Internacional

Vacunas y regulación

14 Ene, 2022 - - @egocrata

Que Estados Unidos ha respondido mal a la pandemia es una verdad incuestionable. La combinación entre un sistema político fragmentado, una cantidad deprimente de pifias inexplicables de las agencias de salud pública (tanto la CDC como la FDA) y la oposición del partido republicano a cualquier medida que pudiera ayudar a limitar contagios han dejado el país con más de 845.000 muertes. Si a eso le sumamos una tasa de vacunación lamentable (72% entre mayores de 12 años, 63% de la población), la combinación ha sido letal.

La administración Biden, a mediados del año pasado, decidió que era hora de revertir el lento ritmo de vacunaciones del país adoptando una medida que había sido implementada por varias empresas privadas. La agencia federal que se encarga de seguridad laboral (OSHA, Occupational Safety and Health Administration, creada por cierto por Richard Nixon) aprobó un reglamento que exigía que, a partir de enero del 2022, los trabajadores de cualquier empresa con más de cien empleados o bien debían estar vacunados contra el coronavirus o hacerse una prueba y que saliera negativa cada semana. De forma paralela, el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por Health and Human Services) estableció que cualquier clínica, hospital, o centro de salud que recibiera fondos federales debía tener a todos sus trabajadores vacunados.

Ambos reglamentos incluían excepciones para objeciones religiosas y trabajadores que no pudieran vacunarse por motivos de salud. Ambos estaban respaldados por la experiencia de varias compañías en el sector privado (empezando por United Airlines, si no estoy equivocado, y varios hospitales), que habían establecido normas similares con muy buenos resultados, La jurisprudencia parecía, además, favorecer tanto a OSHA como a HHS; la legislación que les daba autoridad sugería que podían regular actividades de empresas y cómo controlaban riesgos de sus trabajadores y empleados.

Litigando, como es tradición

Como era de esperar en este bendito país, la medida acabó en los tribunales, con resultados previsibles. Los denunciantes hicieron eso tan tradicional en Estados Unidos de buscar la jurisdicción federal con los jueces que les fueran más favorables posibles (casi siempre el quinto circuito, que cubre Texas, Luisiana y Mississippi y está lleno de jueces nombrados por Trump) y otro distrito más razonable, conseguir que dos tribunales dieran sentencias contradictorias. En ambos casos, algunos jueces decidieron suspender de forma cautelar la medida y otros la dejaron en vigor mientras estudiaban el caso, permitiendo llevar recursos hasta el supremo con bastante celeridad.

Exterior, tribunal supremo de EUA
Foto: Phil Roeder

Supongo que recordaréis que el supremo, gracias al alegre cinismo de Mitch McConnell, tiene seis jueces nombrados por presidentes republicanos (tres de ellos por Trump) y tres por presidentes demócratas. Podéis imaginar el resultado.

El supremo no decidió sobre el fondo del asunto; sólo se pronunció sobre la suspensión temporal de ambas regulaciones. En el caso de OSHA, regulando a las empresas de más de 100 empleados (que cubren unos dos tercios de la mano de obra del país), el supremo decidió 6-3 bloquear la medida cautelarmente. En el caso de HHS, en un voto 5-4, dejó que esta entrara en vigor.

Ambos casos volvieron a los tribunales inferiores que ahora decidirán sobre el fondo del asunto, pero a efectos prácticos, el resultado final de ambos casos está bastante claro. Una mayoría clara del supremo cree que el reglamento de OSHA es inconstitucional, y una mayoría raspada cree que dejar que las enfermeras del hospital vayan por el mundo infectando a gente de la peste es mala idea.

Lo que es interesante, más allá de los dos reglamentos, es el impacto que una sentencia firme del supremo, cuando dicten sentencia en firme, puede tener en sistema regulatorio americano, y su impacto más allá de casos de salud pública.

La nondelegation doctrine

Hablemos, entonces, de una de las teorías favoritas del movimiento judicial conservador americano, la nondelegation doctrineo doctrina de no-delegación. Es decir, es hora de hablar de mis piruetas intelectuales favoritas, la jurisprudencia constitucional americana.

Tradicionalmente (desde finales de XIX) el Congreso de los Estados Unidos ha decidido, de manera ocasional, delegar parte de su autoridad regulatoria a agencias independientes que son formalmente parte del poder ejecutivo. Los legisladores, por ejemplo, dieron la autoridad al presidente de decidir los aranceles para importaciones o redactar reglamentos sobre calidad del agua, seguridad alimentaria, o seguridad laboral. La idea, respetada y confirmada por los tribunales y la jurisprudencia, es que, aunque la constitución (Art.1, Sec.1) da al congreso “todos los poderes para legislar”, este tiene un poder implícito para delegar parte de su autoridad a terceros de forma limitada.

