Desde hace años, los sindicatos en Connecticut intentan sacar adelante una ley que parece, a simple vista, casi completamente irrelevante. El legislador que presenta el texto desde hace años es el mismo, Martin M. Looney, el líder de la mayoría demócrata en el senado. Es desde hace tiempo una de sus prioridades, pero siempre, siempre, siempre acaba siendo derrotada.
La ley es lo que se conoce como una ley de audiencias cautivas, o “captive audience bill”, y prohíbe que una empresa pueda despedir o castigar a uno de sus empleados si este rechaza acudir a una reunión que tenga como contenido principal la opinión de la empresa sobre temas religiosos o políticos.
Os preguntaréis, supongo, por qué los empresarios del estado de Connecticut dedican cantidades ingentes de dinero y una pequeña horda de lobistas para derrotar esta ley. El motivo es muy simple: el miedo a los sindicatos.
La estrategia habitual cuando un empresario sospecha que alguien en su plantilla está intentando sindicarse es, casi siempre, buscar una excusa para despedirle. Hacer eso, por supuesto, no es del todo legal, así que para conseguirlo a menudo tienen que recurrir a cambiarle los turnos de trabajo al azar, pedirle que haga horas extrañísimas o hacerle la vida imposible. Si eso falla, sea porque el tipo no se deja despedir, sea porque hay demasiado trabajadores en plantilla con veleidades comunistoides, sea porque los tipos que están armando bulla e intentando convencerles son activistas de fuera de la empresa, es cuando recurren a campañas más abiertas.
Para formar un sindicato en Estados Unidos es necesario cumplir con dos requisitos. Primero, un treinta por ciento de la plantilla debe firmar una tarjeta o carta diciendo que quiere sindicarse. Si eso sucede, la National Labor Relations Board, la agencia federal que se ocupa de temas sindicales, convocará una votación. Si más de la mitad de la plantilla vota a favor, se constituirá un sindicato que podrá negociar un contrato (convenio) de empresa en nombre de los trabajadores.
Durante este proceso, los empresarios en Estados Unidos convocan reuniones. Muchas, muchas reuniones. En ellas, les explican a sus trabajadores todas las maldades y terribles problemas que trae tener un sindicato en la empresa. Les cuentan cómo tendrán que pagar una cuota mensual, o no podrán tener conversaciones amigables y directas con sus supervisores, o no podrán pedir un pequeño cambio de horario, o una subida de sueldo, o nada por el estilo sin permiso del sindicato. Les contarán sobre cómo las empresas con sindicatos se hunden, y que ellos ya tienen todo lo que les pueden ofrecer. Les hablarán de corrupción sindical, de cómo el dinero de sus cuotas irá a parar a campañas políticas sobre temas que no les importan o el sueldo de jefazos sindicales sin escrúpulos. Les enseñarán gráficos, estudios, videos con historias de terror. Y lo harán repetidamente, una y otra vez, cada vez que puedan.
Hay toda una industria de consultores y abogados que se ganan la vida única y exclusivamente ayudando a empresas a montar esta clase de campañas. El capitalismo americano dedica montañas de dinero cada año a convencer a sus trabajadores que la negociación colectiva es algo indeseable. Y si convencer no es suficiente, esas mismas empresas y consultores se saltarán alegremente la ley, despidiendo trabajadores, saboteando el proceso electoral y actuando de la forma más cómicamente malvada posible para bloquearla. Un 41,5% de las empresas que celebraron elecciones sindicales fueron acusadas de violar la ley.
Los republicanos, por supuesto, llevan décadas trabajando activamente para debilitar la NLRB tanto como sea posible, así que las multas y castigos son tan irrisorios que les da exactamente igual.
La legislación contra “audiencias cautivas” intenta limitar la capacidad de los empresarios para organizar estas furibundas campañas antisindicales. De ser aprobada, si tu jefe decide convocar una reunión para dar un sermón a la plantilla sobre los peligros del comunismo y la verdadera historia de Jimmy Hoffa, los empleados pueden coger y marcharse. Esto, por supuesto, no elimina por completo la asimetría entre sindicalistas y empresarios a la hora de hacer campaña antes de la votación, pero sí reduce la capacidad de los patronos para bombardear con propaganda a sus obreros intentando hacerles ver la luz sobre lo malo que es tener derechos laborales.
