastos pequeños y repetitivos, la exención de la Intervención Previa al Gasto y a su Autorización.
Se permitió al Gobierno ir declarando bloques de actividad exentos de esa fiscalización previa, sustituyendo este control exhaustivo por otro a posteriori……….. por muestreo de, a veces, solo el 1% del Gasto.
No es una anécdota que en el proceso parlamentario de las leyes de Presupuestos correspondientes a 1990 y 1991 se denunciasen 44 y 26 artículos respectivamente que aumentaban los poderes del ejecutivo reduciendo la objetividad en la acción de control administrativo. En los turnos de contestación por parte del gobierno, reconociendo los hechos, se argumentó que el Gobierno necesitaba «más libertad de acción para ser más eficaces».
Este relato podría seguir durante decenas de páginas con numerosos detalles pasando por lo sucedido en contratos Patrimoniales, es decir, la adquisición y disposición pública de grandes activos y bienes inmobiliarios, o en la pertinaz desprofesionalización de la Función Pública, degradada a base de artificios para posibilitar nombramientos de “libre designación”, así como la fragmentación del Poder del Estado -también del Poder de Supervisar y de Controlar los propios actos– y los Procesos Administrativos propios de un Estado fragmentado que, como estamos viendo, tiene dificultades para exigir el cumplimiento de las leyes en todo su territorio.
De este modo, el Estado y los Ciudadanos vieron sustancialmente reducida la autonomía de la Administración Pública que, desde Max Weber, es reconocida como uno de los bastiones del un Estado basado en la primacía de las Leyes.
Cuando, a partir del año 1996, cambia el signo político del gobierno, nada de lo anterior se revierte a pesar de existir desde 1992 propuestas detalladas presentadas en el Congreso.
Por tanto, no nos engañemos, los ciudadanos españoles no tenemos una condición moral distinta de otros países de Europa. Tenemos lo que tenemos por actos concretos y profundamente erróneos –hemos de creer y conceder que no fueron intencionales– de diferentes poderes del Estado, y no por anécdotas ni descuidos. El hilo conductor es una gruesa maroma y consta en el BOE y en los diarios de sesiones para los arqueólogos del futuro.
Es obligado recordar que es en el ámbito autonómico y municipal donde más fuerte ha sido el efecto del descontrol estructural y donde ha florecido la gran corrupción. Dos lacras que perjudican terrible y objetivamente a toda la ciudadanía.
Por otra parte, a partir de 1983, se produjo un crecimiento explosivo de organismos que fragmentan la Administración Pública en numerosísimas parcelas que van desapareciendo del régimen administrativo general.
Unas se integran en el grupo de Sociedades o Entes Estatales en régimen de Derecho Privado y otras, cada vez más numerosas, para las que se crea una nueva categoría: la de «Entes Públicos» que solo se rigen por lo que diga su ley especial de creación y no por las reglas generales de la Administración.
En esta clase entraron sectores tan amplios como Puertos, Aeropuertos y Navegación Aérea, la SEPI ( antiguo INI), la Agencia Estatal Tributaria, el Ente Público RTVE, la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, la Liquidadora de Entidades de Seguros, la Nacional del Mercado de Valores, el Consorcio de la Zona Especial Canaria , el Instituto Cervantes, la Agencia de Protección de Datos, etc.
Hoy, entre el Estado Central y el Autonómico, conocido ya por el «Estado Fragmentado» tenemos un par de miles de tales «Entes». Muchos especialistas en la materia dan por sentado que su principal razón de ser es la permitir la huida del Derecho Administrativo y del control y escrutinio público exigible a la Administración.
Por último, qué decir de las exhaustivas responsabilidades de todo tipo que afectan gravemente a cualquier administrador de una entidad privada y la pretensión impertérrita de tantos políticos que pretenden que su responsabilidad se termine en «lo político» como si fueran un estamento del Viejo Régimen exento de las responsabilidades de cualquier Gestor, Público o Privado.
Esta Asimetría está también en la ausencia de genuina responsabilidad por los propios actos que impregna los actos políticos que, no lo olvidemos, son actos de Dominio, actos de un Poder Delegado sobre nosotros.
Cualquier reforma que no se plantee afrontar y resolver estos graves problemas orgánicos y funcionales, será una reforma que perpetuará las debilidades estructurales que ha demostrado la legislación vigente.
Saludos
Por ahí leí que España tiene posiblemente el sistema legislativo más farragoso de la UE. Lo que expones aquí parece una buena explicación.
Pues si, Manu, pues si. La contabilidad existe, los interventores existen, pero la responsabilidad está diluida de forma que casi cada uno puede hacer de su capa un sayo. Y no pasa nada, los informes se aparcan, las medidas de control se obvian y «esto lo pagamos entre todos» cuando cosas que sonaban que iban a acabar mal, y andaban mal, acabaron mal…
Aunque no podemos olvidar , tampoco, a nuestros queridos oligopolios domésticos,incluso entre empresas privadas hay empresas privadas y empresas privadas.