Esta lógica, si sois un poco avispados, os recordará a los derechos de penumbra, o derechos implícitos en el Bill of Rights, que permitieron al supremo establecer la existencia de un derecho a la privacidad en la constitución, pero aplicada a la relación entre poderes constitucionales. Es un argumento lógico (si el congreso es todopoderoso ese poder debe incluir ceder el poder a alguien, y poder revocarlo cuando quieran), pero no es algo que está recogido de forma explícita en el texto constitucional, en parte porque en 1789 los padres fundadores no tenían ni puñetera idea sobre cómo iba a funcionar el invento que estaban creando.

Para un sector considerable del movimiento conservador americano, sin embargo, esta idea de que el congreso puede prestar su autoridad al ejecutivo les parece una aberración. Una lectura literal del texto constitucional y de los debates originarios del documento dejan claro que sus redactores nunca tuvieron en cuenta la posibilidad de que el congreso se dedicara a crear burocracias regulatorias fuera del control directo de las urnas. La idea de que el legislativo puede permitir que OSHA vaya por el mundo decidiendo si uno debe vacunarse o no es aberrante; sólo el congreso puede redactar leyes. No puede delegar su autoridad.

Volando el sistema legal

Como todas las teorías salías de la judicatura conservadora es una argumentación elegante, pero tiene unas consecuencias políticas y legislativas extraordinarias. Una implementación radical de la nondelegation doctrine haría que cosas como la agencia de protección ambiental, la administración de seguridad aérea, las agencias que regulan medicamentos, sustancias químicas, internet o el mercado de valores no tuvieran autoridad alguna para regular nada de forma independiente. El congreso no podría escribir una ley que encargue a la EPA redactar reglamentos para mejorar la calidad del aire, sino que debería escribir, de forma detallada, qué clase de catalizadores, filtros y emisiones la industria estadounidense debe utilizar e implementar.

Esto es algo, por supuesto, que el congreso de los Estados Unidos es totalmente incapaz de llevar a cabo incluso en un buen día por falta de medios, y que nunca podrían llevar a la práctica incluso si los tuvieran, ya que el senado es una institución completamente inoperante. El gobierno federal no podría regular nada en absoluto de forma efectiva, dejando la economía entera o bien sin regulación o sujeta a un galimatías absoluto de leyes estatales.

El supremo, ayer, no se pronunció a favor de esta clase de ideas explícitamente, pero la votación dejó bastante claro que hay seis jueces que creen que las agencias regulatorias federales tienen demasiado poder. También está claro que al menos varios de estos jueces tienen cierta afinidad por la nondelegation doctrine, y que parecen estar dispuestos a sacar el hacha cuando les vengan casos de cierta magnitud. Empezando por vacunaciones, y acabando por vetar que la EPA, por ejemplo, haga nada por combatir el cambio climático.

Lo desesperante, por supuesto, es que la doctrina no deja de ser una excusa. Lo que veremos será que los jueces conservadores del supremo las tomarán con regulaciones que no gusten a los republicanos, encontrando algún razonamiento legal para establecer que esa medida en particular no era delegable, pero se inhibirán en aquellas normas que a los republicanos les parecen bien. Es decir, verán lo de los gases de efecto invernadero como una intolerable extralimitación de funciones, pero las decisiones del departamento de interior de permitir más pozos de petróleo en todas partes como algo del todo constitucional.

Lo que está por venir

Este año el supremo va a dictar sentencia precisamente sobre un caso sobre emisiones en centrales eléctricas y cambio climático, y todo el ecologismo en Estados Unidos está aterrado ante lo que puede acabar sucediendo.

La resolución sobre las vacunas, por cierto, es importante desde un punto de vista de salud pública, sin duda. El argumento de la mayoría conservadora de que dado de que uno puede pillar COVID tanto en el trabajo como en el cine o la cena de acción de gracias, eso deja claro de que OSHA se está extralimitando y regulando cosas fuera del trabajo es un tanto absurdo. Pero, ante todo, estamos ante una señal de que el movimiento conservador americano, desde el supremo, puede estar a punto de demoler la estructura regulatoria de Estados Unidos.

Después de que si jueces activistas y no sé qué historias.

Bolas extra


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