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Agenda feminista y opinión pública en España

5 Mar, 2019 - , y - @bpberta,

Cuando el 8 de marzo del año pasado el movimiento feminista salió a la calle de forma masiva, pocos se imaginaron que el debate sobre la situación de la mujer iba a acabar estructurando gran parte del conflicto político del último año. La movilización del 8 de marzo puso muchas de las demandas del movimiento en el centro del debate. Esta dinámica se acentuó con la aparición de una oposición a las demandas del feminismo claramente visualizada con la llegada de VOX a los medios y las instituciones, y el giro del PP de Casado en el debate del aborto. Pero, más allá de los líderes, ¿qué piensa la población española de estos debates? ¿Es el feminismo un tema que divida a la población española?

Para analizar como la opinión pública se sitúa ante este nuevo eje de conflicto analizamos aquí algunas actitudes de reconocimiento a la discriminación y de apoyo a políticas concretas. Aunque el movimiento feminista se caracteriza por un importante grado de heterogeneidad interna, podemos considerar característico del feminismo el reconocimiento de la discriminación (“La vida de los hombres es más fácil que la de las mujeres”), el apoyo a algunas soluciones para reducirla (“Las comisiones y organismos que toman decisiones deben tener una presencia paritaria de hombres y mujeres”, “La violencia de género debe ser reconocida como un agravante penal para proteger a las mujeres del abuso de sus parejas”), y la identificación de algunos riesgos por venir (“La gestación subrogada es una forma de utilización del cuerpo de la mujer y no debe permitirse”). En el otro lado se encontrarían posiciones que niegan la discriminación contra las mujeres (“La vida de las mujeres es más fácil que la de los hombres”), rechazan las políticas contra esta discriminación (“Las comisiones y organismos que toman decisiones deben tener una composición basada únicamente en el mérito”, “El reconocimiento de la violencia de género como un agravante penal perjudica de manera injusta a los hombres”) y frente a riesgos para la mujer perciben oportunidades (“La gestación subrogada es una opción para que las parejas estériles puedan tener hijos y debe permitirse”). En una encuesta a la población española realizada el grupo de investigación DEC el pasado mes de octubre hemos medido el grado de acuerdo con estas afirmaciones.  Primero se pedía a los encuestados que escogieran qué afirmación los representaban mejor, y después que dijeran en qué medida (poco, bastante o mucho) estaban de acuerdo con la frase elegida. Con las dos preguntas se pueden crear escalas de 6 puntos cuyas frecuencias se reflejan en la figura 1.

Los encuestados están bastante de acuerdo en que las mujeres tienen más dificultades en la vida que los hombres (83%), un 61% además lo cree con firmeza (mucho o bastante). Se percibe por tanto que el mundo discrimina a las mujeres. También tienen una posición claramente a favor de considerar la violencia de género como un agravante penal (81%). Este apoyo no es solo generalizado, sino también entusiasta: casi el 40% de la población está muy de acuerdo con que se trata de una medida que protege a las mujeres y solo un 18% considera que se trata de una medida que “perjudica injustamente a los hombres”. Este es el espacio que ocuparía VOX, cuyo discurso contra la LOVG todavía no había aparecido en los medios en el momento de la realización del campo de esta encuesta.
Con respecto a las cuotas y la gestación subrogada, en cambio, el apoyo a las posiciones defendidas desde el movimiento feminista es menos claro. En el caso de la gestación subrogada, considerada un riesgo por gran parte del movimiento, el apoyo a la política supera de forma clara a la oposición (61 vs. 31%). Por su lado, las cuotas como mecanismo para luchar contra las desigualdades, tienen el apoyo del 44% de los encuestados, pero la oposición del 56% restante. En resumen, las actitudes de las personas encuestadas se alinean con las posiciones feministas en lo que se refiere a la realidad de la discriminación y la violencia de género, pero están más divididas en las cuotas y en la gestación subrogada.

