Esta es una gráfica a la que nunca se le presta suficiente atención: el porcentaje de trabajadores en la empresa privada en Estados Unidos que pertenecen a un sindicato.

La evolución del sindicalismo y del movimiento obrero en Estados Unidos es una de esas historias nacidas en parte fruto del azar que tienen un impacto descomunal sobre la estructura económica del país durante los últimos 80 años. Veamos por qué.

La era Wagner

En este gráfico tenemos tres épocas distintas, cada una marcada por un cambio legal. La primera, de 1935 a 1947, son los años de la National Labor Relations Act de 1935 (la ley Wagner), una de las piezas clave del New Deal. La NLRA fue diseñada explícitamente para facilitar y favorecer la creación de sindicatos, buscando igualar el poder de negociación entre trabajadores y empresas. La ley creó un mecanismo legal para permitir fundar sindicatos, y una agencia federal, la National Labor Relations Board, dedicada a supervisar el proceso.

La ley hizo oficial el principio rector básico de las relaciones entre las union y empresas, el contrato, el producto final de una negociación entre los dos agentes que produce un documento con valor legal pleno. También formalizó algo que sería un componente constante en el movimiento obrero americano, y que se convertiría en su talón de Aquiles: los contratos son de empresa o cubren a una determinada categoría profesional dentro de una empresa. No son sectoriales.

Durante los años de vigencia de la legislación, sin embargo, ese detalle no tuvo demasiada importancia. La descomunal movilización de la segunda guerra mundial dio a los trabajadores un poder de negociación tremendo. Eso, combinado con una administración que se situaba netamente en el lado de los empleados, contribuyó a una expansión descomunal del sindicalismo en el país.

En 1945 y 1946, eso provocó también una gran oleada de huelgas y conflictividad laboral. Cuando los republicanos recuperaron el congreso en 1946 decidieron que las cosas se estaban saliendo de madre y el comunismo ya era inminente, así que sacaron adelante la Taft-Harley Act para pinchar ese globo.

Taft-Harley: luchando contra comunistas

Taft-Harley es una de esas leyes que son en apariencia no demasiado agresivas, pero que su implementación y desarrollo legal acaban por hacerlas cruciales. En principio, lo único que hace TH es prohibir varias “prácticas sindicales injustas” como huelgas solidarias, huelgas salvajes (wildcat strikes, una de mis expresiones favoritas) y piquetes masivos. También prohibió las llamadas closed shops, contratos sindicales que hacían obligatorio sindicarse para poder trabajar en una empresa.

Los dos cambios más significativos, sin embargo, fueron más sutiles: prohibir donaciones políticas directas a campañas federales y permitir que los estados aprueben leyes de “derecho al trabajo” (right to work). La primera parte es significativa ya que elimina la posibilidad de que los sindicatos se coordinaran con candidatos en algo parecido a un partido laborista. Aunque siguieron (y siguen) interviniendo en política, tienen que hacerlo con comités independientes de acción política, no apoyando a candidatos oficialmente.

La segunda parte se centra en un detalle importante. Hasta 1947, los sindicatos podían negociar contratos que incluían una cláusula que hacía que todos los empleados incluidos en el contrato pagaran obligatoriamente una cuota sindical, no importaba si estuvieran afiliados o no. Taft-Harley permite que los estados prohíban esta clase de cláusulas, en la práctica permitiendo que los empleados puedan escoger no pagar, pero seguir recibiendo los beneficios de la negociación colectiva. Esto crea situaciones donde un sindicato en teoría puede intentar representar a los trabajadores, pero no tiene fondos para cubrir los costes de una negociación que los empresarios inevitablemente intentan sea tan cara como sea posible, debilitando su poder negociador.

Las leyes de right to work no tardaron en extenderse, especialmente en los estados del sur. La idea de que trabajadores blancos y negros pudieran compartir sindicato era algo que les pareció tan reprobable a muchos como para preferir matar el sindicalismo antes de mezclar razas.

El impacto de Taft-Harley, sin embargo, no fue inmediato. Durante los años cincuenta, el zénit del poder imperial americano, la tasa de desempleo era tan minúscula que los trabajadores seguían teniendo un poder de negociación considerable. En un mundo donde el poderío industrial de Estados Unidos era incuestionado e incuestionable, las empresas se podían permitir ser paternalistas. Los reguladores, además, eran aún newdealers de corazón, así la NLRB siguió sin ser demasiado hostil. Hubo cierta caída de afiliación, sobre todo en el sur, pero el poder del movimiento sindical se mantuvo.

Nixon, otra vez

El cambio vino, como en tantas otras cosas, debido a un viejo conocido: Richard Milhous Nixon. La crisis del petróleo rompió la racha ininterrumpida de décadas de pleno empleo en Estados Unidos, justo cuando la industria nacional empezaba a tener que competir con alemanes y japoneses. Debido al accidente histórico del seguro médico de empresa del que hemos hablado alguna vez, los costes laborales por trabajador, especialmente en empresas con sindicatos fuertes, eran más elevados que en países con estados de bienestar socializados. El activismo social de los sesenta, además, estaba haciendo a los sindicatos más combativos, expandiendo sus bases para incluir mujeres, latinos y negros.

Nixon no cambió ni una coma de Taft-Harley. Lo que hizo fue nombrar a cinco reaccionarios a la NLRB, y permitió que las empresas actuaran de forma mucho más agresiva contra cualquier intento de formar un sindicato.

A modo de ejemplo, una de las provisiones de TH permite a los empresarios montar campañas de propaganda anti- sindical cuando alguien está intentando organizar uno en la empresa. En las semanas previas a una votación para sindicarse, un empresario puede obligar a los trabajadores a asistir a “reuniones informativas” sobre los horrores del sindicalismo y cómo si votan mal quizás tengan que cerrar la fábrica y largarse a China. Cambios en la jurisprudencia eliminaron de facto el método tradicional de recogida de firmas (card check) para sindicarse, obligando a celebrar votaciones con urnas, donde el empresario puede apretar mucho más.

De forma más significativa, el gobierno federal simplemente dejó de sancionar a las empresas que vulneraban derechos sindicales. En teoría es completamente ilegal despedir a un trabajador que está intentando montar un sindicato, y regula qué clase de “educación antisindical” pueden ofrecer. En la práctica, el gobierno federal pasaba de todo, y cuando actuaba, las penalizaciones por violar esos derechos eran y son irrisorias. La NLRA era, de origen, una agencia que debía defender los derechos de los trabajadores en disputas laborales, así que cuando una empresa hacía alguna barbaridad, era la NLRA quien representaba al trabajador. Nixon primero, y Reagan después, simplemente atrofiaron la agencia hasta hacerla inoperante.

Las empresas no tardaron en tomar nota de estos cambios. Como señala este estupendo artículo de EPI de donde he sacado gran parte de lo que estáis leyendo, en Estados Unidos hay una industria de consultores, abogados, y MBAs que se ganan la vida ayudando a compañías a ahogar cualquier intentona de sindicalización. Son gente que conoce las tácticas, estrategias, y límites legales en detalle, y que los aplican con energía. Si queréis verlos en acción, el fantástico documental American Factory (Netflix) tiene un ejemplo perfecto de una de estas batallas legales.

Azar y desigualdad

Aquí estamos hoy entonces, en un país donde los trabajadores en el sector privado tienen entre poca y nula capacidad de negociar nada con las empresas en pie de igualdad. Sabemos (porque hay decenas de estudios que así lo demuestran) que la caída de la representación sindical es una de las grandes causas detrás del brutal aumento de las desigualdades en Estados Unidos. Ese cambio regulatorio de la era Nixon y su continuación bajo Reagan fue prácticamente invisible, y no requirió ley alguna en el congreso. Sus efectos, sin embargo, han sido descomunales.

Vale la pena recalcar, como nota final, lo accidental de que esta haya sido la evolución del movimiento sindical americano. La tradición europea de negociación y convenios sectoriales no existe en Estados Unidos no por una decisión política, sino por una decisión judicial. La National Industrial Recovery Act de 1933, la antecesora de la NLRA, incluía algo parecido a esa estructura, pero el supremo la declaró inconstitucional en 1935 y Roosevelt cambió de rumbo.

Una parte importante de las enormes desigualdades económicas en Estados Unidos, por tanto, son el resultado de una sentencia judicial sobre una materia adyacente a la representación sindical y cinco reguladores nombrados por Richard Nixon. Para que después digan que la política no importa.

Bolas extra:

• Trump estos días anda delirando sobre conspiraciones electorales con algo que sólo puede describirse como una panda de frikis.
• Estos días el presidente tiene otro gran enemigo en Mitch McConnell, que ha cometido el pecado de decir que Biden ha ganado las elecciones.
• Texas, bodas, y por qué el coronavirus aquí no hay quien lo controle.
• Para otro día, la curiosa y desesperante historia de los sindicatos en la función pública en Estados Unidos.
• Y sí, este boletín tiene más apariciones de Richard Nixon de lo que debería ser moralmente aceptable.