Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos (o SCOTUS, en la alegre jerga de Washington) no acostumbran a atraer los titulares de la prensa española. Esta semana, sin embargo, deberían; el tribunal está publicando las decisiones más relevantes del periodo de sesiones estos días, y algunas sentencias tienen efectos realmente enormes sobre la política del país.

Ayer el SCOTUS hizo pública su decisión sobre la Voting Rights Act (VRA), o ley de derecho a voto, una norma de mediados de los años sesenta que fue una de las puntos culminantes del movimiento de derechos civiles. La VRA nació con intención de hacer efectivas la 14º y 15º enmiendas de la constitución que otorgan poderes al Congreso para garantizar el derecho a voto. Gracias a los poderes y regulaciones derivados de esta ley, el gobierno federal pudo perseguir y romper las prácticas discriminatorias en los estados del sur del país contra minorías raciales.

La VRA establecía una serie de normas especiales para varios estados, ciudades y regiones cada vez que quisieran aprobar legislación electoral: el Departamento de Justicia a nivel federal debía revisarlas y pre-autorizarlas antes que pudieran entrar en vigor. Las zonas bajo pre-clearance (en la jerga de la ley) eran la mayoría de los viejos estados confederados (sorpresa), así como una variedad de condados y ciudades del resto del país con historial de discriminación. Varios municipios de Nueva Inglaterra, sin ir más lejos, estaban incluídos en la lista original de 1965.

La ley incluye además una cláusula de «buena conducta»: aquellas jurisdicciones que se portaran bien sin intentar aprobar legislación vagamente racistoide durante al menos diez años podía pedir salir de la lista de vigilados. Esto es lo que ha ido sucediendo en las ciudades de Nueva Inglaterra, según las obsesiones locales por limitar la representación de minorías se ha ido desvaneciendo.

Aunque la VRA tenía que ser renovada por el Congreso cada diez años (la última vez el 2006, con mayoría de 98-0 en el Senado), la ley tiene mala prensa en muchos círculos conservadores. Muchos republicanos en estados del sur la consideran una reliquia de tiempos pasados con una tutela injustificable de un gobierno federal opresor sobre sus derechos de autogobierno. Muchos políticos en los estados en la lista de «vigilados» llevan varios años aprobando legislación creativa exigiendo por ejemplo la necesidad de presentar un documento de identidad oficial para poder votar (recordad, en Estados Unidos no hay DNI), limitando las horas de votación, exigiendo documentación adicional para registrarse en el censo o prohibiendo el voto a gente con antecedentes penales, según ellos para combatir el «fraude electoral». Para el gobierno federal (y cualquier observador con algo de sentido histórico), sin embargo, estas medidas no son más que barreras de entrada para dificultar el acceso a las urnas que afectan de forma desproporcionada a minorías y gente de renta baja. O, dicho en otras palabras, a votantes demócratas.

Era cuestión de tiempo que una de estas leyes (concretamente una de Shelby County, Alabama) llegara al Tribunal Supremo, con el gobierno federal defendiendo su capacidad para revisar la normativa electoral, y un gobierno del sur quejándose que la VRA les discrimina al colocarles en el punto de mira del Departamento de Justicia por decreto. La sentencia, para horror de muchos, precisamente declara inconstitucional ese poder del gobierno federal para pre-autorizar regulaciones, rompiendo una de las bases del sistema electoral americano de los últimos cincuenta años. El motivo, según la sentencia, es que la fórmula empleada en la VRA está obsoleta, ya que responde a la situación del país en 1965, no en la actualidad. Si el Congreso quiere que la VRA sigue en vigor, debe actualizar los criterios que autorizan la pre-vigilancia.

Dejando de lado el absurdo de esta argumentación (el Congreso, insisto, renovó la VRA hace siete años, la enmienda da poderes muy claros al Congreso de ejercer tutela como le place, le guste o no la fórmula al SCOTUS, y si un estado ha demostrado dejar de lado sus aficiones racistas puede librarse de la tutela sin problema), la reacción de la clase política americana no se ha hecho esperar: Texas y Carolina del Norte ya han anunciado que intentarán aprobar leyes tan alegremente restrictivas como sea humanamente posible, demostrando que algunos siguen siendo tan cretinos como siempre. El partido republicano se ha pasado los dos últimos años intentando aprobar leyes de este estilo en los legislativos de todo el país en un plan nada disimulado para limitar el voto de las minorías y aumentar sus expectativas electorales (y no, no es broma. Lo dicen en voz alta a menudo); el Supremo básicamente les ha dado barra libre para hacerlo con aún más entusiasmo en medio país. Es una sentencia atroz, con todas las letras; al GOP le han dado un buen regalo.

Hay, sin embargo, dos consecuencias indirectas que pueden hacer que la sentencia sea menos dañina de lo que parece. Primero, hay varios observadores que señalan que la extraordinariamente alta participación de minorías en las presidenciales del 2012 (que, recuerdo, votaron abrumadoramente demócrata) fue fruto en parte del entusiasta, desalmado trolleo de los republicansos en los meses antes de las elecciones intentando aprobar toda clase de restricciones electorales absurdas y/o racistas. Del mismo modo que la actitud del GOP con la inmigración ha hecho más que nada en este mundo para hacer los latinos un bloque demócrata (aunque todo hay que decirlo, son bastante progres de por sí), la obsesión con limitar el acceso a las urnas está aumentando la participación de las minorías sólo a base de cabrear al personal. La verdad, este efecto creo que existió en las presidenciales, pero dudo mucho que se repita en elecciones de segundo orden como las mid-terms del 2014, pero ya veremos.

El segundo punto de interés creo que es algo menos relevante: el potencial problema de los republicanos en el Congreso. La mayoría conservadora en la Cámara de Representantes anda estos días intentando decidir cómo afrontan la reforma migratoria que van a recibir desde el Senado. Las bases del GOP odian, odian, odian la idea de legalizar inmigrantes, los líderes del partido temen que oponerse les lleve al suicidio con el voto latino (la opinión pública americana, por cierto, es pro-legalización). El Supremo ha pedido al Congreso que actualice la fórmula de la VRA, algo que algunos demócratas en el Senado quieren aprobar de inmediato. Si los demócratas fueran capaces de mover un revisión de la VRA y enviarla a la cámara baja, Boehner y sus muchachos estarán entre la masa enfurecida de sus bases y el potencial suicidio electoral con latinos, asiáticos y demás por los siglos de los siglos si se oponen a la ley. El problema, en este caso, es la eterna incompetencia del partido demócrata, habitualmente incapaz de hacer esta clase de maniobras maquiavélicas. Pero todo se andara.

Lo cierto es que el «reloj» demográfico del país apunta claramente en dirección demócrata, mientras que la sentencia del SCOTUS crea una tentación formidable para muchos políticos republicanos de combatir esta realidad con mala legislación que puede acelerar aún más el proceso. De momento el GOP parece estar más por la labor de legislar contra las minorías que de intentar cambiar su discurso.