No todos estos temas han tenido la misma visibilidad mediática, ni generan el mismo grado de acuerdo entre partidos. La violencia de género es un tema por desgracia mucho más presente en los medios que las cuotas o la gestación subrogada, y su reconocimiento como agravante, con distinto grado de entusiasmo, ha sido apoyado por todos los partidos políticos (ahora con la única excepción de VOX). En el caso de las cuotas o la gestación subrogada la visibilidad es menor y las posiciones de los partidos son también más heterogéneas y menos claras.

Estas diferencias en el grado de visibilidad y de conflicto político en torno a las diferentes políticas podrían explicar que la ideología y el apoyo partidista condicionen las posiciones sobre estas cuestiones más en unos temas que en otros. Ideología e identificación con un partido son elementos fundamentales para explicar las posiciones en todo tipo de políticas, y esperaríamos que también lo fueran aquí.

En la figura 2 se refleja cómo diferentes características sociopolíticas condicionan las posiciones sobre estas cuestiones. La ideología tiene el efecto esperado especialmente para los temas sobre los que hay más consenso y visibilidad (discriminación y violencia de género): cuanto más a la izquierda se sitúa una persona, más probable es que considere que los hombres tienen una vida más fácil y que el agravante de violencia de género es necesario para proteger a las mujeres. En cambio, la ideología no condiciona las posiciones sobre las cuotas o la gestación subrogada. Aunque el apoyo a la paridad es superior entre los que se sitúan en la izquierda del espectro, las diferencias no son significativas ni lineales. De hecho, el rechazo más grande al principio de paridad se da entre el centro-derecha, no en las posiciones más extremas de la derecha.

Sí encontramos en la figura 2 algunas indicaciones de que el discurso de los partidos podría dar señales a los ciudadanos sobre estos debates. Por ejemplo, los que se identifican con PSOE y Podemos apoyan más los criterios paritarios que los que se identifican con PP y Ciudadanos. Los votantes de Podemos/IU son los más partidarios de prohibir la gestación subrogada, y los de Ciudadanos los que menos, en línea con las posiciones que han liderado sus partidos. Sin embargo, también se aprecia que las posiciones de los votantes del PP y de Podemos sobre discriminación, violencia de género y gestación subrogada apenas se diferencian, una vez hemos controlado por las características sociodemográficas. Por ejemplo, los votantes del PSOE no parecen estar tan claramente en contra de la gestación subrogada ni decididamente a favor del agravante de la ley de violencia como su partido. De nuevo las cosas pueden haber cambiado recientemente en la medida en que en los últimos meses la visibilidad de estas cuestiones y la toma de posiciones puede haber modificado algunas posiciones.

En términos socioeconómicos, las mujeres tienden a tener posiciones más favorables a los postulados feministas en todos los conflictos menos en el de la gestación subrogada, donde los hombres son ligeramente más contrarios que las mujeres. Las personas de mayor edad tienden a ser más conscientes de la discriminación de las mujeres, pero no son más favorables a corregirlas a través de la paridad, y el mayor rechazo a la maternidad subrogada se encuentra entre los menores de 24 años. El nivel educativo, por su lado, solo parece marcar las preferencias sobre las cuotas y en una dirección algo sorprendente, a mayor nivel de estudios, menor el apoyo a las cuotas. En general no parece en absoluto que las posiciones feministas sean propias de una minoría intelectual como a veces se afirma.

En resumen, algunas de las posiciones y debates presentados por el feminismo cuentan con un apoyo mayoritario entre la población española, pero existen aún reticencias importantes en relación con algunas políticas concretas. Aunque hay conciencia de la discriminación, solo cuando esta alcanza el grado máximo en forma de violencia parece haber un cierto consenso en la necesidad de tomar medidas. En aspectos menos dramáticos, pero igualmente importantes como las cuotas, parece haber más dificultades. En la opinión pública parece resonar más el supuesto “coste” de estas medidas (en términos de mérito, o de libertad) que su capacidad para corregir una situación de desigualdad manifiesta, de momento. Es muy posible que las preferencias de la ciudadanía vayan cambiando conforme el conflicto en torno a este eje gane visibilidad, claridad y relevancia para el electorado.

Nota: Financiado por: FEDER/Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – Agencia Estatal de Investigación / Proyecto CSO2017-83086-R