El periodo de sesiones de la Asamblea General de Connecticut este año estaba previsto que fuera del 5 de febrero hasta el 6 de mayo. Durante estos cuatro meses, los legisladores debían aprobar leyes, revisar presupuestos y nombrar jueces, en un sprint parlamentario donde todo el mundo tiene muchas ideas y nadie tiene tiempo suficiente para nada.
Connecticut es uno de los 40 estados que tienen un legislatura a tiempo parcial. En todo el país hay sólo diez estados que tienen legislativos con representantes y senadores que se reúnen durante todo el año; el resto tiene períodos de sesiones cortos, políticos que tienen que buscarse la vida el resto del año y sueldos entre bajos y misérrimos. Connecticut es, dentro de lo que cabe, uno de los estados con un periodo de sesiones más largo (cinco meses en años impares, cuando se elabora el presupuesto bianual, cuatro meses en años pares, cuando hay elecciones). En Texas se reúnen sólo en años impares durante 140 días; Algunos estados (Wyoming) sólo tienen 20 días para legislar en años con sesiones cortas, y 40 días en sesiones largas.
Todo esto viene porque hace un par de semanas, con el periodo de sesiones a medio hacer, la asamblea general de Connecticut decidió suspender su actividad de forma indefinida. En mi trabajo de “civil” me dedico, entre otras cosas, a llevar el departamento de comunicaciones de una ONG* que intenta sacar adelante legislación en el estado, y todo nuestro trabajo para este año se ha ido al garete.
Cada periodo de sesiones tenemos una lista de prioridades. En la lista hay leyes que sabemos que no van a llegar a ninguna parte este año, pero que estamos apoyando para empezar a darlas a conocer pensando en períodos de sesiones futuros. Hay legislación que llevamos entre dos, tres, siete años con ella, y que creemos que este año podemos sacar adelante al fin. Y tenemos también cosas que nos gustaría y que son complicadas, pero que luchamos por ellas a ver si había suerte. Este año esa ley era legislación para que Connecticut creara una public option, un seguro médico público sin ánimo de lucro que compitiera con las aseguradoras privadas. Mira lo apropiado que resultaría antes de una pandemia.
El problema que tenemos en Connecticut es común a los legislativos de todo el país (menos en Wyoming, supongo), y aparte de chafarle seis meses a activistas y gente de mal vivir, este parón legislativo tiene consecuencias importantes.
En Estados Unidos, los estados tienen la obligación de equilibrar sus presupuestos cada año. Nada de pasarse un poquito de frenada y tener un poquito de déficit o de endeudarse en años de recesión; si los ingresos caen por debajo de los gastos los legisladores deben, por imperativo constitucional, o bien aprobar recortes o subir impuestos, sí o sí.
Siendo esto Estados Unidos, eso quiere decir recortes casi siempre, obviamente.
La pandemia de coronavirus ha hecho que la economía del país haya frenado en seco, y eso va a provocar, más pronto que tarde, enormes caídas de recaudación en todos los estados del país. En los sitios donde tienen gobernantes más o menos responsables, los estados tienen rainy day funds (literalmente, fondos para días de lluvia), cuentas donde acumulan las reservas de años de bonanza. Connecticut, en un ataque de potra (literalmente: la ley que regula el fondo de reserva tiene un error de redacción que nos obliga a ahorrar más de lo que estaba previsto) tiene una cantidad considerable ahorrada, pero es un caso un tanto inusual. La mayoría de gobernadores estos días están mirando su cuenta corriente aterrorizados de los hachazos que deberán meter en sus presupuestos en un año electoral.
Al menos, hasta que intervino el congreso.
El plan de estímulo fiscal / rescate / oh-dios-mío-vamos-a-morir-todos aprobado la semana pasada incluye, dentro de su enorme enormidad de dos billones de dólares, casi 340.000 millones en ayudas directas a estados, ciudades, distritos escolares, universidades, y otros entes de gobierno local y estatal. La ayuda no es incondicional (tiene que ir dirigida a gastos relacionados con la pandemia), pero supondrá un alivio tremendo para estos gobiernos, evitando que hagan recortes.
Esa es la teoría. La realidad es que, haciendo números rápidos, dudo mucho que los 150.000 millones aprobados alcancen remotamente para cubrir el agujero que vamos a ver estos días en las cuentas de muchos estados. Incluso en Connecticut (20.000 millones de presupuesto, 2.500 en reservas, y 1.380 en ayudas) creo que eso no será suficiente. Si la crisis se alarga y la recuperación económica no es inmediata (cosa probable, viendo como está el patio), muchos estados se encontrarán el año que viene con un agujero aún mayor y sin fondos de Washington, a no ser que el congreso decida aprobar otro estímulo gigante.
Aun con estas dudas, vale la pena mencionar que las cuentas estatales van a sufrir menos este año que en el 2009 durante la gran recesión. El plan de estímulo del congreso entonces fue mucho más pequeño (750.000 millones) e incluía mucho menos dinero para gobiernos estatales y locales (165.000 millones). Con Obama en la presidencia, la minoría republicana del senado bloqueó nada más grande.
Es la eterna, ya clásica asimetría de la política americana: en situaciones de crisis, cuando los republicanos controlan la presidencia los demócratas colaboran; cuando hay un presidente demócrata, los republicanos bloquean. La polarización, como he comentado alguna vez, no es asimétrica – hay un partido que está dispuesto a cooperar cuando hace falta y otro que no.
Cosa que lleva, claro está, a qué sucede si en noviembre gana Joe Biden (posible) y los republicanos tienen una minoría de bloqueo en el senado (probable). ¿Habría un segundo estímulo entonces? ¿O se quedarán los estados solos? Veremos.
Bolas extra: