El suicidio, particularmente trágico, del anciano griego Dimitris Christoulas frente al Parlamento de su país que tuvo lugar el miércoles ha puesto en primera plana de los medios y de los debates en las redes sociales un asunto que siempre ronda la periferia de las discusiones en torno a la crisis. Como cabía esperar, muchos han utilizado políticamente este hecho, bajo el razonamiento de que la falta de solución a la crisis, particularmente por el aumento vertiginoso del paro, combinada con los recortes sociales llevan inevitablemente a situaciones como la vivida esta semana. Más allá de las formas, cabe preguntarse qué hay de cierto en esta intuición, partiendo de la base de que “el plural de anécdota no son datos”.

Los estudios epidemiológicos nos dicen que las personas en situación de paro tienen un mayor riesgo de suicidio. Mucho mayor, de hecho: entre dos y tres veces frente a los no desempleados. Esta cifra, eso sí, se reduce al controlar por otras causas que pueden estar afectando tanto al suicidio como al desempleo, como puede ser la presencia de enfermedades mentales, pero sigue siendo estadísticamente significativa. Este estudio sobre la crisis asiática de los noventa se atreve a cifrar la cantidad de suicidios ‘sumados’ por la misma en unos 10.000. Ni siquiera hace falta perder el trabajo, y que el mero estrés generado por el riesgo de que esto suceda es suficiente para incrementar la probabilidad de sufrir una enfermedad mental en más o menos un 30%. Y aparentemente, estas cifras eran considerablemente mayores antes de que existiese un sistema de bienestar público. De hecho, parece que los recortes son susceptibles de aumentar las tasas de suicidio al hacerse más débiles las redes de seguridad para aquellas personas que están en riesgo de exclusión económica y social.

En España no parece observarse, por el momento, ninguno de estos efectos. De hecho, la tasa de suicidios está en su nivel más bajo de los últimos 25 años:

En todo caso, es posible (aunque bastante improbable) que estas cifras absolutas escondan una redistribución de las causas de suicidio. Lamentablemente, no hay (yo no he encontrado) un análisis a este nivel. A modo de probatina, he utilizado las provincias como unidad de análisis para comprobar si existía algún tipo de correlación significativa entre nivel de paro y tasa de suicidios, y los resultados han sido rotundamente negativos: simplemente, no aparece relación y el modelo carece de sentido teórico.

Sin embargo, habida cuenta de los estudios citados en el segundo párrafo, no está de más prestar atención a la evolución de los acontecimientos. Al fin y al cabo, pese a que en 2010 ya existía un nivel muy alto de paro, ha sido en 2011 cuando, por extinción de subsidios o por recortes con el nuevo Gobierno, las redes de seguridad para los más vulnerables han comenzado a tembar.

En resumen: la literatura médica sí apunta a una relación entre crisis económica y tasas de suicidio, pero en España no hay nada que nos haga sospechar, aparentemente, de que tal problema se esté dando.