Este artículo es una colaboración de Alejandro Guerrero (Oficina de Evaluación del BID) y Octavio Medina (A Little Improbable y BID). 

Las nacionalizaciones de YPF en Argentina y parte de Red Eléctrica en Bolivia han producido una avalancha de noticias y análisis sobre las consecuencias que podrían acarrear. En esta entrada pretendemos contribuir a responder dos preguntas: La primera es  el efecto de las expropiaciones y ausencia de derechos de propiedad sobre la economía de un país y la segunda, si las empresas nacionalizadas pueden estar bien gestionadas.

1. ¿Cuán determinantes son los derechos de propiedad?

Una vez se ha nacionalizado una empresa o sector, ¿qué le ocurre a la economía del país? La empresa expropiada generalmente se apresura a decir que la nacionalización tendrá un efecto pernicioso sobre la inversión en el país. La idea es que los inversores, especialmente los extranjeros, se lo pensarán dos veces antes de invertir, ya que en su cálculo cualquier beneficio viene descontado por la probabilidad de perderlo todo si el gobierno de turno decide nacionalizar.

Pero, ¿qué datos hay al respecto? El estudio de los derechos de propiedad se he vuelto muy popular en los últimos años. La evidencia a nivel macro es bastante convincente: Los países que tienen instituciones que protegen los derechos de propiedad reciben más inversión y tienden a crecer más que aquellos donde ese derecho no está reconocido, sea de jure o de facto. Es más, los efectos pueden durar generaciones. Sin ir más lejos, en uno de sus trabajos más conocidos, Acemoglu, Johnson y Robinson sugieren que la clase de instituciones que crearon las potencias europeas durante la etapa colonial determinan en gran parte el PIB per cápita a día de hoy.

No obstante nos faltan estudios a nivel micro. Es decir, sabemos bastante de lo que pasa con la inversión a nivel agregado pero poco de las decisiones que toman las empresas. En uno de sus papers, Johnson y compañía se lanzan a corregir esto.  Para ello estudian las decisiones de una muestra bastante amplia de empresas, todas ellas de Europa del Este. Los resultados no son sorprendentes: Los empresarios que se sentían menos seguros reinvirtieron un tercio de sus beneficios. Los que se sentían más seguros reinvirtieron un 56%, casi veinticinco puntos más.

Lo paradójico es que, dados estos resultados, si Fernández de Kirchner quería que Repsol invirtiera más (dejando de lado la cuestión de si el argumento es cierto o no), la respuesta más adecuada habría sido el garantizar su seguridad jurídica. Cada advertencia del gobierno sugiere un aumento de la probabilidad de expropiación, lo cual a su vez incentiva a la compañía a minimizar aún más la cantidad de dinero que podría perder, y así hasta que la profecía se cumple y se produce la expropiación.

El artículo también encuentra un resultado curioso y nada halagüeño para Argentina. A menudo se dice que las nacionalizaciones dan igual porque el país está en pleno boom y hay dinero por todas partes. Pues bien, los autores encuentran que el acceso al crédito no es el impedimento clave para la inversión de las empresas. En cambio, el derecho de propiedad sí. Por mucho que haya crédito por todas partes, si no hay seguridad jurídica, no hay inversión. El mejor préstamo del mundo no va a convencer a un empresario o inversor si no tiene garantías de que no lo va a perder todo.

2. Y luego, ¿qué?

La segunda pregunta interesante de esta historia de expropiaciones y renacionalizaciones en América Latina, es que lo que usualmente sucede el día después de la expropiación. ¿Se hacen esas empresas ingestionables? ¿Empeora la calidad de los servicios prestados?

Desde el lado ortodoxo, se repite el mantra de que los políticos son malos propietarios, y los funcionarios malos gestores de empresas públicas. La tentación de utilizar las empresas públicas para obtener votos (sea mediante el reparto de trabajos públicos a votantes, sea mediante el mantenimiento de precios artificialmente bajos para los grupos de apoyo electoral) terminará haciéndola ineficiente e insostenible financieramente, se nos dice.

Empresas tanto públicas como privadas se enfrentan al reto de encontrar el punto óptimo de inversión, contratar y retener al personal más capacitado, e innovar constantemente en la prestación de servicios. En el caso de las empresas públicas, además, el reto adicional es tener que combinar la sostenibilidad financiera de la empresa (léase beneficios) y la persecución del interés general.

En la segunda parte de este análisis abordaremos, pues, la cuestión de la calidad y la eficiencia en la gestión de estas empresas.