A lo largo de los últimos meses he formado parte de un grupo de trabajo organizado por el Círculo de Economía de Barcelona, sobre corrupción y calidad democrática. Con la colaboración de Víctor Lapuente, presentamos tanto al Círculo como a sus socios el documento para el debate. La misma semana, Transparency International – España hacía publico un conjunto de medidas para prevenir y combatir la corrupción, con el objetivo de que sean incluidas en los programas políticos de cara a las próximas elecciones generales.

Que estas organizaciones planteen propuestas concretas para luchar contra la corrupción no sólo evidencia la importancia del problema en España, sino es también indicador de cómo la sociedad civil busca dar respuesta a una situación donde la reacción de los partidos políticos ha sido, en cualquier caso, insuficiente.

Corrupción: un problema de altura

Intentar estimar la magnitud de la corrupción pública en España no es fácil. Al tratarse de un acto ilícito no es de esperar que aquellos que se puedan ver afectados por los escándalos tengan importantes incentivos a hacerlos públicos. Por otro lado, el trabajo realizado por algunos organismos, como las memorias de la Fiscalía General del Estado, nos aportan únicamente datos agregados sobre denuncias presentadas y actuaciones realizadas, que tampoco permiten analizar al detalle los casos considerados. A pesar de que se que las estadísticas oficiales parecen avanzar en la buena dirección, y con las Leyes de Transparencia se han realizado algunos avances al respecto, queda mucho por hacer en materia de información sobre casos de corrupción. No podemos olvidar que, sin un buen diagnóstico, de poco servirán los remedios que se propongan para curar la corrupción.

Como primera aproximación al problema de la corrupción en España podemos ver qué nos dice el índice de percepción de la corrupción (IPC) de Transparency International (TI).

Seguimos sin medir corrupción real, ya que el IPC se construye a partir de percepciones ciudadanas y opiniones de expertos sobre la corrupción en cada uno de los 175 países analizados. Sin embargo, vemos que, si bien en 2004 España se encontraba en la posición 22 en el ranquing, con una puntuación de 70 en el índice (donde 0 implica una alta percepción y 100 una baja percepción de corrupción), en 2014 nos situamos en la posición 37, con una puntuación de 60. Una década que ha significado para nuestro país una pérdida de 15 posiciones en el ranquing.

¿Significan estos altos niveles de percepción que la corrupción es un problema que afecta a la vida diaria de los españoles? Una posible respuesta la podemos encontrar en el informe anticorrupción presentado por la Comisión Europea el año pasado. En primer lugar, se confirma lo anterior. España es el segundo país, tras Italia, donde un mayor número de ciudadanos (el 95%, para ser exactos) consideran que la corrupción es un problema muy extendido en su país. Este es un porcentaje mucho mayor al de la media europea, que se sitúa en el 20%.

El informe de la Comisión no solo encuestaba a ciudadanos, sino también a empresarios. A éstos se les preguntaba sobre si consideraban que el clientelismo y el nepotismo son un problema serio a la hora de hacer negocios (el 46% consideran que sí), y si alguna alguien había esperado de ellos o sus empresas que pagasen un soborno (el 6% afirman que así ha sido). Estos resultados no distan mucho de la media europea, que se encuentra en el 41% y 5% respectivamente.

Sin embargo, uno de los datos más reveladores del informe es el que afirma que sólo a un 2% de los encuestados españoles han tenido que pagar un soborno por acceder a un servicio. Esto nos sitúa por debajo de la media europea, del 4%, y a niveles de los países nórdicos.

¿Qué escenario nos está mostrando esta fotografía? Sin duda, la de un país dual, donde las elevadas percepciones de corrupción no se trasladan al día a día de los ciudadanos. Los españoles no pagamos un “extra” a la policía, o por acceder a servicios públicos como la educación o la sanidad (lo conocido como “petty corruption”). Sin embargo, la existencia de grandes tramas de corrupción política, que han plagado las portadas de los principales medios, han conseguido hacernos ver estos últimos años a nuestras instituciones como un nido de corrupción.

Según el barómetro del CIS, a finales del 2014 el 60% de los ciudadanos consideraban la corrupción y el fraude como uno de los tres principales problemas del país. La corrupción era – y es – el gran problema para los españoles, tras el paro (y no olvidemos que la tasa de paro estaba en 2014 alrededor del 24%).

Nos encontramos en un país con una escasa presencia de corrupción “baja”, o corrupción administrativa, pero donde, por el contrario, se percibe una elevada corrupción “alta”, o corrupción política. Tenemos motivos para alegrarnos, por tanto, de que en España la relación entre la administración y los ciudadanos no esté afectada por un problema importante de corrupción. Al fin y al cabo, el fin último de un estado que funcione es proveer de forma eficiente los servicios que los ciudadanos consideren necesarios.

Sin embargo, no podemos olvidar que la ausencia de escándalos de corrupción es uno de los mejores indicadores de la (buena) calidad de un gobierno. No debemos, por tanto, pretender únicamente evitar los escándalos, sino utilizarlos como una señal de que el estado está fallando en su función. De esta forma las medidas y reformas que se lleven a acabo en materia de corrupción, a la vez que conseguirán una mejora de la gestión pública, disminuirán la sensación de que las reglas del juego no son iguales para todos. Hay que tener en cuenta que los costes asociados a la percepción social de que algunos afortunados pueden usar con total impunidad su posición y cargo público para obtener beneficios privados son muy elevados. En la medida en que afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus instituciones y a la credibilidad de los mecanismos de rendición de cuentas, la corrupción nos hace dudar de la equidad del sistema, llegando incluso a cuestionar su propia legitimidad. Este es posiblemente el mayor coste a largo plazo de la corrupción.