Eso sería así si la ley fuera aprobada, en teoría, porque nadie duda que Amazon, Walmart, o cualquier mega- empresa similar con activistas sindicales estaría en los tribunales diez minutos después de que la firmara el gobernador. Argumentarían, para empezar, de que una ley sobre captive audience de Connecticut contradice la legislación federal vigente, laFederal National Labor Relations Act (NLRA) de 1935 (y actualizada en 1947, debilitándola de forma considerable). Dada la primacía de la legislación federal, sería inválida. De fracasar este argumento, aducirían que la ley vulnera la primera enmienda de la constitución, ya que limita de forma intolerable la libertad de expresión de los empresarios.
La batalla judicial sería larga, dura, e inmensamente cara. Amazon tiene recursos poco menos que infinitos para pagar abogados, así que buscarían a jueces favorables siempre que pudieran, intentarían bloquear su entrada en vigor, recurrirían todo lo que recurrible, y si hay que llegar al tribunal supremo de los Estados Unidos se llega y punto, que por algo el movimiento conservador americano se ha tirado décadas y gastado una fortuna para llenarlo de magistrados reaccionarios. El fiscal general de Connecticut (que es el cargo electo al que le toca defender las leyes estatales en estos casos) tendría una batalla durísima en sus manos… y que seguramente acabarían perdiendo.
Porque los jueces, en Estados Unidos, están muy, muy politizados. Sorpresa.
Es posible, sin embargo, que la ley no sea necesaria. Jennifer Abruzo, la abogada en jefe de la NLRB, anunció ayer por sorpresa que va a proponer al consejo de la agencia un cambio de interpretación de la NLRA. Según la opinión de la letrada, la NLRB se equivocó cuando decidió, durante la administración Nixon, que los empresarios podían obligar a sus trabajadores a ir a reuniones de carácter político o religioso. Esto de poder coaccionar a tus obreros es algo que contradice el resto del texto, y por tanto no es lo que les encargó el congreso al aprobar la ley en 1935.
Esto, no hace falta decirlo, es una pequeña (gran) revolución en las relaciones laborales en Estados Unidos. Lo es, primero, por todos los motivos expuestos arriba sobre la facilidad para organizar sindicatos. Segundo, y más importante, porque es una señal de que la NLRB, que era una agencia más preocupada por hacer la vida fácil a las empresas que proteger a sus empleados desde la era Nixon, parece estar despertándose de su letargo. Joe Biden prometió durante su campaña que iba a nombrar a gente pro- trabajador para estos cargos, y Abruzzo, que fue confirmada en el senado 50-50 con la vicepresidenta rompiendo el empate, era alguien que había levantado muchísimas expectativas en el movimiento sindical. Y las ha cumplido.
Pero claro, tenemos un problema: abogados. Porque Dios sabe que Amazon, Walmart, Starbucks, o cualquier malvado de historieta que os podáis imaginar van a llevar a los tribunales este cambio de opinión, argumentando primero que no, la interpretación de la era Nixon era la correcta, y que, si no lo era, mi primera enmienda, libertad de empresa, etcétera, etcétera. Buscarán a jueces amigos (casi, casi seguro será este tipo en Texas) que suspendan su entrada en vigor (que será recurrido y revertido), litigarán todo, y así hasta llegar al supremo. Y allí veremos si todo ese dinero para nombrar jueces conservadores ha servido de algo, obviamente.
El temor, en círculos sindicales (justo hoy hablaba con los lobistas que llevan la ley de Connecticut en una reunión) es que se gane captive audience ahora, pero que el supremo decida que la NLRA es inconstitucional y acabemos aún peor que ahora.
Ah, la belleza de las instituciones contramayoritarias.